La Fiscalía Metropolitana admitió una querella penal por presunta estafa agravada y otros delitos contra el exministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, su hermano Marcus Sabonge y la hermana del exministro consejero José Alejandro Rojas Pardini.
La querella, admitida el 7 de mayo pasado, fue presentada por una pareja de adultos mayores que por cuatro años hizo pagos para adquirir una vivienda en un proyecto residencial en Las Lajas, Chame, impulsado por Casacampo Investment Corp., la empresa inmobiliaria en la que ambos exministros son -según admitió Sabonge- “socios”.
Sabonge le dijo a La Prensa que no ha sido notificado y que se trata de un conflicto de índole “civil” derivado de un embargo bancario, lo que -según dijo- ha impedido que se completen las escrituras de algunas propiedades, aunque aseguró que la viviendas ya fueron entregadas.
“Las personas viven en sus casas”, aseguró.
Otro factor que incrementa la demora en la entrega de los títulos es la situación financiera del sector inmobiliario, marcado por “bajas ventas e intereses que han seguido corriendo”.
“Creo que el sector en general está en una situación compleja y nosotros estamos en conversaciones con los bancos para poder resolver”, remarcó Sabonge. En estas conversaciones participa también su socio, el exministro Rojas Pardini.
Rojas Pardini sostuvo, al igual que su socio, que el caso es “de índole estrictamente comercial y privado”, y que no guarda relación con su gestión pública.
Sobre el rol de su hermana en la empresa, afirmó que “no es ni ha sido accionista de la compañía”. Agregó que su participación en la junta directiva fue “únicamente en calidad de directora nominal, por lo que no está vinculada directamente a los actos comerciales ni contractuales de la empresa”.
También se refirió directamente a los querellantes: “recibieron el inmueble y viven en la casa desde diciembre de 2019”, aunque reconoció que no ha sido posible formalizar la titularidad debido a “complicaciones surgidas durante la pandemia” y al problema financiero que esta generó.
Los querellantes
Entre los querellados, además de los Sabonge y de María Rojas Pardini Santacoloma, está también Ixora Pérez, quien ocupó un cargo directivos en la sociedad inmobiliaria.
Germán Cruz y Diana Bernal de Cruz sostienen que realizaron pagos para adquirir la vivienda, pero nunca recibieron el título de propiedad. Ya han transcurrido más de cinco años desde el abono inicial. Por eso alegan haber sido víctimas de un esquema fraudulento orquestado por la inmobiliaria y solicitan una indemnización provisional de $300,000 en concepto de daños y perjuicios.
En la querella presentada, la pareja contó que, luego de iniciar los pagos para adquirir la vivienda, se enteraron que la agencia de seguridad contratada para cuidar el proyecto en Las Lajas solicitó el embargo de varias fincas por una deuda de $97,747, atribuida a presuntos incumplimientos de Casacampo Investment Corp., entre agosto de 2020 y septiembre de 2022.
Además de estafa agravada, los Cruz sostienen que han sido víctimas de maltrato al adulto mayor y violaciones al orden jurídico familiar.
El fiscal adjunto de la Sección de Atención Primaria, Guillermo Vargas, recomendó que esta modalidad de maltrato y las violaciones al régimen familiar sean investigadas por la jurisdicción especializada de familia.
El fiscal Vargas ordenó la notificación formal a todos los implicados y dar inicio a la investigación preliminar.
Embargo millonario
De forma paralela a esta investigación penal, el 9 de octubre de 2024, el Juzgado Quinto de Circuito Civil ordenó el embargo de al menos 44 fincas a nombre de Casacampo Investment Corp. y Desarrollo Convivienda, S.A. por una deuda de hasta $9.7 millones con Multibank Inc.
En ambas sociedades han desempeñado roles directivos los exministros Sabonge y Rojas Pardini, quienes enfrentan otros procesos por presuntos incumplimientos financieros y quejas reiteradas de clientes, relacionadas con vicios ocultos en las construcciones y cláusulas abusivas en los contratos.
Un informe de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), de julio de 2022, documenta más de 50 quejas contra otras tres sociedades vinculadas a los exministros: Urbe Promoción y Desarrollo, Vistas del Rocío e Inversiones El Rocío. Las denuncias se centran en condiciones contractuales lesivas para los compradores y defectos estructurales en las propiedades entregadas.
¿Promesas incumplidas?
Una investigación publicada por La Prensa en enero de 2023 reveló que varios compradores del proyecto Casacampo habían denunciado cláusulas abusivas ante Acodeco, e incluso uno de estos reclamos fue trasladado a la vía penal.
Algunos de estos clientes realizaron sus pagos iniciales en 2015, bajo la promesa de que el proyecto se entregaría en un plazo de 18 meses. No obstante, una década después, la mayoría aún no ha recibido sus viviendas.
Un recorrido que, hace dos años, realizó La Prensa por el proyecto reveló un panorama casi fantasmal: calles oscuras sin luminarias, maleza invadiendo lotes vacíos, casas sin ocupar, techos exteriores desprendidos, zonas comunes sin concluir y una oficina de ventas completamente abandonada.
En otros desarrollos inmobiliarios impulsados por estas mismas figuras políticas, también se han presentado quejas por acabados de lujo prometidos que se convirtieron en pisos defectuosos y azulejos sueltos, así como retrasos prolongados en las entregas de los inmuebles.
Sabonge defendió sus proyectos inmobiliarios y calificó de “morbo” la atención a los procesos que se han emprendido en su contra en los tribunales.
“Esto no tiene nada que ver con mis cargos públicos. Es un tema privado y civil”, y aseguró que “todos los proyectos han sido culminados, tienen permisos de ocupación y han sido entregados conforme a lo pactado”
