La junta comunal de Playa Leona, en La Chorrera (Panamá Oeste), es nuevamente objeto de investigación por presunto uso irregular de fondos.
El viernes 20 de junio de 2025, la Fiscalía Anticorrupción practicó un allanamiento en sus instalaciones en busca de documentos y evidencias.
La investigación de la fiscalía se fundamenta en una denuncia presentada por la supuesta comisión del delito de peculado en perjuicio de los fondos de esa organización, tras la pérdida de documentos que sustenten compras y pagos realizados entre los años 2019 y 2024.
Tras las elecciones de mayo de 2024, las nuevas autoridades de la Junta Comunal de Playa Leona denunciaron no haber recibido informes financieros, bienes patrimoniales y cuentas por pagar por parte de la administración anterior, por lo que procedieron a presentar una denuncia ante el Ministerio Público.
En septiembre de 2019, la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación por el uso irregular de $6 millones durante el período 2014-2019.
La investigación surgió luego de que el Ministerio Público recibiera de la Contraloría General de la República 186 auditorías de los fondos manejados a través de la juntas comunales entre 2013 y 2014, a las que se transfirieron $76 millones. Los fondos fueron transferidos de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas a la Junta Comunal de Playa Leona.
Esta investigación se dividió en dos grandes procesos, las investigaciones relacionadas con 11 juntas comunales de Panamá y Panamá Oeste siguieron en manos de la Fiscalía Anticorrupción de Panamá, mientras que el resto fue investigado por las regionales de cada provincia.
En 2022, este caso fue declarado como causa compleja y se concedió un año más de investigación, pero luego se han presentado otros recursos legales.
Incluso, el Tribunal Electoral ordenó una investigación a la Junta Comunal de Playa Leona, por el presunto uso de recursos del Estado en proselitismo político durante el torneo electoral de 2024.
Allí se denunció que grandes sumas de dinero fueron enviadas a dicha junta para gestionar ayudas a políticos que participaban en esa contienda electoral para diversos cargos de elección popular.
La Autoridad Nacional de Descentralización también ha presentado unas 54 denuncias ante el Ministerio Público contra juntas comunales y municipios que no han podido justificar el uso de los recursos transferidos a sus predecesores a través del Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS), conocido también como descentralización paralela.
