El juez de garantías Francisco Carpintero acogió la imputación presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra Héctor Sambrano, exdirector de Becas, y Rosalinda Rivera, exdirectora de Finanzas, ambos exfuncionarios del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), por la presunta comisión del delito de peculado por el manejo irregular de auxilios económicos.
Además, el juez ordenó la medida cautelar de reportes periódico los viernes de cada semana e impedimento de salida del país, para ambos exfuncionarios.
La Fiscalía apeló la decisión y la audiencia de apelación se realizará el próximo 7 de octubre.
Sambrano, quien es representante de corregimiento de Barrio Colón, en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, fue aprehendido en su residencia ubicada en el PH Vista Park, en el corregimiento de San Francisco; mientras que la aprehensión de Rivera se produjo en la residencia de su madre, en Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí. Rivera mantiene residencia en el distrito de Arraiján.
La fiscal anticorrupción Angie Ostia aseguró que en este caso Sambrano y Rivera, siendo miembros de la comisión evaluadora para el otorgamiento de auxilios económicos del Ifarhu, autorizaron la entrega de estos beneficios a personas que mantenían altos ingresos económicos y que, por ende, no necesitaban de esta ayuda.
La fiscal García también detalló que en este caso se cuenta con un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, correspondiente a 2019-2020, que reveló la existencia de una afectación económica por la suma de $66 millones.
Durante su intervención, la fiscal también presentó testimonios de los trabajadores sociales, a los que correspondía efectuar una verificación del estatus económico de los solicitantes de los auxilios económicos, y quienes relataron que en el caso de las personas con un buen poder adquisitivo ellos dejaban a criterio de la comisión evaluadora el otorgamiento o no de los auxilios económicos.
Explicaron que observaron la entrega de auxilios económicos a personas que tenían ingresos de $5,000 mil y hasta de $12,000 mil, ya que fueron autorizados por la comisión evaluadora.
La fiscal citó como ejemplo el auxilio económico otorgado al exdiputado Erick Broce, por un monto de $17 mil para estudiar una licenciatura en Administración Pública, a pesar de que mantenía ingresos por $5,000.
También mencionó el auxilio entregado a Fernando Broce, quien aparecía con ingresos por $6 mil 500 y recibió $141 mil 677 para estudiar Bellas Artes.
Así mismo relató que Anastasia Liakopulos, quien recibió un auxilio económico de $100 mil para estudiar diseño gráfico en el extranjero, mantenía altos ingresos económicos y su familia es propietaria de una cadena de restaurantes.
La investigación de la fiscalía reveló que unos 2,000 expedientes de auxilios económicos fueron “firmados” (aprobados), entre los que habían estudiantes de alto poder adquisitivo.
La fiscalía también aportó como evidencia una certificación de la Universidad de Panamá en la que consta que se entregaron auxilios económicos para estudios en centros que no están avalados por dicho centro de estudios superiores.
También la fiscalía presentó un informe de Actuación Financiera de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en el que se detalla que Sambrano y Rivera facilitaron contratos con empresas privadas a las que se les entregaron fondos del Ifarhu sin tener convenios con esta entidad.
La fiscalía también aportó como evidencia en su imputación una interceptación telefónica de agosto de 2025 —momento en que ella ya está fuera de la institución— hecha del teléfono celular de Rivera. En dicha comunicación esta solicita a funcionarios del Ifarhu eliminar nombres que estaban en la lista de beneficiarios de los auxilios económicos.
Previamente, y en el mismo acto de audiencia, el juez Carpintero legalizó la aprehensión de Sambrano y Rivera alegando que la actuación del Ministerio Público fue acorde con los requerimientos legales y que no violentó los derechos humanos de ambos procesados.
En el desarrollo de la audiencia se conoció que la fiscalía ha girado solicitudes de audiencia para la imputación de otras 12 personas relacionadas con el escándalo de los auxilios económicos.
Por este caso ya se imputaron cargos por peculado y se impusieron medidas cautelares de reporte periódico al exdirector del Ifarhu Bernardo Meneses.
Meneses permanece detenido por un caso de enriquecimiento injustificado.
Sambrano es un personaje muy cercano al exdirector Meneses. En 2022, ante una ausencia temporal de Meneses, Sambrano ejerció como director encargado.
Ambos militan en el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y fueron candidatos en las elecciones de mayo de 2024: Meneses buscó una curul como diputado en el circuito 13-1 y Sambrano fue candidato a representante de Barrio Colón. Meneses perdió la elección; Sambrano ganó.
Una investigación de La Prensa documentó que con Meneses y Sambrano en el Ifarhu se repartieron miles de becas en los distritos y corregimientos donde ambos hicieron campaña. Incluso sectores con mayor población recibieron menos ayuda que aquellos en los que estaban los electores de Meneses y Sambrano.
La fiscalía obtuvo información de que solo en Barrio Colón el Ifarhu entregó auxilios económicos a unas 30 personas.
Al cierre de esta edición, la audiencia continuaba, para decidir las medidas cautelares que se dictarían a los investigados.
