El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales confirmó este martes la condena de 128 meses de prisión contra el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, como autor del delito de blanqueo de capitales en el caso New Business.
Igualmente, el Tribunal ratificó la multa de $19.2 millones, como pena accesoria, así como el comiso a favor del Estado de todas las acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), su administración e instalaciones (bienes muebles e inmuebles), ya que se probó que los fondos públicos blanqueados a través de la cuenta canasta de la sociedad New Business Services Limited fueron utilizados para adquirir las acciones de Epasa, en diciembre de 2010, cuando Martinelli era gobernante.
El Estado ya tiene el 40% de las acciones de Epasa, que eran de Henri Mizrachi. Martinelli controla el 60% restante; su abogado lo niega.
“La Sala no tiene duda alguna que Ricardo Alberto Martinelli Berrocal es un empresario y político panameño con gran trayectoria marcada en los negocios comerciales. Que además mantuvo y mantiene en la actualidad un capital abundante, que pudiera dar lugar a justificar los aportes otorgados para la inversión de Epasa; sin embargo, lo que aquí se verifica es el manejo con que el señor Ricardo Martinelli Berrocal llevó a cabo las transacciones para la compra de Epasa, mismas que fueron enmascaradas con dinero ilícito, proveniente de licitaciones con el Estado panameño”, señala el fallo de este martes 24 de octubre, que firman los magistrados Manuel Mata Avendaño, José Hoo Justiniani y Eyda Amarilis Juárez.
Martinelli, que ahora es candidato presidencial de Realizando Metas (RM) y pretende competir en las elecciones del 5 de mayo de 2024, había sido condenado en primera instancia, en julio pasado, por la juez penal Baloisa Marquínez.
Contra esta decisión, todavía cabe el recurso de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El partido RM, en su cuenta en la red social X, divulgó un mensaje de Alejandro Pérez, uno de los abogados de Martinelli, que dice: “la pelea no se acabado ni este es el último round” (sic). Martinelli, por su parte, escribió que el fallo del Tribunal Superior busca “invalidar mi candidatura”.
Los magistrados negaron la apelación presentada por la defensa de Martinelli contra la sentencia de la juez Marquínez y confirmaron la condena del expresidente y de otros cuatro imputados: Janeth Vásquez, Iván Arrocha, Valentín Martínez Vásquez y Daniel Ochy, condenados a 60, 70, 80 y 96 meses de prisión, respectivamente.
Tribunal confirma la sentencia contra Ricardo Martinelli en el caso New Business https://t.co/7Du36uCPvv pic.twitter.com/9lHxyAfrPK
— La Prensa Panamá (@prensacom) October 24, 2023
En su fallo de este 24 de octubre, los magistrados igualmente rechazaron varios incidentes de nulidad presentados por los abogados del exgobernante.
Mata, Hoo y Juárez sostienen en su fallo que, sobre la compra de Epasa, “Ricardo Alberto Martinelli Berrocal se encargó de su organización, junto con Henri Mizrachi Kohen, usando terceras personas tanto naturales como jurídicas, para que depositaran y transfirieran dineros provenientes de actividades relacionadas con peculado y corrupción de servidores públicos, ocurridas cuando era presidente de la República, con la finalidad de ocultar a través de diversas operaciones bancarias, su origen ilícito”.
En otro párrafo del fallo, de 302 páginas, los magistrados señalan que “existen testimonios que permiten establecer claramente la responsabilidad de Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, la cual se respalda con los extractos de las cuentas bancarias y el informe de [el perito] Eliseo Ábrego, que plasmó la información de las transacciones bancarias recabadas en esta causa, experticia que permite entender cómo se depositaron los dineros para la compra y pago de los préstamos”.
Es que los fondos captados en la cuenta de canasta se usaron no solo para adquirir Epasa, sino también para cancelar un préstamo con la Caja de Ahorros, relacionado con la compra de las acciones de la editora.
Los fondos eran aportados por contratistas del Estado como FCC, Condotte Panamá, Transcaribe Trading, Grupo Clio y Excavaciones del Istmo. Los contratistas recibían la plata como supuesto adelanto por los proyectos adjudicados; el dinero era finalmente depositado en la cuenta canasta. En su apelación, la defensa de Martinelli llegó alegó que tener “cuentas recolectoras de fondos para la compra de la editorial no constituye una irregularidad en el mundo comercial”.
La defensa de Martinelli reclamó por la no comparecencia en el juicio de Henri Mizrachi y Riccardo Francolini, quienes tienen acuerdo de colaboración eficaz con la fiscalía, validados por la juez Marquínez. La defensa sostiene que ellos son los testigos protegidos del caso y el tribunal replicó que desconoce las identidades, aunque apoya la participación de ambos dadas las circunstancias “complejas y delicadas” del proceso penal. Remarca que preservar la identidad de los testigos protegidos “no representó en modo alguno la indefensión de las partes ni comprometió el derecho de defensa material y técnico, hasta el punto de afectar el debido proceso”.
La juez Marquínez también absolvió a 10 imputados. La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada apeló la absolución de seis de ellos, pero el Tribunal Superior no entró a valorar este recurso porque uno de ellos (Vernon Salazar, representante legal de la sociedad Condotte Panamá) presentó un amparo de garantías constitucionales, que fue admitido el pasado 18 de octubre por el magistrado Cecilio Cedalise.
Cedalise ordenó al Tribunal Superior suspender la tramitación del recurso de apelación presentado por el fiscal Emeldo Márquez, pese a que éste ya incluso lo había sustentado por escrito, desde el pasado 10 de octubre.
