Las periodistas Irma Planells y Dalia Pichel creadoras del Observatorio de Femicidios, en este entrevista ofrecen un análisis detallado sobre los crímenes de esta naturaleza ocurridos en Panamá durante el 2024. Su labor, que combina información oficial con registros de medios de comunicación, ofrece una visión profunda sobre el problema de la violencia de género en el país.
El observatorio nació en 2020 como una iniciativa periodística basada en datos, con el propósito de visibilizar los femicidios y documentar cada caso de manera rigurosa. Utilizan información del Ministerio Público, complementada con reportes de la prensa, para brindar un panorama más amplio y detallado sobre estos hechos.
Irma y Dalia cuentan que la iniciativa comenzó a operar con un microfondo otorgado por el Centro Internacional para Periodistas, el cual permitió cubrir los costos iniciales, como el diseño del sitio web. Desde entonces, su financiamiento depende de pequeñas recaudaciones, la última realizada en 2021. Al operar bajo un esquema de voluntariado, los gastos operativos son bajos y su principal esfuerzo está dirigido a recopilar y difundir información mediante redes sociales y un informe anual.
Gracias a un acuerdo con el Ministerio Público, el observatorio accede a datos desglosados que incluyen la edad de las víctimas, la metodología del crimen y la provincia donde ocurrieron. Esta información, argumentan, se complementa con notas de prensa y registros periodísticos sobre aprehensiones y condenas. La recolección de datos es un proceso manual, que requiere una revisión minuciosa de cada caso para generar estadísticas precisas.
Las creadoras del sitio también afirman que el Ministerio Público clasifica los casos en tres categorías: femicidios, tentativas de femicidio y muertes violentas de mujeres. Algunas de estas últimas podrían ser femicidios, pero la clasificación oficial puede tardar en confirmarse. En ocasiones, añaden, los medios de comunicación reportan casos con características de femicidio que aún no han sido reconocidos oficialmente como tales. El observatorio revisa estos casos y los contrasta con la entidad judicial. En algunos escenarios, las cifras iniciales cambian con el tiempo, pues una muerte violenta podría ser reclasificada como femicidio meses después.
Las cifras de 2024 reflejan un aumento del 60% en comparación con el año anterior, con ocho casos adicionales. En total, se documentaron 23 femicidios y un transfemicidio. A pesar del incremento, la tendencia general se ha mantenido estable desde 2014, con un promedio de 22 casos anuales. No obstante, han ocurrido años atípicos, como el 2020, cuando se registraron 31 femicidios debido a hechos como la masacre del Terrón y la del Búnker de Colón.
En cuanto a la distribución geográfica, ellas narran que ocho femicidios de 2024 se reportaron en la capital, lo que coincide con la densidad poblacional. Sin embargo, todas las provincias han registrado casos en diferentes periodos. Durante este año, no se reportaron en Herrera, Los Santos ni algunas comarcas.
Las periodistas también hablaron del perfil más común de las víctimas. Corresponde a mujeres jóvenes, de entre 20 y 39 años, atacadas por personas cercanas, en su mayoría parejas o exparejas. Históricamente, los femicidios se han cometido mayormente con armas blancas, pero en 2024 se registró un aumento en el uso de armas de fuego. La mayoría de estos crímenes ocurren en espacios familiares, como la vivienda de la víctima o su lugar de trabajo.
Un dato alarmante es que comparten es que al menos 20 menores de edad quedaron huérfanos de madre a causa de femicidios en 2024. Muchas de las víctimas eran madres y, en algunos casos, fueron asesinadas frente a sus hijos. Esta situación genera graves consecuencias emocionales para los niños y plantea interrogantes sobre su futuro, ya que algunos quedan bajo custodia del Estado o de familiares.
Otro dalo relevante: el año pasado hubo dos víctimas menores de edad, incluyendo una niña de dos años asesinada por un familiar indirecto.
El avance de los casos
Irma y Dalia también contaron que el observatorio también monitorea el avance de los procesos judiciales. En 2024, solo se registraron dos condenas. De los 24 casos documentados, en 15 el sospechoso fue aprehendido y se encuentra en proceso judicial. Sin embargo, en siete casos aún no se han producido detenciones, lo cual resulta inquietante, especialmente porque muchas de las víctimas habían denunciado violencia previa y recibieron amenazas de sus agresores.
Un patrón observado en algunos femicidios es el suicidio del agresor tras cometer el crimen. No obstante, en 2024 no se registraron casos con esta característica.
Las condenas por femicidio suelen resolverse mediante acuerdos de pena, un mecanismo que agiliza los procesos judiciales y reduce costos tanto para el Estado como para las familias de las víctimas. Aunque estos acuerdos pueden ser una solución para evitar juicios prolongados y traumáticos, su impacto en la percepción de justicia varía. Algunas familias los aceptan para garantizar una condena rápida, mientras que otras consideran que disminuyen la gravedad del crimen y promueven la impunidad.
Además del dolor por la pérdida de un ser querido, muchas familias enfrentan dificultades al asumir la responsabilidad de menores que quedaron en situación de vulnerabilidad tras el femicidio de sus madres.
Por último coincidieron en que la labor del Observatorio de Femicidios sigue siendo crucial para visibilizar esta problemática, exigir justicia y contribuir a una sociedad más informada y consciente de la violencia de género en Panamá.
