Tribunal da luz verde para continuar procesos por peculado relacionados con proyectos de remodelación vial

Tribunal da luz verde para continuar procesos por peculado relacionados con proyectos de remodelación vial

Un fallo del Primer Tribunal Superior de Justicia dio luz verde para que la Fiscalía Anticorrupción avance con las investigaciones por la presunta comisión de los delitos de peculado por la construcción de la fase II del corredor de vía Brasil, la vía Domingo Díaz y el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.

La decisión del Primer Tribunal de Justicia negó un amparo de garantías constitucionales presentado por el exministro de Obras Públicas, Federico Suárez, contra una resolución del Tribunal Superior de Liquidación que negó una solicitud de acumulación de los procesos abiertos por presunto peculado por la construcción de los mencionados proyectos a cargo de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Odebrecht.

El fallo, bajo la ponencia magistrado suplente especial Antonio Guerrero, estimó que en este caso el recurso busca convertir al Primer Tribunal en un instancia adicional para que revise la decisión asumida en primera y segunda instancia.

Además, precisa que en el recurso presentado no se evidencian violaciones constitucionales dentro del procedimiento realizado por el juzgado.

Además, plantea que el amparo de garantías no es el recurso a presentar en estas circunstancias, ya que el pleno de la Corte Suprema de Justicia ha reiterado que dicha instancia judicial solo puede revisar violaciones a las garantías constitucionales y no ser una tercera instancia judicial.

La empresa FCC supuestamente pagó coimas sobre la base del 10% de los contratos adjudicados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) entre 2009 y 2014 para el reordenamiento vial en la capital.

Esta información fue suministrada a la Fiscalía Especial Anticorrupción por Julio Casla y Eugenio Del Barrio, colaboradores de FCC. Ambos declararon al Ministerio Público que su jefe inmediato, Avelino Acero, se reunió con el entonces titular del MOP, Federico Pepe Suárez, quien les habría dicho que para que el Estado pagara deudas de proyectos anteriores al periodo 2009-2014 debían “pagar una coima del 10%” y ese mismo porcentaje sería aplicado a nuevos proyectos y que esto se hizo con otras empresas.

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