En dos notas fechadas el pasado 6 de mayo y dirigidas al juez federal del Distrito Este de Nueva York, Raymond J. Dearie, la fiscal asistente de distrito, Alixandra Smith, el fiscal del litigio en representación de la Sección de Fraude de la División Criminal del Departamento de Justicia, Michael Culhane Harper, y el fiscal de litigio de la Sección de Recuperación Criminal del Departamento de Justicia, Michael Redmann, presentaron su oposición a los memorandos de solicitud de clemencia de los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares.
La estructura de las notas es esencialmente la misma, con la diferencia de que la que responde al memorando de Luis Enrique Martinelli Linares tiene 19 páginas, y la que responde al de su hermano Ricardo Alberto tiene 17 páginas. La variación corresponde a la respuesta que le dan los fiscales a los argumentos presentados por cada uno de los dos hermanos.
La presentación de los fiscales
Ambas notas empiezan recordando que cada uno de los hermanos Martinelli Linares se declaró culpable en diciembre pasado de un delito de conspiración para blanquear dinero proveniente de un soborno pagado a un “entonces alto funcionario del gobierno de Panamá que también es un familiar cercano”. Las notas detallan cómo los hermanos no solo blanquearon estos fondos sino que también se aprovecharon de las millonarias coimas para su beneficio personal con compras de lujosos bienes.
Los fiscales le explican al juez Dearie que la supuesta cooperación de los hermanos Martinelli Linares entre los años 2018 y 2020 fue una “fachada”, ya que aunque estuvieron cerca de concluir los acuerdos de pena la información no incluía el reconocimiento de toda su responsabilidad en esta materia.
Sobre Luis Enrique Martinelli Linares los fiscales lo califican de “… privilegiado, políticamente conectado y calculador…”, tanto al momento de efectuar su conducta criminal como en la planificación y ejecución de su intento de evadirse de la justicia.
La coima de Odebrecht
Estos casos contra los hermanos surgieron del escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, que, según los fiscales estadounidenses, pagó entre los años 2001 al 2016, 788 millones en coimas a gobernantes y partidos políticos de múltiples países. De acuerdo con las notas, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares “… sirvieron como firmantes de la cuenta bancaria suiza de la empresa …” que recibió y distribuyó los fondos provenientes de los sobornos. El total de los fondos manejados por esta cuenta bancaria fueron aproximadamente 28 millones de dólares, de los cuales un aproximado de 18 millones se movieron a través de bancos estadounidenses.
Las notas explican que cuando los banqueros suizos empezaron a presionar a los hermanos Martinelli Linares para que justificaran las transacciones, ellos le pidieron ayuda al jefe de Odebrecht en Panamá para destrabar la situación en Suiza, con lo cual Odebrecht produjo documentos de transacciones que no convencieron a los suizos, quienes terminan cerrando las cuentas.
Los fiscales afirman que los Martinelli Linares trabajaron con Odebrecht para evitar al sistema financiero de Estados Unidos haciendo los pagos de los sobornos en cuentas denominadas en euros, con nuevos intermediarios en favor del funcionario del gobierno de Panamá, resultando en sobornos adicionales por un total de de unos 30 millones de dólares … “cantidad que no es el objetivo de los casos de Nueva York”, ya que se trata de sobornos recibidos en euros pagados en los bancos de Europa.
La reseña de los casos incluye la explicación de que una vez electo “el funcionario del gobierno de Panamá” en 2009 los hermanos Martinelli Linares se reunieron con el jefe de Odebrecht en Panamá para ofrecerle sus servicios de lobistas para promover el pago rápido y la obtención de nuevos contratos, tal como lo ha reportado La Prensa. Los Martinelli Linares en su solicitud de clemencia dicen que no sabían que esa práctica era ilegal.
Entre los beneficios personales que los fiscales afirman obtuvieron los Martinelli Linares se incluye la compra de una empresa de servicios de sistemas de telefonía celular por 9.5 millones de dólares. Otros gastos atribuidos a Luis Enrique, incluyen la compra de un yate por 1.7 millones de dólares, y un condominio en Miami por 1.3 millones de dólares. A la vez que Ricardo Alberto usó estos fondos para pagar cientos de miles de dólares de sus gastos cubiertos con la tarjeta American Express. Los fiscales se manifiestan ofendidos porque la fianza de un millón de dólares que se le impuso a los hermanos Martinelli Linares en 2018 por la infracción de la estadía ilegal en Estados Unidos también se pagó con estos fondos mal habidos.
La evidencia del Departamento de Justicia
De acuerdo con las notas de los fiscales, las evidencias que sustentan las acusaciones contra los hermanos Martinelli Linares, incluyen:
1. Los registros bancarios extranjeros que demuestran la recepción, transferencia, distribución y uso de los sobornos pagados por Odebrecht en beneficio del “alto funcionario el gobierno de Panamá”.
2. Registros bancarios estadounidenses que demuestran la entrada de esos fondos a ese país y los esfuerzos por esconder su origen.
3. Registros de los pagos que fueron realizados con estos fondos en los Estados Unidos, lo que demuestra el aprovechamiento de los sobornos por parte de los acusados.
4. Archivos de correos electrónicos y otros documentos de Odebrecht que demuestran la planificación y realización de los delitos.
5. Declaración testimonial de ejecutivos de Odebrecht, entre otros participantes del esquema de corrupción.
6. Un voluminoso archivo de los registros secretos del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht incluyendo correos electrónicos, comunicaciones bancarias, instrucciones internas, y solicitudes de pagos de sobornos en favor del “funcionario de gobierno de Panamá”.
