Una serie de peritos y auditores de la Contraloría General de la República han rendido declaración en el juicio seguido a 45 personas por la presunta comisión del delito de peculado a través de la venta de granos del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Durante el juicio, que se inició el pasado 10 de marzo, el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales llamó al estrado a dos auditoras de la Contraloría que realizaron el informe de auditoría N° 073-003-2015-DINAG-DESAFPF, según el cual las irregularidades en el manejo de los fondos asignados por el PAN para la compra y distribución de granos en las escuelas del país ocasionaron una lesión patrimonial por la suma de $12.3 millones.
En el desarrollo del juicio, las auditoras fueron cuestionadas por el abogado David Cuevas, defensor del exjefe de proyectos del PAN Abraham Williams, quien aseguró que el citado informe fue entregado sin que se hubiera realizado un estudio de campo para comprobar si los granos fueron entregados.
Cuevas cuestionó la ambigüedad del informe de auditoría, al señalar que, en su declaración, las auditoras reconocieron que, tras una inspección efectuada con posterioridad al informe inicial, admitieron que en algunos casos los granos sí fueron entregados.
Por su parte, Roberto Moreno, abogado de Rita Fundora, también interrogó a las auditoras, quienes explicaron que se detectaron inconsistencias administrativas subsanables en los trámites realizados por el PAN para la entrega de los granos.
Moreno explicó que la declaración de las auditoras fue clara al señalar que las empresas pudieron sustentar las entregas de los granos a las escuelas y que, por lo tanto, no existió una lesión patrimonial.
A los auditores también se les interrogó sobre la responsabilidad de los fiscalizadores asignados a los procesos de compras y contrataciones, para determinar si los productos contratados fueron adquiridos o no.
Asimismo, en el desarrollo del juicio comparecieron cinco peritos solicitados por la defensa, quienes explicaron que no se pudo determinar la existencia de una lesión patrimonial contra el Estado.
Los abogados de la defensa desistieron de la presentación de unos 11 testigos que debían acudir al juicio, por lo que la juez Águeda Rentería decretó un receso hasta mañana a las 9:00 a.m.
Se tiene previsto que mañana se concluya con la fase de presentación de testigos y que el día miércoles la fiscalía inicie con la presentación de sus alegatos, que podrían extenderse por dos días, para luego dar paso a los abogados defensores.
El juicio debía concluir el próximo 28 de marzo, pero puede terminar antes debido al desistimiento de la mayoría de los testigos por parte de los abogados defensores.
El primer día de juicio, la juez Rentería validó un acuerdo de pena de 40 meses de prisión y el pago de $2.3 millones a Mario Martinelli, hermano del expresidente Ricardo Martinelli.
La admisión de culpa se produjo luego de que, el pasado 28 de febrero, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial rechazara un amparo de garantías presentado por los abogados defensores del imputado.
El acuerdo de pena alcanzado por Mario Martinelli permite que la sanción impuesta le sea reemplazada por días multa.
