El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Vásquez, en funciones de fiscal, solicitó un veredicto absolutorio a favor de la exdirectora de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), Giselle Burillo, acusada del delito de peculado a través de la contratación de vehículos y alquiler de plantas móviles.
Durante el juicio que se realizó este jueves 24 de abril en la sede del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, el magistrado Vásquez alegó que en este caso a Burillo no se le podía atribuir una responsabilidad penal, ya que las conductas no fueron ejecutadas por ella.
Vásquez, en su alegato, planteó que en este caso la responsabilidad penal no era atribuible a Burillo y que si bien existieron irregularidades eran otros funcionarios los responsables por estos hechos, que fueron sancionados en procesos penales anteriores.
Mientras que Carlos Carrillo, abogado defensor de Burillo, también solicitó a los magistrados del Pleno de la Corte dictar un veredicto a absolutorio a favor de su cliente.
Los miembros del Pleno de la Corte se acogieron al término de 30 días para dictar un veredicto. La audiencia fue presidida por el magistrado Juan Francisco Castillo, suplente de la magistrada María Eugenia López.
La investigación contra Burillo, inicialmente adelantada por la Fiscalía Anticorrupción y relacionada con irregularidades en el manejo de contratos cuando fungía como directora de Ampyme (2009-2014), fue remitida a la Corte Suprema de Justicia luego de ser electa diputada del Parlamento Centroamericano (Parlacen) en las elecciones de mayo de 2024 por el partido Realizando Metas.
Tras su salida de Ampyme, Burillo enfrentó varios procesos por la presunta comisión de delitos contra la administración pública. Entre ellos, uno relacionado con el fraccionamiento de contratos; otro, por irregularidades en el alquiler de vehículos de esa entidad; así como una investigación por el uso de funcionarios de la institución en actividades de carácter político durante horas laborales.
En junio de 2020, tres exfuncionarios de la Ampyme fueron condenados a 36 meses de prisión por el delito de peculado, a raíz de irregularidades en la celebración de 38 contratos menores con la sociedad Grupo Orme, S.A., para el servicio de transporte de plantas móviles en el país. Se concluyó que hubo inconsistencias e irregularidades que ocasionaron una lesión al Estado por 91,913 dólares.
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