Este lunes 20 de enero, luego de varias suspensiones, recursos, tácticas dilatorias, fueros, conducciones y asistencias judiciales, 26 personas serán enjuiciadas en Panamá por presuntamente blanquear las coimas de Odebrecht, la constructora brasileña que una vez fue la principal contratista del Estado panameño.
Originalmente, en el Auto Mixto 9 del 7 de noviembre de 2022, la juez liquidadora de causas penales Baloisa Marquínez había llamado a juicio a 36 personas, 10 de los cuales no concurrirán este lunes, por diferentes motivos. Por ejemplo, hay cuatro que serán ahora procesados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ya que en las elecciones del 5 de mayo de 2024 adquirieron la condición de diputados.
Se trata del expresidente de la República, Juan Carlos Varela, y del exministro de Obras Públicas, Jaime Ford Castro, miembros principales del Parlamento Centroamericano (Parlacen). En tanto, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares son parlamentarios suplentes. Ricardo Alberto es, además, suplente en la Asamblea Nacional del diputado Tomás Benavides.
Tampoco se dejarán ver por el tribunal Danna Harrick Atie y la abogada Evelyn Vargas Reynaga. Ambas están prófugas. La primera nunca ha comparecido personalmente y la segunda pactó un acuerdo in extremis con la fiscalía, que conlleva una pena de 40 meses de cárcel por el caso Odebrecht y otros 40 meses por el caso Blue Apple. Hasta donde se sabe, todavía no ha ingresado a prisión.
Tampoco se presentarán los estadounidenses Paulo César de Miranda y Barry William Herman; la brasileña Liz Elena De Sousa, y el español Javier Díaz Torres. Un imputado falleció ya: el uruguayo Andrés Sanguinetti.
¿Por qué están llamados a juicio? ¿Qué fue lo que encontró la Fiscalía Especial Anticorrupción? ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo gestionaron, recibieron y escondieron los sobornos que Odebrecht confesó haber repartido, a cambio de contratos con el Estado? ¿De qué manera operó el entramado de cuentas offshore y sociedades anónimas (Constructora Internacional del Sur, Aeon Group, Klienfield Services, Kadair Investment, entre otras) utilizado por la Oficina de Operaciones Estructuradas para canalizar las coimas, a través de los sistemas financieros de varias jurisdicciones?
Aquí lo explicamos, conforme aparecen en el auto de llamamiento a juicio.
José Domingo Arias
Fue ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial en el gobierno de Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014). Gracias a las asistencias judiciales de Estados Unidos, Brasil y Andorra, se probó que Odebrecht financió la campaña electoral de Cambio Democrático (CD) de 2014. Arias era el candidato presidencial. Para hacer los pagos, Odebrecht utilizó cuentas manejadas por los esposos y publicistas brasileños Joao Santana y Mónica Moura, de Polis América, contratados por CD. Santana declaró bajo juramento que: “En verdad, fue el presidente Martinelli quien nos invitó, quien nos contrató y refirió que Odebrecht sería responsable por parte del pago de esa campaña”.
Moura, por su parte, especificó que se diseñó una campaña por $21 millones, de los cuales CD pagaría $3.5 millones. El resto de la cuenta la asumiría Odebrecht. Esa información fue confirmada por André Rabello, el intendente de Odebrecht en Panamá en aquella época. Se utilizaron sociedades “fachadas” y se simularon contratos para justificar los pagos a los publicistas. Parte del dinero fue a parar a José Domingo Arias 2014, S.A., sociedad creada y controlada por el entonces candidato presidencial de CD.
Rodrigo Díaz Paredes
Fue miembro del CEN del Partido Revolucionario Democrático y uno de los principales ejecutivos de Mundial de Valores, empresa que recibió dinero de la Caja 2 de Odebrecht. Mundial de Valores administraba un puesto de bolsa y los dineros enviados por Odebrecht fueron a parar a las cuentas de inversión de sus clientes Inversora Villa Loly y Logaro, S.A., ambas controladas por Díaz Paredes. “Ambas cuentas totalizan $11.7 millones de dinero recibido de manera ilícita”, está anotado en la página 179 del auto de llamamiento a juicio firmado por la juez Marquínez.
