La Fiscalía Anticorrupción solicitó una pena condenatoria ejemplar para 25 de los imputados por el delito de peculado en perjuicio del Programa de Ayuda Nacional (PAN), a través de la compra de bolsas de granos que debían distribuirse en las escuelas públicas de todo el país.
Durante su alegato ante el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, la fiscal anticorrupción Ada Almanza sostuvo que, en este caso, funcionarios del PAN, proveedores y fiscalizadores de la Contraloría General de la República participaron en la creación de una estructura para obtener beneficios de las contrataciones de esa entidad. Esto les permitió adjudicarse contratos para el suministro de granos (lentejas, frijoles y porotos) y su posterior distribución en las escuelas públicas.
Entre los proveedores para quienes se solicitó una sentencia condenatoria se encuentran Pablo Ruiz Obregón (quien purga una condena por peculado en la venta de llantas a través del PAN), Enrique Brin, Diego Augusto Dolande, Aldo Mangravita, Félix Fernández, Manuel Ríos, Desiree Aranda González y Jahir Jiménez.
La fiscalía también solicitó una sentencia condenatoria para el exjefe de contratos del PAN, Abraham Williams, quien trabajó de la mano con el exdirector de esa entidad, Rafael Guardia Jaén. Según la fiscalía, Guardia Jaén era la persona que daba las órdenes para la asignación de los contratos. Asimismo, se pidió condena para el exministro Frank De Lima.
Guardia Jaén, quien alcanzó un acuerdo de pena con la fiscalía, aseguró en una de sus declaraciones que recibía instrucciones directas de Adolfo de Obarrio (prófugo) sobre a quién asignar los contratos para el suministro de granos.
También afirmó que el 10% de la ganancia que obtenía por el manejo de los contratos lo compartía con Abraham Williams y que, para ello, crearon la sociedad Lora, S. A.
Además, declaró que Mario Martinelli, hermano del expresidente Ricardo Martinelli, suministraba arroz al PAN a través del proveedor Hialing Corporation, sociedad en la que Pablo Ruiz Obregón era representante legal.
Otro de los elementos utilizados por la fiscalía para solicitar una sentencia condenatoria es la auditoría de la Contraloría General de la República, la cual certificó la existencia de una lesión patrimonial de 2.3 millones de dólares en el programa de granos administrado a través del PAN.
La fiscalía también solicitó a la jueza Águeda Rentería la confiscación de las fincas de aquellos imputados que sean declarados culpables y que las adquirieron con fondos obtenidos de manera ilícita.
En sus alegatos, la fiscalía pidió un veredicto absolutorio para 19 de los imputados, al considerar que en la investigación no se obtuvieron evidencias suficientes para solicitar una condena. Entre estos se encuentran los exministros Guillermo Ferrufino y Roberto Milton Cohen Enríquez.
Este viernes 21 marzo será el turno de los abogados defensores para presentar sus alegatos. La mayoría de ellos coinciden en que el Ministerio Público no ha podido probar la comisión de conductas delictivas por parte de los imputados.
Los abogados explicaron que, durante el juicio, comparecieron las auditoras de la Contraloría que elaboraron el informe de auditoría utilizado para solicitar el llamamiento a juicio de los 45 implicados en este caso y que, bajo juramento, declararon que no se pudo establecer una actividad dolosa.
Durante el juicio, el empresario Mario Martinelli alcanzó un acuerdo de pena de 40 meses de prisión y el pago de 2.3 millones de dólares.
Este viernes continuará la presentación de los alegatos por parte de la defensa.
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