La Fiscalía Anticorrupción solicitó a la Contraloría General de la República una ampliación de la auditoría realizada a los auxilios económicos entregados entre 2019 y 2024, relacionados con los desembolsos efectuados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu).
La petición de la fiscalía busca analizar el desempeño de los fiscalizadores de la Contraloría destacados en el Ifarhu, quienes debían verificar que los auxilios económicos fueran tramitados y entregados a personas que realmente los requerían, así como el papel de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), que fungió como depositaria para la entrega de auxilios económicos en la provincia de Bocas del Toro y la Comarca Ngäbe Buglé.
Durante una audiencia celebrada ayer jueves, el fiscal Argo Hyman aseguró que la investigación pretende examinar todas las irregularidades detectadas en la entrega de los auxilios económicos y determinar si existieron conductas penales por parte de los funcionarios encargados de la supervisión, tramitación y distribución de estos recursos.
Hyman recordó que en todas las instituciones públicas laboran fiscalizadores de la Contraloría que deben alertar y controlar el manejo de los fondos públicos, y que en este caso ese aspecto debe ser revisado.
También se refirió al caso de estudiantes de Bocas del Toro y de la Comarca Ngäbe Buglé, cuyos cheques de auxilios económicos eran entregados por la UTP, previa remisión del Ifarhu, y advirtió que debe aclararse por qué se les cobraba un servicio de transporte cuando esa institución no brindaba ese servicio.
Hyman reconoció que se trata de una investigación en fase incipiente, con muchos aspectos del proceso de entrega aún por analizar.
Fiscalía presentó imputación
Durante la audiencia, el fiscal Hyman logró la imputación de cargos por el delito de peculado por extensión contra cuatro estudiantes de Bocas del Toro y de la Comarca Ngäbe Buglé, a quienes se les entregaron auxilios económicos entre 2019 y 2022 sin que pudieran justificar el uso de los fondos.
Hyman explicó que el Ifarhu otorgó $25,000 a cada uno de los cuatro imputados para estudiar carreras en la UTP, cuyo costo no supera los $548.
Además, relató que durante la investigación se estableció —a través de un informe de actuación financiera elaborado por funcionarios de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ)— que los imputados no justificaron el uso de los dineros entregados por el Ifarhu.
El informe de la DIJ detalla que los imputados no pudieron justificar el uso de montos de $18,400, $17,532, $17,382 y $16,565, y que incluso presentaron facturas alteradas, ilegibles o duplicadas como sustento de los gastos realizados.
Los cargos fueron formulados contra los estudiantes Yaribel Ábrego, Rosemary Jiménez, Elvis Morales y Norberto Palacios, quienes recibieron auxilios económicos en 2019. Los cuatro estuvieron conectados de manera virtual a la sala de audiencias.
A los imputados se les impuso la medida cautelar de notificación una vez al mes ante una autoridad judicial.
Defensores rechazan cargos
Por su parte, los defensores públicos Shanida López y Omar Herrera alegaron que la fiscalía ha imputado cargos penales a cuatro jóvenes de escasos recursos cuyo único interés era estudiar, y que varios de ellos manifestaron estar culminando sus trabajos de grado.
Los defensores cuestionaron que el Ifarhu otorgara auxilios económicos por $25,000, cuando las carreras en la UTP tenían un costo inferior a ese monto.
Afirmaron que, al parecer, en el Ifarhu no existía ningún mecanismo de supervisión, y que los estudiantes recibían los pagos por tramos. También señalaron que durante la pandemia de la Covid-19 los beneficiarios continuaron recibiendo fondos, pese a que las clases presenciales estaban suspendidas por las restricciones de movilidad.
Sostuvieron que en este caso existen inconsistencias de carácter administrativo, pero que no alcanzan la gravedad de un delito penal.
Juez pide agotar investigación
El juez Manuel Lezcano, tras acoger la imputación y aplicar las medidas cautelares a los estudiantes, reconoció que los indicios presentados por la fiscalía eran endebles y que resulta necesario profundizar en la situación individual de cada uno de los imputados.
Lezcano reconoció que hay mucha información que quedó pendiente de esclarecer y solicitó que se investigue el situación de cada uno de los imputados con respecto al otorgamiento de los auxilios económicos.
En este caso ya se han imputado cargos a otras ocho personas, entre ellas el exdirector del Ifarhu Bernado Meneses, quien además de peculado, enfrenta cargos por blanqueo de capitales e enriquecimiento injustificado. Meneses permanece detenido en la cárcel de Tinajitas.
