Santiago Vanegas - BBC News Mundo
Las autoridades colombianas informaron este martes que encontraron los cuerpos de ocho líderes sociales y religiosos en una fosa común en el departamento del Guaviare, en el sureste del país.
Las ocho personas estaban desaparecidas desde hace tres meses, cuando un grupo armado ilegal las convocó para asistir a unas reuniones y no regresaron. Sus familias y las autoridades locales habían pedido insistentemente su liberación y la ayuda del gobierno.
De acuerdo con la Fiscalía, el frente Armando Ríos de las disidencias de las FARC citó a estas personas para interrogarlas sobre la supuesta creación de otro grupo armado en la región.
Posteriormente, fueron asesinadas y enterradas en zona rural del municipio de Calamar.
“Los victimarios al parecer recibieron la orden desde el círculo de confianza de alias Iván Mordisco para evitar la posible conformación de una célula de (la guerrilla de) el ELN en la región”, se lee en el comunicado de la Fiscalía.
Mordisco es el máximo jefe de la estructura criminal conocida como Estado Mayor Central.
El presidente Gustavo Petro expresó su rechazo frente al asesinato de los líderes y agregó que “todo indica que fueron secuestrados y asesinados en medio de disputas territoriales por parte de grupos armados ilegales”.
Desde hace semanas, el departamento de Guaviare vive asediado por el enfrentamiento armado de dos facciones de las disidencias de las FARC: la dirigida por Iván Mordisco y la dirigida por alias Calarcá.
1. Las víctimas
Las autoridades confirmaron que los cuerpos hallados en la fosa común corresponden a los de Jesús Valero, Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri Hérnandez, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón, los seis hombres y las dos mujeres que desaparecieron en abril.
Siete de las ocho personas, según Christian Solidarity Worldwide (CSW), una organización de derechos humanos internacional especializada en libertad religiosa, eran líderes y miembros activos de dos comunidades evangélicas: la Iglesia Cristiana Alianza de Colombia y la Iglesia Cristiana Cuadrangular.
Héctor Pardo, presidente de la Confederación Colombiana de Libertad Religiosa, Conciencia y Culto, le dijo a BBC Mundo que las víctimas no eran pastores, pero sí miembros muy destacados de la iglesia: Nixon era el tesorero, Maryuri era maestra, y James era líder predicador, por nombrar a algunos.
BBC Mundo se comunicó con las dos iglesias, pero no recibió respuesta inmediatamente.
La Fundación Paz & Reconciliación (Pares), que investiga el conflicto armado en Colombia, informó que las víctimas habían llegado a vivir a Guaviare desde el departamento de Arauca después de la pandemia.
“La razón por la que (los miembros de las disidencias) habían citado a estos miembros de una comunidad religiosa era saber si en la zona se estaba creando una nueva célula del ELN”, señala Pares. El ELN es una vieja guerrilla con presencia en varias regiones del país.
En declaraciones ante los medios locales, el alcalde de Calamar, el municipio donde fue encontrada la fosa común, se refirió al efecto que tiene el asesinato de líderes sociales y religiosos en el resto de la comunidad.
“Hoy nadie quiere ser presidente de junta en Calamar, Guaviare”, dijo. “Ya nadie quiere ni siquiera asistir a un culto, o los cultos los tienen que hacer de forma clandestina por temor”.
Con eso coincide Pardo, quien es un importante líder evangélico en Colombia. “La gente queda con temor, y a veces dejan de ir a la iglesia por temor de que los van a matar”.
En 2024, fueron asesinados 173 líderes sociales en Colombia, según cifras de la organización Indepaz.
Es el país más peligroso del mundo para los defensores de los derechos humanos y los líderes sociales, según un informe de Front Line Defenders.
2. Los responsables
Tanto en el comunicado de la Fiscalía como en las reacciones del presidente Petro y del ministro Sánchez en X se responsabiliza de los hechos a las disidencias de alias Iván Mordisco.
Mordisco era comandante de las extintas FARC y ahora es el máximo jefe del Estado Mayor Central, una red de estructuras criminales locales que operan con relativa autonomía y reclaman ser las verdaderas FARC.
El alcalde de Calamar, sin embargo, expresó en medios locales que no hay certezas sobre si el crimen lo cometió la facción al mando de Mordisco o aquella al mando de alias Calarcá.
Esas dos facciones antes eran una sola disidencia, pero se escindieron en 2024, cuando Mordisco decidió levantarse de la mesa de negociaciones con el gobierno y Calarcá siguió negociando en nombre del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes.
Desde entonces, son bandos enemigos, y Guaviare es el corazón de ese enfrentamiento armado.
De hecho, los habitantes del municipio de Calamar permanecieron confinados desde el 16 hasta el 21 de junio por esa disputa territorial.
“Hay familias que en este momento no tienen ni siquiera qué comer, porque vienen de un confinamiento de ocho días”, afirmó el alcalde este miércoles y le pidió al gobierno nacional intervenir en la región.
3. La respuesta del gobierno
En su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro calificó los hechos como “una grave afrenta al derecho a la vida, a la libertad religiosa y al trabajo espiritual y comunitario que tantas personas adelantan en regiones históricamente golpeadas por la violencia”, y pidió a las entidades del Estado redoblar esfuerzos para proteger a los líderes sociales y religiosos.
“Es deber del Estado garantizar su seguridad y asegurar que estos crímenes no se repitan ni queden impunes”, agregó.
El gobierno de Petro ha intentado negociar con las disidencias de las FARC como parte de su estrategia de “paz total”, por ahora sin éxito.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ofreció una recompensa de US$1,1 millones por información que conduzca a la captura de alias Mordisco.
Sánchez informó que el hallazgo de los cuerpos se logró gracias a que el ejército “logró el sometimiento de un presunto integrante de esa estructura criminal, quien informó del atroz crimen y reveló la ubicación de la fosa común”.
La defensora del pueblo, Iris Marín, afirmó que había alertado sobre la disputa entre Calarcá y Mordisco, y del riesgo que eso implicaba para la población civil en Guaviare.
“Sigue pendiente el ingreso de atención humanitaria para las comunidades afectadas por los confinamientos”, añadió Marín.
4. Una amenaza para la libertad religiosa
En una intervención en el Congreso antes de que se conociera la noticia del hallazgo de la fosa común, la senadora y exdirectora Nacional de Asuntos Religiosos, Lorena Ríos, había pedido la actuación efectiva de las autoridades para conseguir la liberación de los ocho líderes.
Ríos manifestó su preocupación por las “violaciones y vulneraciones de la libertad religiosa que estamos teniendo en Colombia”.
Y agregó: “Las iglesias, las comunidades de fe, han desempeñado un papel fundamental, no solo en la protección de derechos humanos, sino también en la reconstrucción del tejido social”.
Para el pastor Héctor Pardo, esta no es la primera vez que las iglesias evangélicas son objetivo de la violencia armada en Colombia.
Este hecho violento recuerda la persecución de los grupos armados a las iglesias evangélicas que hubo en los años 80 y 90, señaló en diálogo con BBC Mundo.
La Iglesia católica también reaccionó al hallazgo de la fosa común.
“Este acto infame, que ha cobrado la vida de ocho personas, quienes dedicaban su vida al servicio espiritual y comunitario (...) representa una grave afectación a la vida social y la paz de la región”, se leía en un comunicado de la Diócesis de San José del Guaviare y la Delegación para las relaciones Iglesia-Estado de la Conferencia Episcopal de Colombia.
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