Un giro inesperado surge ahora en la trama que sustenta la Operación Jericó, operativo que desmanteló a un grupo criminal dedicado al tráfico internacional de drogas y al blanqueo de capitales en agosto pasado.
Jonathan José Parra Peña, actor clave de este caso, intentó revocar el acuerdo de pena que alcanzó con las autoridades judiciales. Este pacto es una pieza fundamental de la Fiscalía de Drogas, pues a través de él se probó que los $89,985 que le entregó a Abraham Rico Pineda en efectivo eran producto del blanqueo de capitales.
Rico Pineda, hijo del diputado perredista Raúl Pineda, le entregó el dinero a Parra en una bolsa reutilizable el pasado 20 de mayo, en la sede de Servicios Múltiples Rama SA, ubicada en Betania. La idea era que entregara esa suma a José Pablo Morales, alias Pablo, por encargo del diputado.
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Sin embargo, Parra, también colombiano, fue capturado en la vía Transístmica, frente a Raenco. El dinero fue sometido a una prueba de ion scan para determinar la presencia de sustancias ilícitas y dio positivo. A raíz de esto, Parra confesó a la fiscalía que, en efecto, los casi $90,000 provenían del blanqueo de capitales.
En consecuencia, fue condenado a 48 meses de prisión por el delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, pena que fue reemplazada por 200 días-multa a razón de $10 por día.
El acuerdo se pactó el 22 de mayo pasado, pero ahora Parra, junto a Claudia Lorena Henao Cardona, otra de las mencionadas en la investigación, presentó un amparo de garantías constitucionales a través del abogado Ricardo Enrique Rentería Vanegas, alegando que se les violaron sus derechos, entre otras cosas.
Tribunal no concede recurso
Sin embargo, el Primer Tribunal de Justicia negó el recurso argumentando que se intentó utilizar la vía del amparo de garantías para que el tribunal actuara como una instancia adicional que revisara el contexto del proceso penal seguido en su contra.
En el fallo, firmado por las magistradas Ana Cecilia Castro Ureña, Velkis Batista (ambas suplentes especiales) y Yarisel Franco, también se advierte que han pasado más de cuatro meses desde que la sentencia quedó ejecutoriada, por lo que la solicitud no cumple con los requisitos de gravedad e inminencia de daño necesarios para revocar el acto impugnado.
Caso de Pineda en la Corte
Parra Peña intentó revocar el acuerdo pactado con las autoridades judiciales en momentos en que el caso podría alcanzar al diputado Pineda. El pasado 7 de noviembre, la Fiscalía Primera de Drogas remitió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) las sumarias en las que presuntamente se vincula al político del Partido Revolucionario Democrático.
Entre las evidencias se encuentran una serie de interceptaciones telefónicas hechas a Abraham Rico Pineda, en las que se narran todos los detalles de los mecanismos para, supuestamente, blanquear dinero, incluyendo el episodio de Parra.
Las pruebas de la fiscalía también incluyen un elemento adicional: dinero, presuntamente proveniente de actividades ilícitas, habría llegado a la campaña política para la reelección de Pineda en las elecciones del 5 de mayo. Fuentes vinculadas a la investigación detallaron a La Prensa que los fondos se usaron para movilizar personas en áreas con baja participación de simpatizantes, donde se requeriría una mayor movilización de electores.
En un fallo fechado el 11 de julio pasado, el pleno de la Corte −con ponencia del magistrado Olmedo Arrocha− demostró que el Ministerio Público (MP) no aportó una relación precisa y clara de los hechos investigados que sugirieron la posible participación del diputado en la presunta comisión de un delito. En esa ocasión, la Corte instó a la fiscalía a aportar más elementos que posiblemente vincularan a Pineda con la Operación Jericó.
