El pasado jueves, un tribunal de Argentina dictaminó que Irán fue el autor intelectual del atentado del 18 de julio de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), un centro comunitario judío en Buenos Aires, donde murieron 85 personas.
El fallo, que se dio en momentos de altas tensiones entre Irán e Israel, tiene especial importancia para Panamá, donde un día después, el 19 de julio, estalló, minutos después del despegue, la aeronave HP-1202AC de Alas Chiricanas con 21 personas a bordo, incluyendo al presunto terrorista.
El vuelo 901, ocupado en su mayoría por empresarios de la Zona Libre de Colón, había salido del aeropuerto Enrique A. Jiménez en Colón con destino a la capital.
En Panamá se manejaron dos hipótesis: que eran los carteles de narcotraficantes colombianos y que había sido un ataque terrorista por parte de algún grupo radical islámico. Las investigaciones no avanzaron y la carpeta del caso fue cerrada.
Pero en agosto de 2019, una fiscalía solicitó al Tribunal Superior la reapertura de las investigaciones, después de que el 20 de noviembre de 2017, el entonces presidente Juan Carlos Varela recibiera una carta del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, en la que informaba que la inteligencia de su país confirmaba que el grupo terrorista Hizbulá estaba detrás del atentado.
En 2020, el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) emitió una nota de búsqueda de Ali Zaki Jalil como una persona que podría tener información sobre este atentado en el que viajaban ciudadanos de Panamá, Israel, Estados Unidos y Colombia.
Lo más reciente del caso fue que el 22 de agosto de 2023, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial autorizó al Ministerio Público una prórroga “hasta que se agote la investigación” del llamado caso Alas en Panamá.
En el caso de Argentina, los investigadores creen que agentes y altos funcionarios iraníes desempeñaron un papel clave en los atentados. Además, el reciente fallo de Cámara Federal de Casación del país suramericano permitiría a los familiares de las víctimas presentar algún tipo de demanda ante tribunales internacionales.
Juan Antonio Tejada, fiscal primero superior entre 1995 y 2001 y quien le tocó asumir las investigaciones luego de las primeras pesquisas en Colón, dice que en Panamá nunca se habían dado eventos como este, por lo que había poca experiencia en estos temas que requieren colaboración internacional.
En cambio, en Argentina, ya se investigaba un atentado de 1992 contra la embajada israelí en Buenos Aires, en el que murieron 22 personas.
“Para nuestro país resulta importante y relevante que el tribunal haya autorizado al Ministerio Público que continúe con las investigaciones hasta agotarlas”, expresó el ex fiscal Tejada.
En ambos casos, dijo, “el dolor de los familiares se extiende en el tiempo”.
