El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales confirmó la condena de 120 meses de prisión a Adolfo ‘Chichi’ De Obarrio, exsecretario privado del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), por el delito de blanqueo de capitales a través de la sociedad Blue Apple.
Mediante la sentencia No. 08 del 30 de abril de 2025, los magistrados del Tribunal rechazaron un recurso de apelación presentado por la defensa de De Obarrio.
En la decisión, el Tribunal estimó que quedó probado que el exfuncionario era el beneficiario final de altas sumas de dinero que le fueron entregadas, en su mayoría en efectivo. Como pena accesoria, se le impuso el pago de 5 millones 91 mil 486 balboas con 92 centésimos, que deberá abonar al Tesoro Nacional en un plazo de 24 meses, una vez cumplida la pena principal.
En marzo de 2023, el juzgado —entonces a cargo de Águeda Rentería— declaró penalmente responsable a De Obarrio, quien actualmente reside en Milán, Italia, como autor del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, en el caso Blue Apple.
Según el Tribunal, se comprobó que De Obarrio utilizó tres esquemas para blanquear fondos provenientes del Programa de Ayuda Nacional (PAN), los cuales eran asignados a empresas contratistas para ejecutar proyectos como la construcción de zonas pagas y el sistema de alcantarillado de la ciudad de Chitré, provincia de Herrera.
Entre los esquemas utilizados por De Obarrio se identificaron: el uso de sociedades para la compra y venta de inmuebles, el uso de testaferros o intermediarios financieros para el lavado de activos, y el uso de cuentas de colecta o recaudación.
Según la investigación, De Obarrio dio instrucciones a Sergio González Ruiz, expresidente del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, para que se quedara con fondos ilícitos provenientes de actividades de corrupción.
Estos fondos habían sido entregados por el contratista Juan Alexis Rodríguez, de la empresa Rodsa, y se usaron para abonar una finca de 18 hectáreas en Las Margaritas de Chepo. Para ello se celebró un contrato de promesa de compraventa con la sociedad Madroño Forest S.A., por un valor de 525 mil dólares.
En su declaración, González Ruiz afirmó haberse percatado de que los fondos provenían de lavado de dinero y que el beneficiario final era De Obarrio.
En cuanto al uso de testaferros, se acreditó —a través de la declaración del propio González Ruiz— que actuó como intermediario en la adquisición de bienes a favor de De Obarrio, específicamente en la compra de la finca en Chepo. Esta misma figura fue utilizada para la entrega de dinero en efectivo al exsecretario presidencial.
El caso se inició en 2017, tras revelarse que contratistas del Estado sobornaban a funcionarios de alto rango para asegurarse millonarios contratos de obra pública.
Otro de los métodos empleados para el blanqueo de capitales fue el uso de cuentas de colecta o recaudación, que consistía en utilizar el sistema financiero para introducir y acumular fondos de procedencia ilícita en cuentas bancarias de sociedades o personas, bajo justificaciones falsas.
Entre las cuentas utilizadas en este esquema se identificaron las de Blue Apple Services, Dober Agency, Blanch International y Corporación Libuma.
Por este caso, también fueron condenados: el exministro de Obras Públicas Federico Suárez, a 158 meses de prisión y al pago de una multa de 27.4 millones de dólares, y Ricardo Francolini, sancionado con 60 meses de cárcel y una multa de 470 mil dólares.
Asimismo, se encuentran vinculados los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, quienes, por su condición de diputados del Parlamento Centroamericano, enfrentan un proceso separado en la Corte Suprema de Justicia, que aún no ha fijado fecha para la audiencia
