Desde su instalación el 3 de abril de 2023, el Tribunal de Integridad y Transparencia del Órgano Judicial ha tramitado 1,292 denuncias contra funcionarios judiciales y administrativos, de las cuales 348 han resultado en sanciones y 82 en veredictos absolutorios.
Según un informe del Órgano Judicial, entre las sanciones impuestas se registran 315 amonestaciones públicas, 21 multas equivalentes al 10% o 25% del salario, 10 casos de suspensión del sueldo y una destitución.
Esta medida se aplicó tras comprobarse, durante la investigación, que el funcionario solicitó una contribución a cambio de prestar un servicio.
El informe aclara que la destitución solo procede en casos de faltas gravísimas cometidas durante el ejercicio del cargo, mientras que las demás sanciones se aplican conforme a la gravedad de la falta.
El tribunal, encargado de procesar a los funcionarios del Órgano Judicial por faltas a la ética judicial, fue creado mediante la Ley 53 del 27 de agosto de 2015, aunque no comenzó a operar hasta abril de 2023.
El retraso en la puesta en marcha del Tribunal se debió a que, durante ocho años, no se asignó el presupuesto necesario para la infraestructura ni para el personal que integraría esta nueva jurisdicción judicial.
La Ley 53, que regula la Carrera Judicial, clasifica las faltas disciplinarias en tres grandes grupos: las leves, contempladas en el artículo 190; las graves, en el artículo 191; y las gravísimas, en el artículo 192.
La Jurisdicción de Integridad y Transparencia está conformada por magistrados titulares, suplentes, defensores y un magistrado investigador, encargados de investigar, juzgar y sancionar a los servidores judiciales de todas las categorías nombrados en el Órgano Judicial, conforme a lo establecido en la ley.
El Tribunal de Integridad está integrado por magistrada Anadina Quirós Tejeira (presidenta), la magistrada Damaris Espinosa (vicepresidenta) y la magistrada Giovanina Sanjur (vocal). Los suplentes son los magistrados: Lorena Hernández, Andrés Reyes y Luzmila Jaramillo. El magistrado investigador es José Luis Alfaro De León y la magistrada investigadora suplente es: Aida Véliz Castillo.
Este Tribunal forma parte del proceso de implementación de la Carrera Judicial, cuya etapa final debe completarse este año con la selección de 231 aspirantes que competirán por 102 plazas disponibles para jueces de garantías, de cumplimiento y de juicio dentro del Sistema Penal Acusatorio (SPA).
Desde enero pasado, se implementó un escalafón judicial para regular los ascensos de jueces y magistrados dentro de la Carrera Judicial. Este sistema tomará en cuenta factores como la antigüedad en el cargo, la especialidad del juez, la ausencia de sanciones disciplinarias y la jurisdicción a la que pertenece.
