La Fiscalía Anticorrupción continuó ayer con la evacuación de testigos en el juicio seguido a Ana Lorena Chang, exjefa de Salud Pública de la Región Metropolitana del Ministerio de Salud (Minsa); su esposo Leonardo Labrador, exjefe de Epidemiología del Minsa; y Carmen Arosemena, tecnóloga médica, imputados por los delitos de corrupción y contra la salud pública.
El juicio, que se inició el pasado 10 de marzo, tiene previsto evacuar unos 42 testigos, tanto de la fiscalía como de la defensa, quienes aportaron sus declaraciones sobre los hechos ocurridos en agosto de 2021.
En esa fecha, se descubrió que una empresa que realizaba hisopados para que las personas pudieran viajar a las islas del Pacífico, a raíz de la pandemia de la covid-19, mantenía relación con los imputados, quienes en ese momento eran funcionarios del Minsa.
Ayer, compareció en la sala de audiencias Zulay Sánchez Acosta, quien para esa época se desempeñaba como jefa de logística y turismo de una empresa que planificaba viajes a la isla de Taboga.
Relató que, en 2021, en plena pandemia, su jefe la puso en contacto con Labrador para coordinar el tema de los hisopados de los viajeros. Sánchez precisó que Labrador le solicitó un espacio para facilitar la ubicación de Sermedic Panamá, donde se realizarían las pruebas de hisopados a los viajeros interesados en ir a las islas.
Esto ocurrió después de que el Minsa, el 6 de agosto de 2021, emitiera el Decreto Ejecutivo 816, que establecía que, a partir del 9 de agosto de ese año, toda persona mayor de 5 años que ingresara a seis islas del Pacífico panameño debía mostrar, en el puerto de embarque, su tarjeta de vacunación física o digital con el esquema completo de inmunización contra la covid-19.
Sánchez relató que incluso participó en una reunión por Zoom, en la que estuvieron presentes Labrador y funcionarios de la Alcaldía de Taboga, para coordinar la instalación de las mesas de hisopados. Indicó que se le proporcionó un número de contacto con alguien del laboratorio y que el costo de los hisopados sería de $25.
La testigo también mencionó que mantuvo una conversación vía WhatsApp con Ana Lorena Chang para coordinar algunos temas logísticos con la empresa.
Por su parte, Dalys Rodríguez, abogada de Labrador, aseguró que la fiscalía no ha podido demostrar que su cliente cometió algún delito. Alegó que, en realidad, Labrador fue un funcionario que se involucró en combatir la pandemia en jornadas que comenzaban muy temprano en la mañana y culminaban en la noche.
Rodríguez planteó que la fiscalía ha intentado señalar que su cliente violó la ley, cuando en realidad su preocupación fue proteger a los ciudadanos del virus de la covid-19.
También argumentó que no se puede acusar a su cliente de aprovecharse de información privilegiada del Minsa para su beneficio, ya que toda la información relacionada con la pandemia era pública.
Mientras tanto, Rodrigo Esquivel, defensor de Carmen Arosemena, aseguró que su cliente no fue mencionada por ningún testigo en relación con la comisión de algún delito.
Esquivel detalló que Arosemena no tuvo ninguna participación en los hechos investigados por la fiscalía.
Ayer también compareció el testigo Edwin Franco, un electromecánico que presta servicios de reparación en las islas del Pacífico. Relató que se le ordenó hacerse un hisopado, ya que debía atender una situación en la isla Contadora. Franco contó que pagó $25 por el hisopado y que las personas que lo atendieron estaban vestidas con trajes blancos, pero no pudo reconocerlas porque usaban mascarillas y gorras.
