El pasado viernes 19 de julio se concretó un paso importante en medio del juicio por el denominado caso diablos rojos: la fiscalía anticorrupción del Ministerio Público, pasó de acusar a exonerar. En la fase de alegatos, pidió la absolución para los cuatro exdirectores de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) imputados en el caso. Se trata de Jorge Ricardo Fábrega, Juan Pablo Mora, Roberto Moreno Olivares y Ventura Vega.
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Ventura Vega, quien fue director de la ATTT entre julio de 2012 y febrero de 2013, es hoy día uno de los hombres más influyentes del Palacio de Las Garzas. Forma parte del grupo de personas que le habla al oído al presidente José Raúl Mulino, a tal punto que es su enlace con los diputados de la Asamblea Nacional.
La prueba está en que participó en las reuniones que Mulino sostuvo con las distintas bancadas legislativas antes de asumir su mandato. Además, se le atribuye la tarea de ayudar a la actual presidenta del Legislativo, Dana Castañeda, a conseguir los votos para alcanzar el puesto el pasado 1 de julio.
La relación de los tres (Mulino, Castañeda y Vega) habría nacido al calor de la política. Fueron miembros de la directiva de Unión Patriótica, partido que fue absorbido por Cambio Democrático.
Mulino ocupaba el cargo de vicepresidente, Vega era el tesorero, y Castañeda era una de las 10 directores
La contradicción de la fiscalía
La Fiscalía Anticorrupción investiga la supuesta comisión del delito de peculado en la millonaria compensación a dueños de buses tipo diablos rojos a partir de que el transporte público capitalino migró al sistema Metro Bus. La compensación económica se desarrolló entre 2010 y 2014. De acuerdo con una auditoría de la Contraloría, por este caso se habría ocasionado un perjuicio al Estado de al menos $24 millones.
El viernes pasado, el equipo de fiscales, integrado por Blanca Jiménez, Ilka Poveda, Anilú Batista, Edwin Juárez, Pedro Menacho y Mahmad Daud Hasan, alegó, entre otras cosas, que los exdirectores de la ATTT no tenían responsabilidad en las irregularidades detectadas en el proceso de compensación de los buses y le endilgaron esa obligación a la comisión técnica evaluadora encargada de gestionar dicho trámite.
Sin embargo, esta posición de la fiscalía es contradictoria con el argumento que consistentemente había sustentado en las distintas fases del proceso. Por ejemplo, en mayo de 2022, al momento de exponer su teoría en la audiencia preliminar del caso, las fiscales Anilú Batista y Kyra Tascón pidieron llamamiento a juicio para “todos” los 541 acusados, argumentando que funcionarios de la ATTT se asociaron con miembros de las concesionarias y transportistas para compensar buses de manera fraudulenta.
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Mientras que en marzo de ese año, cuando comenzó esa audiencia, las mismas fiscales advirtieron que los entonces directivos de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre sabían de las irregularidades.
La fiscal Tascón, que actualmente no figura en el equipo de fiscales de este caso, aseguró que Juan Pablo Mora, Roberto Moreno, Ventura Vega y Jorge Fábrega pudieron intervenir y alertar sobre las anomalías, pero no lo hicieron e incumplieron con su deber de custodia de los bienes públicos.
Añadió que el “descontrol” en el manejo de las compensaciones era tal que se evidenció que directores, subdirectores y funcionarios no realizaron un trabajo de fiscalización e inclusive había fuga de información que era entregada a ciertos transportistas sobre el avance de las tramitaciones.
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Pero al final, la juez Agueda Rentería, del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, decidió llamar a juicio a 198 personas. Ese juicio comenzó el lunes 3 de junio de este año. Se desarrolla en el Centro de Formación y Recreación de la Caja de Seguro Social, ubicado en Las Cumbres, en la capital. La diligencia judicial se retoma mañana martes con los alegatos del equipo legal de la ATTT.
La juez Rentería también ha argumentado que la ATTT nunca tuvo el registro de todos los diablos rojos que operaban en la capital y San Miguelito. Esa falta de control, advirtió, “provocó un desenfreno que golpeó el erario”. Reconoció que hubo una inacción de la ATTT y de las organizaciones transportistas, quienes debían actuar de oficio ante las irregularidades en el proceso de compensación.
Los argumentos de la juez están contenidos en el Auto Mixto No. 10 del 12 de diciembre de 2022, con el que Rentería abrió causa criminal y decidió enjuiciar a los 198 imputados.
