El juez de garantías Luis Ceballos imputó cargos por los delitos de peculado, asociación ilícita y corrupción al exdirector de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, a la abogada Janice Becerra y al empresario Budy Attie.
Además, le impuso la medida cautelar de reporte periódico dos veces al mes (14 y 28) e impedimento de salida del país tanto para Oliva como para Attie. Para la abogada, le impuso la medida de notificación una vez al mes.
Durante una audiencia que se inició a las 2:00 p.m. y que se extendió hasta la noche, el juez Ceballos decretó la suspensión temporal del proceso para Ralph Attie, quien no pudo comparecer a la diligencia judicial por presentar problemas de hipertensión y un bajón de azúcar, lo que obligó a su hospitalización en Pacífica Salud.
El juez Ceballos planteó que la fiscalía cumplió mínimamente con la presentación de los elementos de la imputación y consideró que el caso aún no está fortalecido.
Durante su intervención, la Fiscalía Anticorrupción sustentó que los imputados incurrieron en peculado, asociación ilícita para delinquir y corrupción, al utilizar las plataformas de la AIG para el manejo de fondos entregados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a pesar de que la empresa Fintek Corp., a la que se asignó la administración de la plataforma “Listo” —usada para la entrega de ayudas estatales durante la pandemia de la covid-19— no tenía contrato con el Estado.
La fiscal Thalía Palacios explicó que su despacho cuenta con información de que los fondos destinados por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) alcanzaron los $100 millones.
Palacios alegó que Oliva, como director de la AIG entre 2021 y 2023, modificó la plataforma utilizada para la entrega del Vale Digital del plan Panamá Solidario, que originalmente estaba bajo la administración de la empresa Cable & Wireless.
Detalló que Cable & Wireless no cobraba a los comercios por el uso de la plataforma, pero que tras la llegada de Oliva a la AIG se decidió crear la plataforma “Listo Wallet”, manejada por Fintek S.A., la cual cobraba un 0.5% a los comercios afiliados por cada transacción.
Según la investigación, Oliva era la persona que aprobaba la vinculación de los comercios a la plataforma Listo Wallet, utilizada en programas como el Vale Digital, Combustible Solidario y las becas del Ifarhu.
La fiscal relató que Budy y Ralph Attie son los propietarios de Fintek Corp., empresa que gestionaba la entrega de los vales a cambio de retener un 0.5% de cada transacción, pese a no tener contrato con el Estado.
Palacios también señaló que Oliva residió por un año en un apartamento propiedad de una empresa vinculada a los Atie y que quedó adeudando $20 mil de alquiler.
Durante la exposición de los hechos, la fiscal indicó que la firma en la que laboraba la abogada Janice Becerra se benefició de estas transacciones.
A la vez, precisó que Becerra mantenía un contrato de asesoría legal externa con la AIG por un monto de $50 mil y que recibió viáticos para acompañar a Oliva en algunas reuniones.
Juez declara ilegales aprehensiones
En el desarrollo de la audiencia, el juez declaró ilegal la aprehensión ordenada por la fiscalía durante los allanamientos a las residencias de Oliva, Becerra y Budy Attie.
El juez Ceballos argumentó que la fiscalía no pudo sustentar la necesidad de desplegar unidades de la Policía Nacional para aprehender a los procesados, ya que desde 2023 estos han participado con sus abogados en diligencias relacionadas con el caso.
Gustavo Pereira, abogado de Oliva, señaló que su cliente incluso renunció al fuero electoral cuando fue candidato a diputado en las elecciones de 2024, para que la fiscalía pudiera continuar con la investigación.
Pereira también alegó que la presunción de inocencia de los procesados fue vulnerada al ser expuestos en medios de comunicación en el momento de su aprehensión.
