El examen de barra, requisito indispensable para obtener la idoneidad y ejercer la abogacía en Panamá, se ha convertido en el centro de un intenso debate tras la aprobación, en tercer debate, el pasado 29 de julio, del proyecto de ley No. 168 por parte de la Asamblea Nacional, el cual busca eliminar la obligatoriedad de esta prueba que evalúa los conocimientos prácticos y éticos de los abogados.
Actualmente, los graduados en derecho deben completar un programa de formación inicial en el Instituto Superior de la Judicatura del Órgano Judicial —conocido como la Escuela Judicial— y, posteriormente, presentar el examen final o de barra, que certifica su capacidad para ejercer la profesión y permite que la Corte Suprema de Justicia les otorgue su idoneidad. En caso de reprobar, tienen la oportunidad de hacerlo en dos ocasiones más.
Mediante el acuerdo No. 684 del 23 de marzo de 2023, publicado en la Gaceta Oficial al día siguiente, el Órgano Judicial estableció un programa estructurado con un temario específico para el examen, con el objetivo de asegurar una formación integral y rigurosa que permita evaluar los conocimientos prácticos y éticos esenciales para el ejercicio profesional. Posteriormente, en octubre de 2023, mediante el acuerdo No. 1648, se subrogó el primer acuerdo para establecer nuevos parámetros y temarios.
Resultados del examen
En 2023, durante la primera aplicación del programa, solo 9 de los 150 estudiantes que completaron el curso fueron calificados como aptos para ejercer la abogacía. Esta baja tasa de aprobación generó preocupaciones en sectores académicos y profesionales, que cuestionaron la efectividad del programa y alimentaron el debate sobre el rigor del examen y su pertinencia en el sistema legal panameño.
Contrariamente, los datos más recientes del Instituto Superior de la Judicatura muestran que, en 2024, un total de 1,954 graduados de derecho participaron en el examen de barra. De ellos, 1,774 aprobaron, lo que representa una tasa de aprobación del 90.8%, mientras que 180 no superaron la prueba.
Esta importante diferencia entre las cifras de 2023 y 2024 ha generado diversas interpretaciones. Expertos señalan que el programa inicial permitió ajustes para mejorar la formación y evaluación, lo que se reflejó en el aumento sustancial de aprobados en 2024.
Las cifras oficiales también revelan un panorama detallado por universidades. La casa de estudios con mayor número de inscritos fue la Universidad de Panamá (UP), con 635 participantes y 571 aprobados; seguida por la Universidad ISAE, que reportó 478 estudiantes y 432 aprobados; y la Universidad Latina de Panamá (ULAT), con 177 inscritos y 167 aprobados.
Otras universidades que destacaron en el proceso fueron la Universidad Santa María La Antigua (USMA), con 151 inscritos y 134 aprobados; la Universidad del Istmo (UDI), con 122 participantes y 110 aprobados; y la Universidad Interamericana de Panamá (UIP), que registró 121 inscritos y logró 115 aprobados.
En general, la mayoría de las universidades alcanzaron tasas de aprobación superiores al 85%. Por ejemplo, la UIP tuvo un 95% de aprobación, mientras que la Universidad Metropolitana y la Universidad Autónoma de Chiriquí superaron el 90%. Incluso universidades con menor número de participantes, como la Universidad Americana, la Universidad de Hosanna y Columbus University, reportaron resultados positivos, aunque con menor volumen de estudiantes.
Este panorama evidencia el esfuerzo de las casas de estudio y estudiantes por cumplir con los estándares exigidos por el Instituto Superior de la Judicatura, entidad responsable de administrar este examen clave para el ejercicio profesional en Panamá.
Según datos oficiales del Órgano Judicial de Panamá, hasta el año 2025 hay al menos 25,000 abogados en el país.
No obstante, el proyecto de ley No. 168, que busca eliminar la obligatoriedad del examen, ha generado opiniones divididas en el sector jurídico. Sus defensores argumentan que la prueba representa una barrera burocrática que dificulta la incorporación de nuevos profesionales a la abogacía y cuestionan si realmente mide las competencias prácticas y éticas necesarias para el ejercicio profesional.
Por su parte, expertos y académicos advierten que eliminar la obligatoriedad del examen podría debilitar la calidad de la formación jurídica y poner en riesgo la confianza pública en la profesión y en el sistema judicial panameño.
La alta tasa de aprobación del 90.8% en 2024 se interpreta de distintas maneras: para algunos, es señal de que los futuros abogados están mejor preparados; para otros, podría indicar un examen menos riguroso, lo que alimenta la controversia.
En este contexto, el Instituto Superior de la Judicatura trabaja para mantener un equilibrio entre la exigencia académica y la accesibilidad, buscando mejorar continuamente el programa de formación y el temario del examen para garantizar que quienes ingresen a la profesión cumplan con los estándares necesarios.
La decisión final depende del Presidente
Mientras el proyecto de ley No. 168 sigue su trámite correspondiente, la decisión final recae en el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien ha señalado que aún no ha tomado una postura definitiva sobre la sanción o veto de la iniciativa.
“En principio, no conozco esa ley aprobada en tercer debate. Lo voy a evaluar con mucha calma aquí en Presidencia para decidir si se sanciona, se veta total o parcialmente, lo que corresponda tras un análisis con asesores legales”, afirmó el mandatario.
La propuesta contempla alternativas para obtener la idoneidad, tales como la realización de una tesis o prácticas profesionales en el sector público o privado, en lugar de presentar el examen de barra.
Sin embargo, Mulino expresó preocupación por la calidad de la formación jurídica en el país, criticando la proliferación de centros educativos sin estándares adecuados y poniendo en duda el nivel de preparación de algunos nuevos profesionales.
“Ejercer el derecho con títulos de universidades ‘de garaje’ ha sido un relajo y es una verdadera lástima”, afirmó el mandatario, en un llamado a fortalecer la calidad educativa y proteger la credibilidad de la profesión.
Con la nueva ley, la Corte Suprema de Justicia solo podrá otorgar el certificado de idoneidad a quienes cumplan con requisitos académicos y prácticos, sin la necesidad de un examen adicional.
Este debate se enmarca en un contexto más amplio sobre la calidad de la educación superior en Panamá, la regulación profesional y la necesidad de garantizar que quienes ejercen la abogacía cuenten con las competencias necesarias para defender los derechos de los ciudadanos y garantizar un sistema judicial justo y confiable.
