Como tácticas dilatorias calificó la Fiscalía de Drogas las acciones emprendidas por algunos abogados defensores, que llevaron a un tribunal a suspender hasta el 5 de abril de 2027 el juicio a 18 imputados por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales y conspiración para el tráfico de drogas, detenidos en la operación Fisher.
El fiscal de drogas, José Leyva, aseguró que la posposición del juicio se produjo luego de que algunos abogados defensores decidieran renunciar al poder otorgado por sus clientes. Al quedar estos en estado de indefensión, el tribunal de juicio dispuso reprogramar la audiencia para abril de 2027.
Leyva explicó que, en este caso, dos abogados defensores desistieron del poder otorgado para representar a dos de los imputados. El tribunal decidió suspender el juicio al considerar que los acusados no podían continuar el proceso sin representación legal, ya que esto constituiría una violación a sus derechos fundamentales.
La Oficina Judicial del Sistema Penal Acusatorio notificó al tribunal que, para lo que resta de 2025 y durante todo 2026, existe una multiplicidad de operaciones antidrogas programadas para juicio, lo que complica la reprogramación de este proceso.
El fiscal también advirtió que esta situación implica que los procesados bajo detención preventiva podrían solicitar la sustitución de dicha medida cautelar por otras, como el reporte periódico o incluso la excusa de comparecencia, lo que pone en riesgo la efectividad del proceso judicial.
Durante el juicio, el tribunal impuso una multa de $500 al abogado Rolando Kennedy por renunciar a la defensa de Rigoberto Quintero sin ofrecer una explicación. Asimismo, se dispuso remitir un informe sobre su actuación al Colegio Nacional de Abogados para que este organismo determine las acciones correspondientes.
El juez Fernando Bazurto manifestó que, en este caso, Kennedy debió advertir previamente a su cliente sobre su decisión de abandonar la representación y no dejarlo en indefensión.
Fiscal de drogas José Leyva da detalles del juicio de operación Fisher.https://t.co/rLx5Yn38em pic.twitter.com/mZYOrh6fgY
— La Prensa Panamá (@prensacom) June 9, 2025
La Fiscalía de Drogas tenía previsto solicitar al tribunal la aplicación de la pena máxima de 28 años de prisión para los cabecillas de la red criminal y sus colaboradores más cercanos.
La mayoría de los procesados, que se encuentran recluidos en el centro penitenciario La Joya, siguieron el juicio de forma virtual.
Por su parte, los abogados defensores Modesto Brown y Ricardo Valencia sostuvieron que todo imputado tiene el derecho fundamental de contar con un abogado que lo represente. Brown alegó que algunos defensores no han tenido tiempo suficiente para analizar los 120 tomos del expediente y recordó que es obligación de los abogados prepararse adecuadamente para asistir a un juicio.
En este caso, la Fiscalía logró acuerdos de pena de 84 y 48 meses de prisión con 33 de los procesados, quienes aceptaron haber operado como testaferros de la red criminal liderada por Jorge General y Francisco Córdoba.
Según los acuerdos, los sancionados recibían fuertes sumas de dinero con las que adquirían bienes muebles e inmuebles, además de depositarlas en cuentas bancarias. Durante la fase de investigación, la Fiscalía logró incautar la suma de $10 millones en efectivo en una residencia ubicada en la Costa Abajo de Colón, y otros $4 millones distribuidos en apartamentos, autos de alta gama y cuentas bancarias.
Entre los bienes decomisados se encuentra una casa de playa ubicada en Río Hato, provincia de Coclé, propiedad de Jorge General. Se presume que dicha residencia era utilizada para reuniones de coordinación de la red criminal.
La mansión en Río Hato cuenta con dos piscinas, canchas deportivas y terrazas. En su interior, valorado por la Policía en cerca de $1 millón, había varias salas de reuniones. Según las pesquisas, el inmueble frente al mar era frecuentemente utilizado por los miembros del grupo.
La llamada Operación Fisher, realizada el 1 de diciembre de 2021, desarticuló una supuesta red criminal integrada por 51 personas, dedicada al trasiego de drogas y al blanqueo de capitales al servicio del Clan del Golfo. La operación contó con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y de la Fiscalía General de Colombia..
