El 16 de mayo se realizó una audiencia “combo” de legalización de aprehensión e imputación contra Jaime Alberto Caballero Quirós, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) para Chiriquí y Bocas del Toro. La sesión duró poco más de seis horas y se dividió en tres fases, en las que el Ministerio Público y la defensa se enfrentaron intensamente.
La audiencia fue conducida por el fiscal superior de Delincuencia Organizada, Emeldo Márquez, junto al fiscal de circuito Gilberto Arjona. La defensa estuvo a cargo del abogado César Ruiloba, acompañado por Mario Prado. La jueza de garantías Meylin Jaén presidió la audiencia. La transcripción del acto abarca 70 páginas, reflejo de la intensidad del debate.
La aprehensión
El 14 de mayo, Caballero, de 55 años, acudió a una audiencia en David, Chiriquí, por cargos de asociación ilícita, delitos contra la seguridad del Estado y contra la administración pública. Al finalizar, se le impuso restricción de salida de la provincia y obligación de notificación quincenal. Sin embargo, al salir, fue aprehendido por orden del fiscal Márquez por presunto blanqueo de capitales y delito financiero, y trasladado en avión a la ciudad de Panamá.
La jueza Jaén validó el procedimiento, ordenó retirarle las esposas y verificó su identidad. Caballero declaró ingresos anuales por $60 mil, dato que luego tendría relevancia.
El Ministerio Público sostuvo que la investigación comenzó el 18 de marzo, tras una alerta de la Unidad de Análisis Financiero sobre transacciones superiores a $10 mil de cuatro personas, incluida Caballero. Se abrieron 20 tomos, bajo reserva, que la defensa no conocía.
La fiscalía detalló movimientos bancarios entre 2020 y 2025 desde cuentas del Suntracs en el Banco Nacional y Multibank hacia cuentas de Caballero en el Banco General. Se subrayó la cancelación anticipada de préstamos en la Caja de Ahorros y el BAC, así como un pago de $39,250.72 al BDA por intereses y capital morosos. Cuando se le pidió justificar ese dinero, Caballero mintió al afirmar que provenía de actividades ganaderas y cafetaleras. Una inspección de sus fincas en Boquete no halló ganado, y tampoco figura como miembro de la Asociación Nacional de Ganaderos.
Los cargos
Los pagos del Suntracs a Caballero llegaron por cheques, transferencias ACH y Yappy, firmados por Saúl Méndez, José Palacios Becerra y Abdiel Bethancourt. Caballero usó esos fondos para gastos personales y transferencias a familiares. En total, recibió $699,256.16 entre 2020 y 2025. La fiscalía consideró esto indicio de blanqueo de capitales.
El segundo cargo fue falsedad en registros contables, ya que contrató a María Esther Aizpurúa Sánchez para elaborar un informe financiero. Se comprobó que ella no es contadora autorizada y usó la idoneidad de un profesional fallecido en 1990.
Ambos delitos conllevan penas de entre 11 y 20 años. En casos de blanqueo, la carga probatoria se invierte: la defensa debe demostrar el origen lícito de los fondos.
La defensa
En la fase de imputación, Ruiloba tomó protagonismo. Reconoció que Caballero mintió al BDA sobre el origen del dinero, pero minimizó el hecho. Argumentó que desde 2012 Caballero obtuvo cinco préstamos del BDA por $850 mil y que era agricultor, abogado y dirigente sindical con tierras heredadas.
Ruiloba afirmó que las transferencias del sindicato provenían de cuotas sindicales, por lo tanto, no eran ilícitas. También presentó actas de junta directiva del Suntracs y alegó que Caballero debía cubrir gastos logísticos en ambas provincias. Añadió que, ante el cierre de cuentas del sindicato, era razonable que sus dirigentes manejaran fondos en nombre de la organización.
Las determinaciones
La jueza Jaén validó la aprehensión y avaló la imputación, resaltando las dos mentiras de Caballero: al oficial del BDA y al tribunal sobre sus ingresos. Atendiendo al riesgo de fuga, destrucción de evidencia y obstaculización del proceso, concedió al Ministerio Público seis meses de investigación y dictó detención provisional.
Aunque la defensa solicitó el traslado a Tinajita, la jueza explicó que no era de su competencia. Ruiloba anunció apelación.
Grietas en el caso
Si los fondos del Suntracs tienen origen lícito, no aplicaría el delito de blanqueo. En todo caso, podría tratarse de apropiación indebida (artículo 227 del Código Penal), que requiere querella de parte, inexistente hasta ahora.
El blanqueo de capitales exige pluralidad de autores. Sin coimputados y sin medidas contra Méndez, Palacios y Bethancourt, quienes firmaron los cheques, las pruebas contra Caballero se debilitan. La supuesta falsificación contable involucra a Aizpurúa, quien tampoco ha sido imputada.
El mayor riesgo para este proceso es que se perciba como una persecución política a un dirigente sindical incómodo, en lugar de un caso sólido de corrupción.
