El procurador Luis Carlos Gómez presentó en la mañana de este jueves, 24 de julio, dos proyectos de ley que buscan endurecer las penas por delitos contra la administración pública, en especial en actos de corrupción relacionados con la administración de bienes públicos.
Durante su comparecencia ante el Pleno de la Asamblea, Gómez enfatizó que la corrupción es un “cáncer que corroe los cimientos del estado de derecho y erosiona la confianza de los ciudadanos” con relación a la administración de los recursos del Estado.

Sostuvo que la corrupción tiene un impacto “devastador” perpetuando la inequidad que evidencia una debilidad institucional en la persecución de estos delitos.
El primer proyecto consiste en una Ley General Anticorrupción y en la reforma de algunos artículos del Código Penal, para establecer un marco jurídico que cierre las brechas que permiten que la corrupción evolucione y evada la acción penal.
El proyecto incluye la adopción de nuevas técnicas de investigación para hacer frente a la delincuencia que se infiltra en la administración pública.

El segundo proyecto de ley está enfocado en el aumento de penas en delitos que en la actualidad mantienen sanciones irrisorias y permiten su prescripción en lapsos muy breves.
Se busca sancionar de manera proporcional los casos de delitos como tráfico de influencias, soborno y corrupción.