Federico José Suárez Cedeño
Fue ministro de Obras Públicas entre 2009 y 2012. En su contra está el testimonio del abogado Mauricio Cort, quien tenía un negocio denominado Cort Business Brokers & Consultors Inc. Cort declaró que fue contactado por Suárez para que recibiera dinero “fuera de las jurisdicción panameña”. Suárez le dijo que los pagos eran por la terminación de la relación societaria entre los grupos Martinelli y Suárez, pero después supo que esa plata procedía de Odebrecht. El exministro simuló la compra de propiedades (como un apartamento en el PH Mediterraneo Loft, en vía Argentina, un proyecto inmobiliario propiedad de su familia) para ocultar el origen de los fondos.
Además, se destaca que bajo su mando, el MOP adjudicó a Odebrecht las obras denominadas cinta costera III y patrimonio histórico, y aceleró los pagos por la adenda del proyecto de la autopista Madden-Colón.
Demetrio ‘Jimmy’ Papadimitriu
Ministro de la Presidencia (2009-2012). Recibió fondos de Odebrecht a través de sociedades y cuentas propiedad de sus padres.
André Rabello contó que acordó la supuesta compra de arena a una empresa del padre de Papadimitriu. Los pagos se hicieron a cuentas en la Banca Privada de Andorra (BPA), a nombre de sociedades en las que los padres del entonces ministro figuraban como dignatarios. Según un informe de la Policía de Andorra, Odebrecht desembolsó al menos $4.3 millones.
Riccardo Francolini Arosemena
Exbanquero y socio de Martinelli Berrocal y presidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros 2009-2014.
La investigación probó que Francolini es el beneficiario de varias sociedades que recibieron fondos de Odebrecht, en cuentas fuera de Panamá. Solo una sociedad (Fidcross Holding) captó $4 millones.
Llama la atención la declaración de Ramón Carretero Napolitano, que le contó a los fiscales que permitió que Odebrecht transfiriera fondos a una cuenta suya en un banco chino. Luego movió la plata a la cuenta en Panamá de Corporación Logística del Caribe, S.A., también de su propiedad. Carretero contó que participó en esta triangulación porque se lo pidió Francolini. Al final, era él quién giraba las instrucciones y disponía de los dineros.
Francolini también era cliente de Cort Business Brokers & Consultors. La firma de Cort recibía la plata de Odebrecht en una cuenta en BPA y luego la transfería a una sociedad en la que Francolini tenía 33% de participación (y en la que también tenía interés Suárez).
Cristina Lozano Bonet, Fransec Pérez Gimenez y Jaume Pamies Dolade.
Todos están ligados a BPA Serveis, una filial de BPA. Una de sus principales funciones era buscar y comprar las sociedades offshore que el banco ofrecía a sus clientes. Participaron en la triangulación para encubrir el origen de los fondos y la identidad de los beneficiarios finales. Lozano y Pérez son andorranos y residen en el principado. Pamies es español, aunque también vive en Andorra. La actuación de los tres quedó documentada en las delaciones de cuatro ejecutivos de Odebrecht y de los testaferros confesos de Frank De Lima, Danna Harrick y Ricardo Alberto Martinelli Linares. También aportó información el imputado Roberto Brin.
Juan Carlos Rosas O’Donell, Rosa Mari Molino y Jorge Alberto Rosas Rodríguez
Abogados y miembros de Rosas & Rosas, agentes residentes de Constructora Norberto Odebrecht. Las cuentas de la firma fueron utilizadas para pagar la planilla de la constructora, pero también para triangular dinero de la Oficina de Operaciones Estructuradas. Rabello contó que con esa plata se le pagaba a los funcionarios de “bajo rango”: fiscalizadores, topógrafos, etc. Nada de esto era contabilizado. A veces, Rosas & Rosas cobraba una tasa por este servicio.
Jorge Rosas ha sido diputado y miembro del partido Panameñista. En el expediente hay documentación aportada por la Asamblea Nacional, en la que consta que Rosas, como diputado, fue miembro de la Comisión de Presupuesto y votó a favor del traslado de créditos adicionales para la línea 1 del Metro, obra adjudicada a Odebrecht.
Francisco Pérez Ferreira
Abogado y accionista de Aragon Finance Corp. y Ascona Management Group Corp., ambas constituidas en BVI. Firmó documentos para abrir cuentas bancarias cuyos beneficiarios reales eran los hermanos Martinelli Linares. En ellas Odebrecht transfirió hasta $4 millones “de procedencia ilícita”.
Roberto Brin Azcárraga
Exjefe de compras de Importadora Ricamar.
Aparece como representante legal de Pachira Limited, una sociedad de Belice utilizada por los Martinelli Linares. A través de una cuenta en el BPA, Pachira recibió $16.2 millones de Aeon Group, según información aportada por la Policía de Andorra. Los delatores de Odebrecht consideran a Brin como un testaferro de los hijos del expresidente.
