La Fiscalía Anticorrupción recuperó $819 mil de los $858 mil correspondientes a fondos sustraídos de la Caja de Seguro Social (CSS) cuya lesión ha sido detectada.
Esta lesión es el resultado de la manipulación del Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE) por funcionarios y particulares, con el objetivo de alterar los montos que las empresas debían entregar en concepto de cuotas obrero patronales, a cambio de coimas.
La fiscal anticorrupción Digna Castillo explicó que en este caso los fondos se recuperaron luego que los empresarios investigados aceptaron devolver el dinero como parte de su colaboración con la investigación.
Castillo reveló que en este proceso hay 45 personas imputadas entre funcionarios, exfuncionarios de la CSS y empresarios y que se han logrado seis condenas a través de acuerdos de pena, con sanciones que superan los 60 meses de prisión.
En esta investigación 32 de los imputados gozan de medidas cautelares de notificación periódica ante la autoridad competente y siete se encuentran detenidos provisionalmente.
De acuerdo con las investigaciones, los funcionarios de la CSS encargados de manejar el SIPE, en asocio con particulares, contactaban a los dueños de las empresas para ofrecerles alternativas fraudulentas para no hacer frente a los cobros coactivos —por la vía administrativa— que realizaba la institución por morosidad en la entrega de la cuotas obrero patronales.
Por sus servicios los funcionarios cobraban entre un 20% a un 30% de la totalidad de la morosidad a cancelar. Los fondos eran depositados en las cuentas de terceras personas que servían como testaferros.
La investigación, que empezó en 2018, encontró que los funcionarios que mantenían el sistema Sipe, utilizaron datos de una trabajadora manual de la CSS para simular que era la persona que ejecutaba las alteraciones en la información que era entregada al sistema, en el que no se acreditó el pago de las cuotas.
También se logró establecer en la investigación que los funcionarios del SIPE permitieron la afiliación a la CSS de extranjeros que ni siquiera laboraban en empresa alguna.
Este expediente se suma a otro antecedente reciente: la red corrupta que manipuló el SIPE y dejó a cientos de trabajadores con “pensiones mutiladas”. En esa investigación, el Ministerio Público documentó cómo se reportaban salarios fraudulentamente bajos —incluso de un dólar mensual— que reducían las futuras pensiones, causando pérdidas superiores a $800 mil a la CSS y evidenciando que las alteraciones del sistema no eran hechos aislados, sino parte de un patrón de fraude institucional.
El 9 de abril de 2018, menos de un mes después de la publicación de La Prensa que dejó en evidencia el modus operandi de la red o redes que estaban operando, el entonces director de la CSS Alfredo Martiz confirmó que en la entidad funcionaba una “mafia” que mantiene “una estructura para delinquir” que provocó un desfalco de más de $300 millones.
Otros casos
Estos casos se suman a otra investigación relacionada con la CSS, pero que tiene relación con la pérdida de 63 armas de fuego pertenecientes al cuerpo de seguridad de esa entidad de seguridad social.
Por este caso hay seis personas imputadas por el robo de pistolas calibre 9 milímetros, que se presume luego fueron vendidas a grupos delincuenciales que operan en la ciudad de Panamá.
El director de la CSS, Dino Mon, reconoció la existencia de redes de corrupción dentro de la institución, como mafias que vendían citas médicas hasta en $125. Por estos hechos se han presentado 18 querellas ante el Ministerio Público, lo que revela que las irregularidades en el SIPE no son episodios aislados, sino parte de un entramado más amplio de corrupción que socava la seguridad.
