El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales ordenó el comiso de tres cuentas bancarias pertenecientes a Silvana Manzini De Obarrio, madre del exsecretario presidencial Adolfo Chichi De Obarrio, condenada a la pena de 28 meses de prisión por los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.
A través del edicto 1,294 colgado el pasado 21 de noviembre en el tablero de notificaciones del juzgado se informa a las partes de la decisión asumida por la juez Agueda Rentería.
Rentería ordenó el comiso de tres cuentas por un monto de $57,792 en cuentas que mantenía Manzini de De Obarrio en bancos de la localidad. Entre ellas, un plazo fijo por $20,833, una cuenta con $31,158 y otra cuenta por un monto de $5.71.
En febrero pasado, el juez de cumplimiento José Cárdenas concedió el pago de una multa de $12,000 a favor de Manzini de De Obarrio como reemplazo de la pena de 28 meses de prisión que le había sido impuesta por los delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado.
La investigación contra Manzini de De Obarrio y su hijo, Adolfo De Obarrio, por blanqueo de capitales tiene como delito precedente el enriquecimiento injustificado. Este proceso inició luego de una auditoría de la Contraloría General de la República que reveló que De Obarrio no pudo justificar $3 millones en su patrimonio.
En el marco de esta investigación, la fiscalía ordenó la aprehensión de dos propiedades de De Obarrio ubicadas en Punta Barco y San Carlos, en Panamá Oeste, además de otros dos bienes inmuebles en el corregimiento de San Francisco.
Adolfo De Obarrio, actualmente radicado en Italia, no compareció a este proceso ni al relacionado con la compra de comida deshidratada, por $44.5 millones, gestionada a través del extinto Programa de Ayuda Nacional durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2014-2019).
Chichi De Obarrio enfrenta además una condena de 120 meses de prisión por el caso Blue Apple en el que también se le impuso el pago de una multa de $5,091,486.92 al Tesoro Nacional, monto que debe cancelar en un plazo de 24 meses una vez cumplida su pena principal.
Según el Órgano Judicial, dicho monto equivale al doble del beneficio económico recibido y debidamente cuantificado.
Y es que, según consta en la sentencia condenatoria No. 3 de 10 de marzo de 2023, el juzgado declaró probado que De Obarrio era el beneficiario final de altas sumas de dinero que les fueron entregadas –en su mayoría en efectivo– las cuales procedían del delito de corrupción, producto de proyectos estatales.
De Obarrio salió de Panamá en noviembre de 2014 y no ha retornado al país desde entonces.
En una ocasión, Panamá solicitó a Italia su extradición, pero esta no se concretó debido a que la Asamblea Nacional no ha ratificado el tratado de extradición suscrito con Italia.
