Ocho días antes de que el magistrado Cecilio Cedalise admitiera un amparo de garantías constitucionales en contra de las apelaciones anunciadas por el Ministerio Público en el caso New Business, el fiscal especializado contra la Delincuencia Organizada, Emeldo Márquez, presentó por escrito su recurso en el que sustenta por qué había que condenar a seis de los 10 imputados absueltos en primera instancia.
Según el fiscal Márquez, la juez penal Baloisa Marquínez no valoró en debida forma las pruebas y testimonios presentados durante el juicio, que se celebró del 23 de mayo al 2 de junio pasado, en contra de los imputados Vernon Salazar Zurita, Gonzálo Germán Gómez Wong, Iván Clare, Aaron Mizrachi y los hermanos Nicolás y José Carlos Corcione Pérez Balladares. Todos ellos (y cuatro más) fueron absueltos del delito de blanqueo de capitales por la juez, el 18 de julio. Por estos mismos hechos, Marquínez sí condenó al expresidente Ricardo Martinelli y otros cuatro imputados.
Casi tres meses después de que la juez dictó su sentencia, el fiscal Márquez presentó su apelación el pasado 10 de octubre. Alega que Marquínez no valoró todas las pruebas que acreditan la participación de Salazar, Gómez, Clare, Mizrachi y los hermanos Corcione en el esquema utilizado para blanquear los fondos públicos que se utilizaron para adquirir las acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa) en diciembre de 2010, cuando Martinelli era gobernante.
Esos dineros correspondía a pagos que el Estado había hecho a sus contratistas y que fueron desviados a una cuenta canasta a nombre de la sociedad New Business, a fin de adquirir Epasa.
Vernon Salazar y Condotte Panamá
Vernon Salazar es el imputado absuelto que, a través de su abogado William Parodi, presentó el amparo de garantías admitido por Cedalise.
Salazar era empleado de la firma de abogados Quijano y Asociados cuando ocurrieron los hechos objeto de la investigación. La juez Marquinez consideró en su fallo que no había evidencias o un hilo conductor que vinculara a este imputado con el delito de blanqueo de capitales, dado que solo actuó como representante legal de Condotte Panamá, la sociedad que suscribió un contrato con el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), por $44.7 millones, para la construcción de la Ciudad Deportiva de Colón, una obra inconclusa hasta el día de hoy.
Marquínez sostiene que Salazar no tenía por qué saber que Condotte Panamá estaba vinculada a actividades ilícitas, ya que a esa sociedad se le había hecho la debida diligencia y no se había encontrado nada irregular.
Sin embargo, el fiscal Márquez recalcó que Salazar firmó el contrato con Pandeportes en junio de 2012 y abrió la cuenta bancaria que recibió un anticipo de $600 mil, que supuestamente eran para realizar la obra, pero que Condotte entregó a Global Office Corp. La plata terminó en la cuenta canasta de New Business. Para Márquez, eso prueba la participación de Salazar en el esquema de blanqueo.
Una auditoría de la Contraloría General detalló que, en total, Condotte Panamá recibió $10.7 millones en adelantos por el proyecto con Pandeportes, pero el dinero fue utilizado en otras actividades que no guardan relación con esa obra.
El fiscal agregó que Salazar, además de ser el representante legal y presidente de Condotte Panamá, tenía amplias facultades para firmar documentos. También figuró en el arbitraje que posteriormente la empresa presentó contra Pandeportes, por el contrato de la Ciudad Deportiva de Colón.
Gonzálo Gómez, de Excavaciones del Istmo
En lo que respecta a Gonzálo Gómez Wong, beneficiario de la empresa Excavaciones del Istmo, el fiscal Márquez recordó el testimonio del testigo protegido identificado como FECDO-010-2020, que bajo juramento aseguró que presenció cuando el expresidente Martinelli, declarado culpable en este caso, solicitó a varios contratistas del Estado que aportaran dinero para la compra de Epasa. En ese grupo de empresas estaba Excavaciones del Istmo.
Excavaciones del Istmo recibió un contrato por $27.8 millones para la rehabilitación de caminos en la provincia de Panamá Oeste. Un adelanto de $2 millones que recibió como parte de ese contrato fue depositado en la sociedad Factor Global y luego en la cuenta canasta de New Business.
Financial Pacific-High Spirit
El fiscal Márquez también objetó la decisión de la juez Marquínez de absolver al gerente y vicepresidente de la liquidada Financial Pacific (FP), Iván Clare, y a Aaron Mizrachi, cliente de esa casa de valores y beneficiario de High Spirit Overseas Ltd., sociedad que tenía una cuenta de inversión en FP.
Según el fiscal, la cuenta de High Spirit fue utilizada para desviar fondos que eventualmente fueron depositados en New Business, dineros que -según Márquez- proceden de actividades relacionadas con delitos financieros, situación que llevó a la Superintendencia del Mercado de Valores a presentar una denuncia.
