El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la decisión del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales que dictó un veredicto absolutorio a favor de 14 personas, entre ellas cinco exministros de Estado, por la presunta comisión del delito de peculado en el alquiler de helicópteros a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Mediante un fallo fechado el 18 de marzo de 2025, los magistrados del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales estimaron que el informe de auditoría presentado por la Fiscalía Anticorrupción no era concluyente, presentaba dudas y carecía de la información suficiente para establecer algún grado de responsabilidad en cuanto al alquiler de los helicópteros por parte de diversas entidades públicas.
El fallo del tribunal también destacó que los argumentos aportados por la fiscalía en el escrito de apelación no eran congruentes con los elementos procesales aportados en el expediente.
El Tribunal confirmó la absolución de los exministros Guillermo Ferrufino (Desarrollo Social), Javier Díaz (Salud), Oscar Osorio (Desarrollo Agropecuario), Emilio Kieswetter (Desarrollo Agropecuario) y Franklin Vergara (Salud). También se absolvió al exdirector del PAN, Giacomo Tamburrelli, y al exadministrador de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, Franklin Oduber.
Otras personas absueltas en este caso son Jorge Portolatino, Lina María Tejera Jurado, Ramón Vicente Cuervo, Serafín Sánchez, Yessica Pérez, Arturo Icaza y Eliécer Lara.
La investigación comenzó en 2014 y cuenta con la declaración del exdirector del PAN, Rafael Guardia Jaén, quien aseguró que cuatro empresas eran contratadas a $3,000 la hora-vuelo, a pesar de que el precio promedio en el mercado local era de $1,800 la hora. Según Guardia, ministros y directores elegían siempre a las mismas empresas.
En diciembre de 2018, el expediente fue archivado por el entonces juez Decimoquinto Penal, Leslie Loaiza, quien declaró su nulidad relativa por supuestas violaciones al debido proceso, pero una decisión del Tribunal de Liquidación de Causas Penales revocó esa decisión y ordenó realizar el juicio.
Durante la investigación, la fiscalía y los auditores de la Contraloría que elaboraron el informe de auditoría revelaron que no pudieron ubicar una gran cantidad de documentos referentes al alquiler de los helicópteros, las horas de vuelo pagadas y las rutas de navegación.
En este caso, la fiscalía alegó que las declaraciones de varios testigos revelaron presuntos sobrecostos al momento del alquiler de helicópteros a instituciones del estado. En el juicio, la fiscalía solicitó un veredicto condenatorio para los implicados.
