La Fiscalía Anticorrupción solicitó un veredicto condenatorio para Ana Lorena Chang, exjefa de Salud Pública de la Región Metropolitana del Ministerio de Salud (Minsa); su esposo, Leonardo Labrador, exjefe de Epidemiología del Minsa; y Carmen Arosemena, tecnóloga médica, por la presunta comisión de los delitos contra la salud pública, corrupción y uso de información privilegiada.
Durante el juicio, que se desarrolla desde el pasado 10 de marzo, la fiscal anticorrupción de circuito Elizabeth Malek pidió al tribunal emitir una sentencia condenatoria contra los tres acusados, al considerar que se probó su vinculación con los hechos investigados.
En la fase de alegatos, iniciada la mañana de este martes 1 de abril, la fiscalía señaló que Labrador habría utilizado información privilegiada para promover la instalación de puestos de hisopado en islas del Pacífico a través de la empresa Sermedic Panamá.
En su caso, la fiscalía solicitó una condena por los delitos contra la salud pública, corrupción y uso de información privilegiada. Mientras tanto, para Chang y Arosemena, la petición se limitó al delito contra la salud pública.
Durante el juicio, la fiscalía presentó testigos que declararon haber sostenido conversaciones con Labrador sobre la instalación de un puesto de hisopado para viajeros con destino a las islas del Pacífico. Una de ellas, Zulay Sánchez Acosta, quien en ese momento era jefa de logística y turismo en una empresa de viajes a la isla de Taboga, relató que en 2021, en plena pandemia, su jefe la puso en contacto con Labrador para coordinar la realización de pruebas de hisopado. Según su testimonio, Labrador le solicitó un espacio para que Sermedic Panamá pudiera realizar los exámenes a los viajeros.
La investigación se inició el 19 de agosto de 2021 tras denuncias sobre el cobro de pruebas de hisopado a viajeros con destino a Taboga y Contadora por parte de una empresa.
Por su parte, la defensa de los acusados argumentó que la fiscalía no logró probar la comisión de ningún delito y que algunos testigos incurrieron en contradicciones durante sus declaraciones, por lo que solicitó la absolución de sus clientes.
Cabe recordar que, durante la pandemia de la covid-19, la aplicación de pruebas de hisopado era un requisito para comprobar que las personas no estaban contagiadas con el virus y evitar la circulación de aquellas con síntomas.
