Antonio Vargas, abogado del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), conversó con La Prensa sobre las detenciones y procesos judiciales que involucran a varios dirigentes del grupo. Asegura que detrás de estos casos hay “una persecución política” orquestada desde el Ejecutivo.
Según el jurista, las órdenes de aprehensión, tienen dos vertientes. “La vertiente jurídica y el contexto político que vive el país”, señala, aludiendo al clima de tensión generado por la Ley 462 que reformó el sistema de jubilaciones, la firma del Memorándum de Entendimiento con Estados Unidos y la posible reapertura de la mina.
Según Vargas, estas medidas han motivado al sindicato a “desarrollar acciones colectivas de protesta y de concientización”, hecho que de acuerdo a lo que explicó, han provocado la reacción del presidente de la República José Raúl Mulino, quien —afirma— ha demostrado “su odio, porque no tiene otra calificación, contra el movimiento sindical y en particular contra Suntracs y sus dirigentes”.
‘Herramienta de persecución política’
En este escenario, Vargas sostiene que las acusaciones contra Saúl Méndez, secretario general del Suntracs, se han usado como herramienta de persecución política: “En sus apariciones públicas lo ha tildado de mafioso, de terrorista, pero además ha dicho que los va a perseguir y los va a minimizar”.
Sobre los procesos judiciales en curso, Vargas describe que muchos datan de años atrás y “en su gran mayoría no tienen nada que ver con ninguna acción delictiva”.
Cita el caso de Jaime Caballero, investigado desde 2012 por un préstamo con el Banco de Desarrollo Agropecuario, que, afirma, ha sido “revivido” con cargos que califica de “incongruentes”. En el caso de Genaro López —detenido preventivamente y con audiencia de apelación pendiente— y de otros dirigentes como Saúl Méndez y Erasmo Cerrud, explica que se trata de un conflicto laboral por el pago de salarios caídos a trabajadores en huelga. “Un grupo no está de acuerdo y presenta una querella en 2022 que estaba prácticamente cerrada, por lo menos así nos expresó el fiscal de la causa en Changuinola porque no había delitos”.
Más detalles del caso aquí: El misterioso ‘Luis V’ y los depósitos a Jaime Caballero que investiga la Fiscalía
Sin embargo, Vargas denuncia que el procurador general “toma la decisión precisamente en el contexto de la lucha política” de reactivar el caso. “Un proceso que en aquel momento tenía nueve tomos, de los cuales ocho y medio eran pruebas nuestras, es traído al despacho del procurador y adjudicado a Crimen Organizado”, relata, y afirma que el expediente ha crecido a “más de 60 tomos, producto de allanamientos absurdos a locales sindicales y a la cooperativa”. Vargas sostiene que “la independencia del Ministerio Público está muy comprometida y el órgano judicial también”.
No obstante, en la investigación de La Prensa titulada Suntracs y las fincas en Red Frog: la historia de un acuerdo que terminó en un proceso judicial se narra que trabajadores, indemnizados por las empresas promotoras Pillar Construction, S.A. y Ocean Group International Inc. (antes Pillar Panamá, S.A.) tras el fallido proyecto turístico y residencial, recibieron como pago una villa y 13 lotes de terreno en lugar de dinero. Los inmuebles quedaron registrados a nombre de Suntracs.
Cuando los obreros reclamaron su parte, el sindicato hipotecó las propiedades como garantía de un préstamo de $3.1 millones con su propia Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs, R.L. —un esquema que el propio gremio podría calificar de “yo con yo”—. Esta cooperativa fue recientemente disuelta por el Ipacoop por supuestas violaciones a la Ley 23 de 2015, que regula la prevención del blanqueo de capitales.
El caso de blanqueo y las cuentas cerradas
Sobre el caso de blanqueo de capitales y el cierre de cuentas bancarias de Suntracs, Vargas denuncia que se cerraron “sin ninguna investigación respecto a malos manejos o dinero proveniente de fuente ilícita”. Según sus palabras, “en agosto de 2024 el Ministerio Público emitió una resolución cerrando la investigación por falta de prueba ya que se determinó que la fuente de los dineros que maneja la organización sindical son fuentes lícitas”.
A pesar de eso, critica que los bancos —tanto públicos como privados— siguen negándose a abrir cuentas, usando “el elemento reputacional” como pretexto.
En febrero de 2025, el Banco Nacional de Panamá comunicó al Suntracs que hacía valer la cláusula 17 del contrato de servicios, en la que establece que la entidad bancaria “podrá en cualquier momento y sin necesidad de que medie causa justificada, cerrar cualquier cuenta de depósito o de crédito”.
Lea aquí: Banco Nacional de Panamá confirma cierre de cuenta corriente y tarjeta de crédito a Suntracs
El asilo de Saúl
Consultado sobre el asilo político solicitado por Saúl Méndez en la embajada de Bolivia, Vargas explica que se debió a “persecución vehicular, amenazas de muerte y hostigamiento” que lo llevaron a temer por su vida.
“El día que él toma la decisión de asilarse, estaba siendo perseguido por un vehículo particular a bordo de cuatro personas en civil”, asegura. Según Vargas, la embajada boliviana —tras recibir pruebas de la situación— concedió el asilo.
Sin embargo, el canciller Javier Martínez Acha dijo el pasado miércoles que el Gobierno panameño no ha recibido comunicación oficial de Bolivia, respecto a la solicitud de asilo de Méndez.
La detención de Genaro López
Vargas sostiene que la detención preventiva contra Genaro López es injustificada: “No hay delito, no había justificación para la imputación y mucho menos para la imposición de una medida cautelar tan agresiva”. Resalta además que López “tiene arraigo familiar, arraigo laboral” y “no hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas”.
En el plano internacional, Vargas detalla que el sindicato ha recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Comité de Libertad Sindical de la OIT, que, según afirma, ya emitió un informe preliminar advirtiendo que las acciones contra Suntracs “violan la libertad sindical”.
“Panamá hoy está dentro de los 24 países mundiales que la OIT va a sentar en el banquillo de los acusados en función de la violación de la libertad sindical”, sostiene.
