Poco antes de que se reprogramara el juicio del caso Odebrecht, considerado el caso de corrupción y lavado de dinero más emblemático de los últimos tiempos, el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales desarrolló otra diligencia.
Juramentó a los peritos del Ministerio Público dentro del proceso derivado de dos demandas civiles que el Ministerio de Seguridad Pública presentó en septiembre de 2023 contra los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2024) y Juan Carlos Varela (2014-2019), por supuestos “daños materiales y morales causados al Estado” en el caso Odebrecht.
Los peritos forenses deberán rendir un informe a la juez Baloisa Marquínez sobre la cuantificación de los daños ocasionados al Estado panameño, es decir, deberán determinar el monto que cada imputado deberá resarcir al Estado por los daños a la imagen del país.
En septiembre de 2023, cuando se presentó la demanda, a Martinelli se le exigió una indemnización de $159 millones y a Varela, $30 millones. En el documento, el abogado Carlos Muñoz Pope, actuando como apoderado de Juan Manuel Pino, entonces ministro de Seguridad Pública, exigió a Martinelli $59 millones por presunto daño material y otros $100 millones por supuesto daño moral. A Varela le reclamó $10 millones por presunto daño material y $20 millones por supuesto daño moral.
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Fuentes ligadas al proceso informaron a La Prensa que el próximo lunes 27 de enero, los peritos deben presentar su primer informe.