Navin Mohan Bhatka
Formó parte de una estructura societaria utilizada por los Martinelli Linares para adquirir un helicóptero con matrícula N1626L. Propietario de MTI Corporation, sociedad que giró un cheque de $814,000 para la compra del Eurocopter. La compra se completó con fondos de Aeon Group. El helicóptero fue registrado a nombre de Silver Wing Corporation. La tenedora del 100% de las acciones de Silver Wing es Importadora Ricamar, según consta en el expediente.
Con el expresidente Martinelli y sus dos hijos, Bhatka es socio de Corporación Energía del Istmo. Esta sociedad utilizó dinero de la Caja 2 como garantía para pedir un préstamo de $10 millones en Global Bank.
Juan Francisco Mutio Cerdeira
Uruguayo, su vinculación al caso se da porque colaboró en la creación de la estructura financiera utilizada por Odebrecht para encubrir y transferir dineros ilícitos que salieron de la Caja 2 a diversas sociedades fachada. En papel, Mutio figura como beneficiario final y representante legal de Sherkson International, S.A.
María Isabel Cardona y Gonzalo Monteverde
Accionistas y beneficiarios de tres sociedades utilizadas para triangular los fondos de la Caja 2. Rodrigo Tacla Durán aportó documentos en los que consta que una de esas sociedades recibió casi $5.4 millones de proyectos estatales, como la autopista Madden-Colón, el Metro y el Aeropuerto de Tocumen.
Juan Antonio Niño Pulgar
Banquero y beneficiario de las cuentas de las sociedades Active Capital Holding y Active Capital Reinsurance, las cuales transfirieron dinero a Sherkson y Sigma Investment. Las sociedades se encuentran vinculadas al entramado utilizado por la Caja 2. El primer indicio contra Niño surge de una asistencia judicial remitida por Suiza, “de la cual se desprende que a la cuenta de Active Capital se le podía atribuir que pertenecía al círculo de Odebrecht y se utilizó con fines delictivos”.
Aurora Muradás Fraiz
Expareja de Martinelli Berrocal.
Odebrecht aportó una nota en la que detalla las órdenes de pago registradas en el sistema “Drousys” con el código “periquita”, a través de las sociedades de Ramón Carretero. Con esos dineros se hicieron pagos a mueblerías, boutiques y joyerías, para saldar las compras personales de Muradás, siguiendo instrucciones de Riccardo Francolini. Con esa plata, por ejemplo, se pagó un reloj Cartier de $36,000 y obras de arte por $85,000 en la Galería Habitante.
Rabello declaró que, además de Muradás, se hicieron pagos de la Caja 2 a favor de otras tres “periquitas” (María del Sol del Pilar Rivera Bigas, Linda Gesto Johnson y Úrsula Banz Vallarino) y de Fernando Carreiro Muradás (hijo de Aurora). Sin embargo, la juez Marquínez consideró que la fiscalía no pudo precisar “de manera efectiva” la procedencia de los fondos que finalmente llegaron a las cuentas de Rivera, Gesto, Banz y Carreira. Por tanto, dictó un sobreseimiento provisional a favor de los cuatro.
Frank De Lima Gercich
Ministro de Economía y Finanzas.
Se le atribuye el uso de tres sociedades (Herzone Overseas Limited, Ralfim Limited e Inversiones Joluma) para ingresar dineros ilícitos a Panamá, procedentes de Andorra. Rabello declaró que tenía un acuerdo con De Lima y su testaferro José Luis Saiz, para agilizar los pagos por los proyectos adjudicados a Odebrecht. Saiz pactó un acuerdo con la fiscalía, “en donde aceptó haber recibido los sobornos que estaban destinados al exministro Frank De Lima”, consta en la página 315 del auto de llamamiento a juicio de la juez Marquínez.
Olmedo Méndez, otro testaferro, también hizo señalamientos directos contra De Lima. Confesó haber firmado documentos en blanco, “ya que él confió en Frank De Lima”.
Jaime Lasso Del Castillo
Médico, lobista, exembajador en Corea del Sur y persona de confianza de Juan Carlos Varela.
Odebrecht realizó depósitos a Poseidon Enterprise y a la Fundación Don James, de Jaime Lasso, los cuales posteriormente fueron entregados a Juan Carlos Varela, como donaciones para la campaña electoral de 2009. Lasso contó que Odebrecht le entregó $700,000 para financiar un programa social de reproducción asistida. Rabello declaró que, en total, se depositaron unos $10 millones a sociedades de Lasso.
