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William Rodríguez y Ronny Pittí siguen prófugos; tribunal les niega fianza por el caso ‘pinchazos´

William Rodríguez y Ronny Pittí siguen prófugos; tribunal les niega fianza por el caso ‘pinchazos´
Los equipos de escuchas telefónicas estaban en el edificio del Consejo de Seguridad Nacional ubicado en Quarry Heights.

La jueza Águeda Rentería rechazó una solicitud de fianza presentada por William Pittí y Ronny Rodríguez, prófugos de la justicia señalados como responsables de operar el sistema Pegasus, utilizado para espiar a políticos y líderes sindicales entre 2009 y 2014.

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Ambos solicitaron a la jueza Rentería que se les concediera una fianza para evitar la detención preventiva. Pittí y Rodríguez debieron enfrentar en 2019 un juicio junto a los exdirectores del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, ambos ya condenados en este proceso.

Rodríguez y Pittí están prófugos desde 2015, cuando la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia giró órdenes de indagatoria en su contra. Ninguno compareció. Desde entonces, se desconoce su paradero, aunque en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) constan órdenes de detención emitidas por el extinto Juzgado Decimosexto Penal.

Un testigo protegido del Ministerio Público declaró que desde el CSN se interceptaron comunicaciones de más de 150 personas, y señaló como responsables a Pérez y Garuz. Ambos fueron condenados a 50 meses de prisión por el Juzgado Decimosexto Penal, fallo que fue confirmado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El testigo también afirmó que Rodríguez y Pittí eran los encargados del equipo Pegasus, adquirido a la empresa israelí NSO Group, instalado en las oficinas del CSN. Desde allí, se realizaban las escuchas a dirigentes políticos, gremiales e incluso magistrados de la Corte Suprema. Añadió que ambos recibieron entrenamiento especializado y redactaban los informes sobre la información obtenida.

El expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) también fue investigado por este caso, pero fue declarado no culpable por un tribunal de juicio. Inicialmente, su proceso fue tramitado en la Corte Suprema por su condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), pero tras renunciar al cargo, el expediente fue remitido a la justicia ordinaria.


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