Aunque la acusación que hay en Estados Unidos contra los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares es por conspirar para lavar $28 millones en coimas de Odebrecht, la fiscalía de Nueva York sostiene que la contratista brasileña desembolsó $30 millones “adicionales”, que fueron depositados en cuentas en euros, gestionadas por los dos acusados, para beneficio del “oficial del gobierno panameño” que, además, era un “pariente cercano” de ambos.
Estas coimas adicionales fueron recibidas después que los bancos cerraran “las cuentas en dólares” de los hermanos Martinelli Linares, preocupados por el origen de los fondos. En común acuerdo con Odebrecht, los pagos de sobornos posteriores fueron redireccionados a otras cuentas, “a través de nuevos intermediarios del funcionario del gobierno panameño”. Debido a ello, estos $30 millones en coimas pagadas en euros no son parte del escrito de acusación estadounidense.
Así lo explica la fiscalía en las dos notas que envió el pasado viernes 6 de mayo al juez Raymond J. Dearie, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, quien el próximo 20 de mayo celebrará una audiencia para dictar sentencia a los dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014). Aunque se trata de dos notas (una corresponde a Ricardo Alberto y la otra, a Luis), el contenido de ambas es casi idéntico, dado que el cargo criminal y los hechos procesados son los mismos. Algunas frases han sido tachadas.
En esas notas, que suscriben el fiscal Breon Peace y la fiscal adjunta Alixandra Smith, así como los directores de las secciones de Fraude y de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos, División Criminal, del Departamento de Justicia estadounidense, se pide una condena de entre 108 meses (9 años) a 135 meses (11 años y 3 meses) de prisión para Ricardo Alberto y Luis Enrique. Los dos ya se declararon culpables, en diciembre de 2021.
La fiscalía apunta que el Departamento de Libertad Condicional recomendó una sentencia superior, de 180 meses (15 años) de prisión, así como un pago de $250 mil, dado que no observó causales que habrían podido “mitigar” la condena.
En su recomendación al juez, la fiscalía tomó en cuenta tres factores: la gravedad de los cargos; la poca colaboración de los acusados, y la fuga que llevaron a cabo en junio de 2020, lo que fue considerado como “un intento por evadir las responsabilidades por los crímenes cometidos”.
“Está claro que los coacusados y el alto oficial del gobierno de Panamá se beneficiaron de este esquema ideal, a expensas del pueblo panameño”, remarca la fiscalía en su escrito.
Los dos acusados tienen en mente otra cosa: sus abogados también escribieron al juez Dearie (lo hicieron el 29 de abril, una semana antes que la fiscalía) para pedir la excarcelación, por considerar que los 23 meses que han estado detenidos preventivamente (primero en Guatemala y ahora en Brooklyn) es la pena de prisión que les corresponde por haberse declarado culpables del delito de conspiración para lavar dinero, utilizando el sistema financiero estadounidense. En el sistema judicial estadounidense, a esto se le denomina “time served”.
La fiscalía insiste en que ambos acusados han demostrado repetidamente que creen estar por encima de la ley y que, valiéndose de sus “sustanciales privilegios”, pueden evitar asumir las consecuencias de sus acciones.
“La sentencia recomendada dejaría claro que personas como los dos acusados, que ayudan a funcionarios electos como el oficial del gobierno de Panamá, que engaña y roba a su propia gente para enriquecerse y beneficiarse, serán responsables de su conducta ilegal”, agrega.
El yate y el condo
La defensa también alega que los acusados desempeñaron un “simple” rol de intermediarios en la recepción de las coimas y que casi toda la vida han actuado siguiendo las órdenes del padre. Pero la fiscalía replicó que la participación de los hijos del expresidente fue “esencial para la comisión de este crimen y mantuvieron una conducta criminal, sistemática y estratégica, por cerca de seis años”, sin mostrar arrepentimiento en ningún momento y utilizando la plata de Odebrecht para adquirir un yate, un apartamento frente al mar, bonos, acciones (en una compañía de servicio telefónico invirtieron $9.5 millones) y otros “lujos”. También para pagar tarjetas de crédito, como la American Express de Luis Enrique.
