Sobreseimiento definitivo en el caso de corrupción de la CSS: ¿Falla del sistema o falta de pruebas?

Sobreseimiento definitivo en el caso de corrupción de la CSS: ¿Falla del sistema o falta de pruebas?
La investigación se inició en el año 2016 a raíz de un contrato suscrito entre la Caja de Seguro Social y la empresa Advanced Consulting (filial de SAP). LP Archivo


El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales dictó un sobreseimiento definitivo a favor de Eduardo Jaén Limnio, exdirector de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Ely Ismenia Brokamp, Alison García y Alejandro Castrejón, en el caso por la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio de la Caja de Seguro Social (CSS).

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Este sobreseimiento se dio en el contexto de un proceso por la suscripción de un contrato para la compra de un software para la CSS a través de la empresa Advanced Consulting (filial de SAP).

A través del auto mixto No. 1 de 17 de octubre de 2024, la juez Agueda Rentería también decretó un sobreseimiento provisional a favor de Mauricio Deveux, Carlos Tasón, Alberto Maggiori, Sergio Suárez y Yadira Gómez Escobar.

La juez fundamentó su decisión en que el Ministerio Público (MP) no amplió la auditoría realizada al inicio de la investigación. Asimismo, señaló que correspondía a la fiscalía presentar el informe técnico para sustentar su teoría del caso y petición de enjuiciamiento. En otras palabras, el MP debía demostrar fehacientemente que se había producido un desfalco al Estado, lo cual requería una evaluación técnica especializada que no se presentó.

Rentería explicó además que, si bien se logró probar la existencia de un hecho punible, la fiscalía no logró vincular de manera clara a ninguno de los imputados. Su estrategia no prosperó debido a la falta de una auditoría de la Contraloría General de la República.

Cabe destacar que esta investigación se inició en 2016, luego de que el agente del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), Stuart Andrew, afirmara haber descubierto pagos en concepto de sobornos a ciudadanos panameños para la obtención de un contrato con la CSS, valorado en $14.5 millones.


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