Un total de 39 personas detenidas en las operaciones Fisher y Fusión, señaladas de ser parte de redes dedicadas al blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas, enfrentan juicios en los que podrían recibir penas de hasta 12 años de prisión.
Los juicios, que se desarrollan de forma paralela en el edificio 725 de Ancón y en la oficina judicial contra la delincuencia organizada, ubicada en vía España, cuentan con la participación de fiscales de drogas que buscan obtener sentencias condenatorias para la totalidad de los imputados.
En el juicio contra 23 personas detenidas en la operación Fusión, el fiscal de drogas Joseph Díaz anunció la presentación de un cúmulo de escuchas telefónicas, diligencias de seguimiento y vigilancias, que demostrarían la vinculación de exfuncionarios del Aeropuerto Internacional de Tocumen con una red de tráfico de drogas que envió varios cargamentos de estupefacientes hacia Europa y Estados Unidos.
Díaz alegó que esta red criminal era liderada por Fernando Sixto Mendoza, quien presuntamente coordinaba la logística de las drogas que llegaban desde Colombia por vía marítima a las provincias de Panamá y Darién. Luego, la droga era introducida en maletas que llegaban a Tocumen, para ser enviadas como carga hacia países europeos.
El fiscal detalló que esta red contaba con la cooperación de una funcionaria de la Policía Nacional, encargada de brindar protección a los autos que transportaban la droga, así como testaferros encargados de recibir el dinero producto de su venta.
En tanto, el juicio del caso Fisher fue suspendido hasta mañana, debido a la presentación de una recusación y a la ausencia de uno de los abogados particulares, quien fue reemplazado por un defensor público.
En este caso, la Fiscalía de Drogas, a cargo de José Leyva, tiene previsto solicitar sentencia condenatoria para los 23 imputados que actualmente enfrentan juicio, ya que previamente 28 de los procesados alcanzaron acuerdos de pena.
El fiscal Leyva tiene previsto presentar 240 pruebas documentales, 13 periciales y cinco evidencias materiales para sustentar su teoría del caso.
Como parte de esta investigación, la fiscalía logró incautar 10 millones de dólares en una residencia ubicada en el área de Costa Abajo, provincia de Colón. Según las pesquisas, ese dinero pertenecía a miembros del Clan del Golfo, quienes lo mantenían oculto ante la ofensiva desplegada por Colombia contra esa organización criminal.
Las autoridades identificaron a Jorge Luis General como el presunto cabecilla de la red. De acuerdo con las investigaciones, era el encargado de coordinar la logística para el trasiego de drogas y dinero. Además, era propietario de la empresa Magna Pesca, utilizada para justificar el movimiento de fondos provenientes del narcotráfico. Según el Registro Público, esta compañía tiene como presidente al propio Jorge Luis General.
En la residencia del imputado se encontraron 44 mil dólares en efectivo, mientras que cuatro embarcaciones vinculadas a él, valoradas en 400 mil dólares, también fueron decomisadas.
Las autoridades sostienen que estas eran utilizadas para movilizar tanto drogas como dinero.
El juicio ha sido suspendido en dos ocasiones anteriores por la falta de comparecencia de abogados defensores y de uno de los imputados.