Incluso advierten que la negociación que emprendieron con autoridades estadounidenses en el año 2018, supuestamente para colaborar y firmar un acuerdo de culpabilidad, no era más que una “fachada” y que no estaban participando en la negociación “de buena fe”, dado que en el periodo en que se suponía que estaban colaborando, sistemáticamente “escondieron” información crucial para el gobierno. En junio de 2020, en plena pandemia de la covid-19 y mientas sus abogados presuntamente revisaban el borrador de un acuerdo de culpabilidad, salieron de Estados Unidos sin avisar, valiéndose de sus influencias y conexiones políticas. El 25 de junio de ese año, las autoridades estadounidenses se dieron cuenta que habían escapado en un bote que los llevó a las Bahamas, con la esposa y las hijas de Luis Enrique. La intención era abordar un avión en la isla, con destino a Panamá, e incluso habían logrado que el Ministerio de Salud (Minsa) aprobara el “vuelo humanitario” que los traería al país. Ya tenían: 1) fianzas consignadas -de $2 millones y de $5 millones, cada uno- para evitar ser detenidos en Panamá por los casos Odebrecht y Blue Apple, respectivamente; 2) salvoconductos del Ministerio de Comercio (Mici) para circular burlando los retenes y confinamientos vigentes en aquella época, y 3) credenciales diplomáticas del Parlamento Centroamericano (Parlacen) para movilizarse por la región sin ataduras.
Guatemala
El plan no salió como estaba originalmente concebido. El vuelo humanitario no pudo aterrizar en Panamá y tuvo que desviarse, de emergencia, a Costa Rica. Poco después, el avión se dirigió a El Salvador. Ahí dejaron a la esposa y las hijas en un hotel, y los dos acusados se dirigieron a la frontera terrestre con Guatemala, utilizando un servicio de Uber. Tampoco les permitieron entrar, hasta que sacaron las credenciales “inválidas” del Parlacen. Cuando Estados Unidos los ubicó, solicitó la extradición y, finalmente, el 6 de julio fueron capturados en el aeropuerto La Aurora, cuando se disponían a abordar un avión privado con destino a Panamá.
Sobre la estadía en Guatemala, los fiscales informaron al juez Dearie que esta no fue tan desagradable como la dibujan los abogados defensores. Es cierto que fueron enviados a la prisión militar Mariscal Zavala, pero no les confinaron en una celda “tradicional”. Al contrario: fueron acomodados en un apartamento privado, dentro del penal, que fue acondicionado con esmero por un decorador de interiores que personalmente viajó desde Miami, con mercancía de Ikea para amoblar el aposento. En ese apartamento estuvieron hasta julio de 2021, cuando fueron enviados a un área de mayor seguridad en la base militar, luego de que se filtrara la existencia de un presunto plan de fuga. Al final, Luis Enrique y Ricardo Alberto estuvieron 16 y 17 meses, respectivamente, en Mariscal Zavala, antes de ser enviados esposados a Estados Unidos. Durante toda su estancia en Guatemala, presentaron recursos judiciales, en varias instancias, para evitar la extradición, a la que se allanaron al final, cuando se dieron cuenta de que la entrega era inminente.
“La naturaleza descarada y prolongada de la conducta criminal inicial de los acusados demostró que entienden que pueden actuar con impunidad dado el poder del oficial del gobierno de Panamá y la protección que ese poder les brindó. Y el comportamiento de los acusados desde que terminó la conspiración, demuestra que todavía creen que esto es cierto, y que continúan y continuarán explotando ese poder y esos privilegios, siempre que sea conveniente y para cualquier fin que deseen, independientemente de la legalidad de sus acciones”, remarca la fiscalía.
El futuro
Las notas enviadas al juez Dearie (primero por los abogados defensores y luego por la fiscalía) son parte del procedimiento previo a la audiencia de lectura de sentencia, que será el 20 de mayo, a las 4:00 p.m. (hora de Nueva York).
Por lo pronto, Ricardo Alberto y Luis Enrique permanecen detenidos en Brooklyn, adonde llegaron extraditados desde Guatemala el 15 de noviembre y el 10 de diciembre de 2021, respectivamente. Luis se declaró culpable el 2 de diciembre y Ricardo Alberto, el 14 de ese mismo mes. En aquel momento, el juez Dearie informó que la sentencia máxima, que no es apelable, sería de 151 meses de cárcel. Si es superior, entonces sí sería apelable. La fiscalía sostiene que si los acusados quieren que se les reconozca el tiempo que permanecieron detenidos en Mariscal Zavala, deben hacer la solicitud directamente al Buró de Prisiones y no a la Corte.
La defensa había solicitado que sus clientes fueran enviados a una instalación penitenciaria de mínima seguridad (camp), pero la fiscalía recuerda que el tribunal ha rechazado reiteradamente ese tipo de solicitudes, en el pasado.
Un camp, según el Buró de Prisiones, tiene dormitorio (no celdas) y una proporción relativamente baja de personal por cada recluso. Sus cercas perimetrales son “limitadas o inexistentes”. Hay 122 prisiones federales en Estados Unidos, divididas en cinco niveles de seguridad. Un camp está en el nivel más bajo.
En la nota al juez Dearie, la fiscalía también informa que aunque Panamá pidió la restitución del dinero producto de estos delitos, ha comunicado que podría retirar su solicitud. No obstante, advierte que la Corte podría reconsiderar este tema más adelante, incluso después de que sea dictada la sentencia, el 20 de mayo.
