Costas por $70,000 tendría que pagar la empresa Panama NG Power S.A. al abogado Moisés Bartlett Quiel. Así lo resuelve la sentencia N° 37, emitida el pasado 20 de junio por el juzgado segundo de lo civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.
En este caso, el demandante terminó condenado a pagar costas. La empresa Panama NG Power S.A., a través de su representante legal, Alfredo Vallarino Alemán, había presentado una demanda en contra de Bartlett Quiel por una supuesta afectación a la reputación y daños morales en su contra. Dicha demanda fue admitida en septiembre de 2021.
NG Power señalaba a Bartlett Quiel de “generar incertidumbre” y “desconfianza” a través de cartas a personas con “interés económico” en transacciones comerciales entre esa empresa y Generadora Gatún S.A., una acusación que sería desestimada, según queda expuesto en los vistos de la sentencia.
No obstante, las transacciones en cuestión datan del año 2013, cuando NG Power ganó una licitación con un contrato para suministrar energía de 550 megavatios por 20 años, que vendería a distribuidoras eléctricas.
La licitación también alcanzaba la construcción de una planta de generación de 670 megavatios, que generó inicialmente el interés de más de 20 empresas, pero al final solo se presentó un proponente: Panamá NG Power, cuya cara visible era el comerciante mayor Alfredo Mello Alemán. Las demás empresas tenían interés pero no acudieron por cambios en los pliegos a última hora, de acuerdo con publicaciones de La Prensa.
NG Power incumplió con la entrega de su cierre financiero en 2014, lo que llevó a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) a cancelar su licencia. Sin embargo, un fallo de la Corte Suprema en 2015 le permitió recuperarla, y en 2016 la ASEP declaró vigente la licencia.
Pese a que NG Power debía comenzar a despachar energía en 2017, enfrentó múltiples tropiezos. El contrato que ganó en licitación del 2013 terminó en manos de Generadora Gatún S.A., un grupo en el que participaba la empresa estadounidense AES Corporation con un 24% de las acciones.
En 2021, el gobierno del expresidente Laurentino Cortizo, anunció que la construcción de la planta se llevaría a cabo por un consorcio conformado por InterEnergy Group (51% de participación accionaria), el Estado (25%) y AES (24%).
Bartlett Quiel indagó sobre las transacciones de la empresa para el desarrollo del proyecto ante la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) y otras instancias, algo que el no acreditó como actuaciones fuera del derecho ciudadano, algo que argumentaba NG Power.
“Las acciones efectuadas por el señor Bartlett Quiel (...) no escapan del derecho ciudadano que le otorga la constitución y la ley panameña para interponer las consultas, quejas, reclamos o acciones que considere necesarios en su beneficio de la sociedad”, detalla la sentencia.
Las solicitudes de información de Bartlett Quiel sobre el proyecto no constituyeron un intento expreso de difamación, según se argumentó en la sentencia.
Esta demanda era la última que quedaba pendiente de resolver en contra de Bartlett Quiel por parte de NG Power, puesto que anteriormente fracasó una por supuesta extorsión.
