El procurador de la Nación, Luis Carlos Gómez, insistió ayer en que el Ministerio Público no se encuentra atado a los informes de auditoría de la Contraloría General de la República para comprobar la responsabilidad penal en casos en los que se ven involucrados recursos de instituciones públicas.
Gómez, quien participó de la inauguración del Congreso Internacional contra la Criminalidad Organizada y la Corrupción, dijo discrepar con la opinión del Contralor Anel Bolo Flores, quien aseguró que las auditorías de la Contraloría son la pieza fundamental en la investigación de los delitos contra la administración pública. Gómez acotó que existen múltiples instrumentos probatorios que los fiscales pueden usar en estos casos.
En la actividad, en la que se discutirán temas como instrumentos de la justicia para prevenir la corrupción que se implementan en otros países, el funcionario remarcó que el artículo 220 de la Constitución Política precisa que las atribuciones del Ministerio Público son las de perseguir los delitos y que sus funcionarios son quienes acreditan los hechos punibles y exigen responsabilidad ante los tribunales.
También explicó que el Código Procesal Penal establece la libertad probatoria, por lo que “de ninguna forma estamos atados a los informes de auditoría de la Contraloría”, y aseguró que su despacho solo busca dar mayor agilidad a las investigaciones en este tipo de casos.
La reafirmación de lo que establece el Código Procesal Penal sobre libertad probatoria era una de las propuestas presentadas por el procurador Gómez en uno de los dos proyectos de ley Anticorrupción rechazados por la Asamblea Nacional este martes 28 de octubre. Específicamente en el artículo 7 del proyecto de ley 291, en el que se establecía que: bastará la presentación de una auditoría realizada por las propias instituciones como prueba, sin requerir el refrendo de la Contraloría General de la República, para la acreditación o validez de sus efectos en el proceso penal.
El proyecto contemplaba que las auditorías necesarias para acreditar los hechos delictivos podrán ser practicadas por servidores públicos de entidades estatales, autónomas y semiautónomas; universidades oficiales; miembros de los entes policiales y del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, conforme al principio de libertad probatoria, y facultaba a los fiscales para realizar investigaciones patrimoniales a personas naturales o jurídicas, con el objetivo de identificar activos no justificados, ordenar la aprehensión provisional de bienes, declarar una causa compleja y mantenerla en reserva por hasta 30 días.
A su vez permitía el uso de acuerdos de pena como herramienta en la investigación de delitos contra la administración pública. En estos casos se introduce la figura del acuerdo reparatorio, mediante el cual el investigado, además de aceptar su responsabilidad, se compromete a restituir bienes al Estado y rendir testimonio en juicio.
Gómez insistió en que esta iniciativa, como el resto de las que fueron presentadas a la Asamblea Nacional, son necesarias para enfrentar el avance de los casos anticorrupción, cuya investigación requiere de técnicas de investigación novedosas, además de dotar de celeridad los procesos.
La Asamblea Nacional también rechazó el proyecto de Ley 292 presentado por Gómez que aumentaba las penas de prisión en delitos de peculado, concusión y enriquecimiento injustificado.
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Gómez ha insistido en realizar cambios en el Ministerio Público para mejorar la labor investigativa. Entre otras cosas anunció la creación de una tercera fiscalía especializada contra la delincuencias organizada, que se encargará de investigar casos de blanqueo de capitales y delitos financieros.
Sostuvo que la criminalidad organizada es una actividad que opera corrompiendo toda la estructura social, fomentando la corrupción, generando inestabilidad social y que se aprovecha de la debilidad social.
Reconoció que la corrupción es el principal sostén de las actividades criminales y garantiza la impunidad de quienes participan de ella. No obstante, consideró que la institución a su cargo continuará con la implementación de nuevas técnicas de investigación para la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
Por su parte la magistrada presidente de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, reconoció que la criminalidad organizada y la corrupción son grandes amenazas para la seguridad ciudadana.
López afirmó que se trata de fenómenos que trascienden fronteras y que ocasionan un grave daño al tejido social, por lo que deben ser enfrentados con decisión. Apuntó que se necesita de la articulación de los organismos de investigación y judiciales para combatir estos flagelos.