Todas estas evidencias conducen a una interpretación de que el blanqueo de capitales de la coima de Odebrecht fue un acto planificado y ejecutado sistemáticamente a los largo de 6 años desde 2009 hasta 2015 que implicó la participación de funcionarios del gobierno de Panamá que comprometieron los intereses del país para favorecer a los hermanos Martinelli Linares, y el “alto funcionario” que era también su pariente.
El gran escape fallido
Un tema reiterativo en la argumentación de las notas de los fiscales estadounidenses es el escape de los hermanos Martinelli Linares cuando estaban avanzadas las negociaciones de los acuerdos de pena por lo que entonces entendía el Departamento de Justicia había sido la participación de Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares con las coimas de Odebrecht.
El relato ya es conocido. Este diario publicó un reportaje con todos los detalles. En junio de 2020, Ricardo Alberto y Luis Enrique salieron clandestinamente junto a la esposa y los hijos de este último de los Estados Unidos hacia las Bahamas por vía marítima. De allí, un vuelo privado los traería a Panamá, pero no recibieron la autorización del Ministerio de Salud, entonces encabezado por Rosario Turner, para aterrizar en virtud de las restricciones de la pandemia por la covid 19. El avión debió aterrizar de emergencia en Costa Rica para recargar combustible, pero no pudieron salir de la aeronave en este país, posteriormente se dirigieron a El Salvador, país en el cual dicen los fiscales que el “funcionario del gobierno de Panamá” mantiene muchas influencias políticas. Desde este país, los hermanos parten solos en un Uber hacia la frontera de Guatemala, país al que entraron, según las notas, usando credenciales falsas del Parlamento Centroamericano. El 6 de julio de 2020 cuando los hermanos se preparaban para abordar un vuelo privado que los traería a Panamá, ya que ahora sí contaban con el beneplácito del Ministerio de Salud, dirigido por Francisco Sucre, fueron detenidos a petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Al menos durante su primer año de detención, los Martinelli Linares disfrutaron un apartamento en la base Mariscal Zavala, que según las notas de los fiscales federales, no era compatible con la usual vida dentro de las celdas de una cárcel. Este estilo de vida en la cárcel también fue reseñado por este medio y otros diarios de la región. Las notas registran el hecho de que un decorador de interiores viajó desde Miami para habilitar el apartamento “con muebles de Ikea”. Este profesional de la decoración de interiores es identificado como la persona que decoró el condominio de Miami, y la casa en Panamá del funcionario de gobierno pariente cercano de los hermanos Martinelli Linares.
Se detalla que luego de que las autoridades guatemaltecas recibieron la información de que los hermanos intentaban fugarse fueron cambiados a celdas más seguras dentro de la misma base militar. No se dice nada si la mudanza incluyó la decoración y los muebles.
La construcción de una condena
El hecho de que durante casi un año los hermanos estuvieron impugnando en Guatemala la solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos es parte de lo que los fiscales invocan como una de las razones para justificar una condena severa de prisión de 108 a 135 meses para cada uno de ellos.
Los fiscales explican que a favor de los hermanos hay dos situaciones: que se declararon culpables y que para efectos de la jurisdicción de Estados Unidos este es su primer delito. Sin embargo, en la lista de los factores en contra, se incluyen el escape frustrado a Guatemala, la falta de cooperación real en este caso, el hecho de que se hayan blanqueado más de 25 millones de dólares y el factor de que ambos se aprovecharon de los fondos provenientes de las coimas pagadas por Odebrecht.
Frente al requerimiento de los hermanos Martinelli Linares de que se les conceda una pena igual al tiempo que llevan detenidos sumando Guatemala y Estados Unidos, los fiscales presentan un argumento muy importante: el de la disuasión. En primer lugar, argumentaron que es necesario que haya disuasión particular hacia los hermanos Martinelli Linares para evitar que repitan estas conductas delictivas. El otro nivel de disuasión es el “general”, es decir, la necesidad de que la sociedad sepa que a personas con mucho poder político y económico se les castiga duramente por delitos que afectan a toda la sociedad. Los fiscales exhortan al juez Dearie para que no les haga ningún descuento a las condenas. Esto había sido pedido por ellos en su memorandos de clemencia. Los fiscales explican que el descuento por el tiempo cumplido en Guatemala y en Estados Unidos le compete al Bureau Federal de Prisiones, una entidad del propio Departamento de Justicia que administra las cárceles federales de Estados Unidos. En su razonamiento, los fiscales sostienen que si el juez Dearie hace un descuento, el Bureau de Prisiones tendría que hacer el suyo de todas formas, por lo que habría un doble descuento. Esta línea argumental va dirigida a incentivar al juez a que mantenga la sanción lo más alta posible.
Lo presentado en las notas de los fiscales federales es un claro señalamiento de que el delito cometido fue cuidadosamente planeado que requirió la colaboración de muchos actores en múltiples jurisdicciones y que conllevo el elemento de esconder el origen de los fondos y su beneficiario final. Los fiscales sostienen que los dos hermanos sabían lo que hacían y que aprovecharon los beneficios de esta actividad para obtener bienes lujosos y un estilo de vida propio de una élite cosmopolita a partir de actos de corrupción cuidadosamente pensados y ejecutados durante seis años.
El mensaje de las notas de los fiscales se puede condensar en una sola afirmación: “es claro que los acusados, sus familiares, y el funcionario del gobierno de Panamá, todos se beneficiaron del esquema ilegal a costa de la gente de Panamá”.
El próximo 20 de mayo, el juez Raymond Dearie deberá enviar un mensaje con sus condenas, ya sea que los fiscales tenían razón de que el crimen no paga, o que los hermanos Martinelli Linares merecen la benevolencia que no tuvieron hacia los panameños cuando pidieron y recibieron sobornos que fueron blanqueados para proteger a “un familiar cercano” suyo.