Detalló que, producto de esta actividad, se transfirió la suma de $2 millones, que fueron ingresados a la cuenta High Spirit a través de FP y que luego llegaron a New Business.
El fiscal reclamó que la juez no valoró la declaración indagatoria de Mizrachi, en donde él mismo acepta que Martinelli le preguntó si quería participar en la compra de Epasa, invitación que él declinó. Lo que sí hizo Mizrachi fue permitir que utilizaran la cuenta de High Spirit para recibir fondos que eventualmente se utilizaron para adquirir las acciones de la editora. Mizrachi no pudo justificar la procedencia de $2 millones que Bank Audi transfirió a High Spirit y esta, a su vez, los entregó a New Business.
Los Corcione y Grupo Clio
En cuanto a Nicolás y José Carlos Corciones Pérez Balladares, el fiscal Marquez recalcó que en la investigación quedó acreditada la vinculación de ambos en el ilícito.
En 2010, Grupo Corcione se adjudicó un contrato para el diseño, construcción y dotación de equipo electrónico para el nuevo edificio de la Asamblea Nacional. Como adelanto por ese contrato, la empresa recibió $1.9 millones. Ese dinero, según la investigación, fue transferido a Grupo Clio (una sociedad controlada por los Corcione) y, finalmente, depositado en la cuenta de New Business.
El fiscal reconoció que no hay una auditoría por parte de la Contraloría, pero que sí existe un indicio grave de la comisión de un acto ilícito.
Según el fiscal, que se dicte un sobreseimiento provisional no significa que el caso está cerrado, sino que se requieren más evidencias para avanzar en la investigación.
Además, planteó que la declaración del testigo protegido FECDO-01-2020 precisa que Grupo Clio está entre las empresas a las que Martinelli solicitó colaboración para comprar Epasa.
La fiscalía no apeló las absoluciones a favor de Leo Cohen Mugrabi y Marcos Ángel Acrich. También mantuvo su petición de absolver a Salomón y Jack Btesh.
Fuentes judiciales confirmaron que los abogados defensores también presentaron sus escritos de oposición a la apelación de la fiscalía, en las que precisan que la juez Marquínez realizó una valoración justa e imparcial de las evidencias.
Algunos de los abogados defensores alegan que la fiscalía no ha acreditado la existencia de un delito precedente al blanqueo de capitales. También reclaman que a sus clientes se les quiera vincular a casos de peculado que fueron cerrados o en los que ya se ha dictado un sobreseimiento provisional.
La apelación de la fiscalía y la oposición de los abogados defensores están en manos del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, aunque Cedalise ordenó que se suspenda cualquier gestión del recurso presentado por el fiscal Márquez, hasta que se resuelva el amparo de Vernon Salazar.
El amparo
El amparo presentado por William Parodi, abogado Salazar, el pasado 6 de octubre, es contra el Auto 34 del 6 de septiembre 2023, expedido por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, que acogió un recurso de hecho presentado por el fiscal Márquez, que le permitió apelar las absoluciones dictadas a seis de los imputados.
El amparo quedó radicado en el despacho del magistrado Cecilio Cedalise, quien el 18 de octubre lo admitió y dispuso la “suspensión inmediata” de la orden impugnada, es decir, el Auto 34 de 2023.
Cedalise ha sido protagonista de algunas polémicas, que iniciaron incluso antes de que tomara posesión del cargo, cuando se conoció que su hijo Christian estaba ligado a casos de drogas y por tenencia ilegal de armas. El año pasado, Christian Cedalise fue condenado a 84 meses de prisión por un delito relacionado con drogas.
En noviembre del 2021, el magistrado Cedalise perdió la ponencia de una demanda de inconstitucionalidad presentada por la defensa de Martinelli, con el que se pretendía invalidar el proceso seguido al exmandatario por el caso pinchazos. Por este caso, Martinelli fue finalmente declarado no culpable.
Cedalise había elaborado un proyecto de fallo favoreciendo los argumentos presentados por los abogados de Martinelli, pero ese documento se filtró a los medios de comunicación, lo que generó un revuelo mediático y llevó a que el magistrado presentara una denuncia ante el Ministerio Público.
En 2022, Cedalise fue recusado por el procurador de la Administración, Rigoberto González, dentro de la demanda de indemnización presentada por Abdul Waked contra el Banco Nacional de Panamá y el Estado panameño, por la suma de $1,268 millones. En esa ocasión, González alegó que el magistrado había emitido conceptos que afectaban su imparcialidad. Esa recusación fue rechazada por el resto de los magistrados de la Sala Tercera Contencioso Administrativa.
A Cedalise se le vence su mandato de 10 años como magistrado de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, el 31 de diciembre de 2015.