Cuando Lasso fue designado embajador, Odebrecht continuó la relación con su hija Michelle.
Michelle Lasso Barraza
Firmante y beneficiaria de Poseidon Enterprise y, como tal, firmó los documentos para abrir cuentas en Meinl Bank, un banco en Antigua utilizado por la Oficina de Operaciones Estructuradas. Indicó que seguía instrucciones de su padre, el cual le explicó que no podía figurar, ya que por su nombramiento como embajador había adquirido la condición de “persona políticamente expuesta” (PEP).
Michelle también se retiró del entramado porque fue acusada en Estados Unidos por blanqueo de capitales, en un caso de apuestas por internet que no guarda relación con Odebrecht.
Carlos Duboy Sierra
Ministro de Vivienda en el gobierno de Martinelli y extesorero del Panameñista.
Representante legal de Strategic Management Group, sociedad que recibió transferencia de la Caja 2, supuestamente como donación para gastos de campaña de Juan Carlos Varela. Hay declaraciones de personal del Tribunal Electoral que advierte que el Código Electoral prohíbe la triangulación de donaciones políticas, así como la recepción de fondos procedentes de empresas o sociedades que no operan en territorio nacional.
Aaron ‘Ronny’ Mizrachi Malca
Cuñado de Martinelli Berrocal.
Su sociedad Caribbean Holding Services Ltd., recibió dinero de Odebrecht, el cual posteriormente redireccionó a Martinelli Berrocal y sus hijos, Francolini, Varela y la sociedad José Domingo Arias 2014, S.A.
Ricardo Martinelli Berrocal
Presidente de la República 2009-2014.
Durante su gobierno, Odebrecht se adjudicó importantes contratos, como las cintas costeras 2 y 3, la línea 1 del Metro, la renovación urbana de Curundú, la terminal 2 del aeropuerto de Tocumen y varias obras de rehabilitación y ampliación de vías.
Recibió dinero de la Caja 2 de Odebrecht a través de las sociedades Richeliu Investment Company Inc. e Importadora Ricamar, así como a título personal. También utilizó a Caribbean Holding Services Inc., la sociedad de Ronny Mizrachi.
En su declaración indagatoria, en 2020, Mizrachi contó que recibió los dineros de Odebrecht a solicitud de Martinelli, “su cuñado desde hace 17 años”.
“Él me pide que por mi confianza y que era la única persona en quien él confiaba para recibir las donaciones que iban a ser más o menos de $3 millones para la campaña política y que él no confiaba en más nadie que en mí para recibirlas y luego entregárselas. Y le pregunto, ¿de quién voy a recibir esa cantidad de plata? Y me contestó: de Odebrecht y filiales”, declaró Mizrachi el 2 de septiembre de 2020.
Rabello le contó a los fiscales que cuando Martinelli hacía campaña como candidato presidencial, le citó a una reunión en sus oficinas en Importadora Ricamar. Ahí le dijo que sabía que el Estado debía unos $50 millones a Odebrecht, pero que no se preocupara, porque después de las elecciones se le pagaría hasta el último centavo.
En contra de Martinelli también está la declaración jurada de la publicista Mónica Moura (que contó que una vez el expresidente le entregó un maletín con $500,000 en efectivo) y también las de sus hijos (Ricardo Alberto y Luis Enrique), que le confesaron a un juez de Nueva York que recibieron al menos $28 millones en coimas de Odebrecht, siguiendo instrucciones de su padre.
Juan Carlos Espinosa Jiménez
Fue representante permanente suplente de Panamá ante la OMC, en Ginebra, y director general de Política Exterior de la Cancillería en el gobierno de Martinelli.
Su nombre no está en el auto de llamamiento a juicio de noviembre de 2022, ya que fue excluido de la audiencia preliminar que se celebró en septiembre de ese año, porque su defensa había presentado un amparo que, en aquel momento, no había sido respondido por la CSJ. Finalmente, en marzo pasado, se realizó la audiencia preliminar sobre su participación, con el consecuente llamamiento a juicio.
Socio del bufete Alves & Co., junto al excanciller Francisco Álvarez de Soto. Su nombre figura en representación de Badger Land Title Corp., la cual “recibe dinero ilícito de diferentes sociedades tanto de la controlada por Odebrecht [Innovation Research Engineering and Development Ltd.] como la controlada por los hermanos Martinelli Linares [Aragon Finance]”, según está anotado en la página 506 de la vista fiscal.
