El juez de garantías Francisco Carpintero ordenó la detención provisional del dirigente del Sindicato Único de trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Genaro López, a quien imputó cargos por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir y falsificación de documentos.
El juez reconoció que los elementos aportados por la fiscalía durante la audiencia dan cuenta de una posible conducta delictiva y validó la solicitud de la fiscal Isis Soto, quien alegó que puede haber un riesgo de fuga, de destrucción de pruebas, ya que el imputado tiene la capacidad de afectar el testimonio de otros miembros del sindicato que pueden conocer detalles de este caso.
La medida dictada por Carpintero fue apelada por la defensa de López, por lo que se fijó para el próximo 5 de junio la audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial.
El juez también ordenó de manera urgente de una evaluación por parte del Instituto de Medicina Legal de la condición de salud de López.
Carpintero concedió al Ministerio Público un término de seis meses para concluir la investigación.
Durante la audiencia, que se inició a la 1:00 p.m. de este sábado, la fiscal Isis Soto, explicó que este caso se inició en el año 2006 a raíz de un conflicto laboral entre trabajadores afiliados al Suntracs, que desarrollaban el proyecto Red Frogs Beach Club en la isla Bastimentos, en Bocas del Toro, y la empresa Pillar Construction S.A., responsable de la obra.
La fiscal relató que el conflicto culminó en un acuerdo en el que Pillar Construction acordó entregar $5.7 millones en prestaciones y $1.3 millones en costas por el proceso judicial a los trabajadores.
La fiscal Soto explicó que luego los dirigentes del Suntracs Genaro López, Saúl Méndez y Erasmo Cerrud, en el año 2012, llegaron a un acuerdo extrajudicial con Pillar Construction para el pago de solo $3 millones, sin haber notificado de esa decisión a un grupo de 412 trabajadores, beneficiarios de estos fondos.
Durante la audiencia, la fiscal Soto también presentó ante el juez una serie de declaraciones de obreros que alegaron no haber estado presentes en una supuesta asamblea general en la que se propuso llegar a un acuerdo extrajudicial.
En la investigación de la fiscalía se logró establecer que unos 310 trabajadores, que alcanzaron finiquitos como parte de la compensación alcanzada con la empresa, no recibieron los montos que les correspondían.
La fiscal Soto leyó ante el tribunal múltiples testimonios de obreros, quienes explicaron que la asamblea general en la que se tomó esa decisión incluyó a personas que no pertenecían al sindicato y que aprobaron todas las propuestas que se presentaron.
La fiscal también explicó que a los obreros se les informó que Pillar Construction se había declarado en quiebra y que era necesario llegar a un acuerdo extrajudicial con la empresa.
Producto del acuerdo extrajudicial, Pillar Construction transfirió a la Cooperativa de Servicios Múltiples del Suntracs 14 fincas que eran parte del desarrollo turístico denominado Red Frogs Beach Club, para luego hipotecarlas.
La fiscal también hizo mención de un informe del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop), que reveló que la cooperativa del Suntracs incumplía con las normas para evitar el blanqueo de capitales y que no hacía la debida diligencia en sus actividades y que excedió los montos de créditos para préstamos.
También detalló que Ipacoop envió a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) una alerta sobre las actividades realizadas por la cooperativa del Suntracs.
Por su parte, Rolando Rodríguez, del equipo de abogados del Suntracs que participó en la fase de imputación, alegó que la fiscalía no presentó al juez elementos de calidad que sustenten su imputación.
Rodríguez explicó que la fiscalía no pudo establecer la existencia del delito precedente para probar el blanqueo de capitales, ya que el dinero no provenía de una actividad ilícita y que no se estableció la conducta específica realizada por su cliente.
Previamente, el juez Carpintero legalizó la aprehensión de Genaro López.
Carpintero estimó que en este caso la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada cumplió con lo dispuesto en las normas legales vigentes, ya que luego de tener conocimiento de la existencia de la presunta comisión de un delito abrió una investigación, cumpliendo con las normas legales vigentes.
Mientras, en las afueras del SPA se mantenían miembros del Suntracs que gritaban consignas en favor de López.
En una breve intervención ante tribunal Genaro López aseguró que han mantenido una lucha por más de 30 años por libertad sindical y que todo se trata de una persecución política que viene desde varios gobiernos y que han tratado de acabar con el Suntracs.
Aseguró que solo quieren callar al Suntracs que se opone a la Ley 462 que reformó la ley de pensiones de la Caja de Seguro Social. “No nos hemos quedado con la plata de nadie en este caso”, aseguró.
Dijo que no hay independencia en la justicia panameña, “yo sé lo que está pasando aquí”.
