La jueza de garantías Meylin Jaén imputó cargos por los delitos de blanqueo de capitales y delitos financieros al dirigente del Sindicato Único de la Construcción y Similares (Suntracs), Jaime Caballero, quien fue aprehendido el pasado miércoles, 14 de mayo, en la provincia de Chiriquí.
Además, ordenó la detención preventiva de Caballero, decisión que fue apelada por el abogado del sindicalista.
La juez Jaén estimó la detención preventiva como la medida más conducente para mantenerlo arraigado al proceso por tratarse de un delito grave y evitar una posible evasión del proceso.
Fue el fiscal Emeldo Márquez quien pidió la aplicación de la medida cautelar de detención provisional para Caballero por considerarla una medida proporcional basada en la existencia de un hecho punible grave, el riesgo de destrucción de pruebas y que pueda darse a la fuga.
En tanto, su abogado César Ruiloba aseguró que su cliente tiene arraigo familiar y además ya tiene una medida de notificación periódica dictada por un juez de garantías de la provincia de Chiriquí, lo que permitiría mantenerlo ligado ambos procesos penales.
Ruiloba estimó prudente la aplicación de una medida de notificación periódica los 15 y 30 de cada mes. También se quejó que la fiscalía no le ha permitido acceso al expediente por mantenerlo en reserva.
Imputación
Más temprano, la juez Jaén detalló que la fiscalía logró evidenciar la posible comisión de un hecho punible por parte del procesado, por lo que se hace necesario que culmine la investigación.
Planteó que los elementos son suficientes para que se inicie una investigación, ya que la defensa no ha podido desvirtuar los datos aportados por la fiscalía.
También la jueza hizo alusión a un informe de actuación financiera realizado por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en el que se reveló el manejo de grandes sumas de dinero por parte del investigado, las cuales no se alinean con las actividades a las que se dedica.
Durante una audiencia, que se inició a las 10:30 a.m., la jueza Jaén acogió la petición del fiscal especializado contra la delincuencia organizada Emeldo Márquez, quien aseguró que Caballero presuntamente incurrió en el delito de blanqueo de capitales a través de diversas cuentas bancarias.
Dijo que canalizó fondos del Suntracs y los utilizó para el pago de un préstamo por $39,000 que mantenía con el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA).
Relató que este pago realizado por Caballero, el 30 de abril del 2025, correspondía a una morosidad que mantenía por la adquisición de cuatro fincas. Es decir, que le habría hecho frente a la morosidad con el dinero que los obreros depositan a favor del Suntracs.
La fiscalía planteó que Caballero al momento de entregar los fondos al BDA alegó que dicho dinero provenía de la ventas de ganado y productos agrícolas, pero informes de Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan) revelan que el dirigente sindical no mantiene ese tipo de actividad.
Según datos aportados por el fiscal en la audiencia, Caballero mantiene tres fincas en Boquete, y una en David, así como dos vehículos tipo pick-up y un auto sedán.
En su intervención, Márquez explicó que Caballero recibió miles de dólares en transferencias bancarias, las cuales rebasan los $600,000.
Por otro lado, alegó que Caballero utilizó los servicios de la contadora pública, María Esther Aispurúa, quien según la Junta Técnica de Contadores Públicos no posee idoneidad para ejercer la profesión.
Así mismo, destacó que al investigar este aspecto se logró determinar que el número de idoneidad usado por Sánchez corresponde a Feliciano Tayler, fallecido en julio de 1990.
La fiscalía pudo comprobar que algunos de estos fondos fueron desviados hacia Kathia Elena Caballero, hija de Caballero, recursos que fueron usados para el pago la cancelación del pago de un vehículo y compras en diversos comercios locales.
El fiscal también detalló que algunas de estas transacciones fueron autorizadas por miembros de la junta directiva del Suntracs, entre los que mencionó a Saúl Méndez, secretario general de esa organización obrera.
También recalcó que los fondos del Suntracs fueron usados para pagos personales, tarjetas de crédito y un préstamo del banco BAC.
En tanto, César Ruiloba abogado defensor de Caballero, se opuso a la presentación de la imputación presentada por la fiscalía alegando que en este caso no existe un delito de blanqueo de capitales.
Ruiloba aseguró que en este caso no hay delito precedente del cual pueda desprenderse el blanqueo de capitales, ya que BDA no ha presentado ningún perjuicio o reclamo en cuanto al préstamo entregado a su cliente.
Alegó que los fondos transferidos a las cuentas de Caballero fueron realizadas para sustentar las actividades del Suntracs debido al bloqueo realizado a las cuentas del sindicato.
Ruiloba dijo que la fiscalía no presentó un auditoría forense de los fondos manejados por su cliente que indicaran la existencia de un hecho delictivo.
Caballero, en una breve declaración ante el tribunal, destacó que se siente “muy afectado” por la acusación presentada por el Ministerio Público.
Aseguró que ha sido productor por más de 30 años, en terrenos heredados de su madre. Pero las tierras a las que se refiere el fiscal fueron financiadas por un préstamo en el BDA.
Explicó que esto se trata de “una persecución política, nos han cerrado las cuentas y el presidente José Raúl Mulino dijo que reduciría al Suntracs a su mínima expresión”.
