Las autoridades judiciales de Costa Rica efectuaron esta semana allanamientos en los que detuvieron a funcionarios y exfuncionarios del actual Gobierno por la presunta contratación irregular por 39.9 millones de dólares para la reparación de la pista de un aeropuerto internacional.
La Fiscalía informó que el operativo respondió a la investigación por los presuntos delitos de tráfico de influencias, influencia contra de la Hacienda Pública y malversación de fondos en la presunta contratación irregular, en 2023, de la reparación de la pista del aeropuerto internacional Daniel Oduber, ubicado en la turística provincia de Guanacaste (oeste).
En los allanamientos las autoridades judiciales detuvieron al exministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla; al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado; al director general de Aviación Civil, Marcos Castillo, y al jefe de la Unidad de Fiscalización de Obras de la CNE, Henry Villalobos.
Según la Fiscalía, el caso se refiere a “una serie de supuestas irregularidades” con un decreto de emergencia para rehabilitar la pista de aterrizaje del aeropuerto, principalmente en que “la emergencia se justificó falsamente al atribuir los daños que presentaba la pista como consecuencia de la tormenta tropical Bonnie y otras ondas tropicales ocurridas en 2022, pero lo cierto es que los perjuicios se presentaron con anterioridad a los fenómenos naturales”.
Eso permitió “habilitar una contratación por 39.9 millones de dólares adjudicada a la empresa Constructora MECO S.A.” sin contar con la fiscalización de la Contraloría General de la República, detalló la Fiscalía.
La investigación también indica que la reparación fue superficial y no integral, lo cual “dejó la base dañada comprometiendo la seguridad de la pista”.
Cuando se emite un decreto de emergencia los trámites para realizar las obras se simplifican para contar con los recursos de manera expedita sin el refrendo previo de la Contraloría General de la República.
Según la Fiscalía, “durante la ejecución de la obra se detectaron incumplimientos contractuales de la empresa que presuntamente derivaron en presiones indebidas para modificar el contrato y omitir la sustitución de la base del pavimento”.
“Estas acciones generaron perjuicios económicos al Estado, al desviar recursos del Fondo Nacional de Emergencias para una obra que no se dañó producto de esos fenómenos naturales, además de vulnerarse la normativa de contratación pública”, explicó la Fiscalía.
Entre los lugares allanados se encuentran oficinas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de la Dirección General de Aviación Civil, de la CNE, así como de la empresa MECO, y las casas de las personas detenidas.
Los cuatro imputados detenidos se encuentran a las órdenes del Poder Judicial donde la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) les tomará la declaración indagatoria y posteriormente valorará la necesidad de solicitar medidas cautelares.
De acuerdo al diario La Nación de Costa Rica, en la lista de personas investigadas en el expediente penal 24-000454-1218-PE, denominado Pista Oscura, contempla también a altos funcionarios de la constructora MECO. Estos son: José Alfredo Sánchez Zumbado y González Chinchilla, presidente y director técnico de la empresa MECO, adjudicataria del proyecto.
También está en la lista Natalia Díaz Quintana, exministra de la presidencia. Díaz es actual candidata a la Presidencia por el Partido Unidos Podemos.
‘Un circo’
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, calificó como un “circo” los allanamientos y detenciones.
“Eso no fue un show siquiera, fue un circo, un desperdicio de recursos, una afrenta a la conciencia nacional, un acto desproporcionado y una provocación al pueblo de Costa Rica. No fue una simple acción judicial o un operativo, fue una ópera bufa para hacer el ridículo”, declaró Chaves en su conferencia de prensa semanal.
Chaves, quien constantemente critica al fiscal general Carlo Díaz, al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, a jueces, magistrados y al Poder Judicial en general, aseguró que el operativo se trató de “una acción intimidatoria para que mis colegas de Gobierno no hagan lo que tengan que hacer cuando haya que hacerse”.
El presidente Chaves defendió la legalidad de la contratación y los criterios técnicos utilizados para evitar un accidente aéreo o el cierre del aeropuerto.
“Los funcionarios que se encuentran en la fiscalía y el OIJ en el mejor de los casos son incompetentes y arbitrarios”, expresó el presidente.
El mandatario también anunció el veto de una ley que busca permitir que las autoridades judiciales realicen allanamientos a cualquier hora del día.
“No voy a firmar una ley más que le dé más instrumentos a esos señores y a sus jefes de la Sala Tercera para seguir amedrentando y aplicando la ley como les parece y a quienes les parece. Uno no le da alas a animales ponzoñosos”, manifestó.
