La reforma a la Constitución Política de Nicaragua, que transforma el Estado, elimina el balance de poderes y otorga un poder total al presidente del país, Daniel Ortega, y a su esposa, Rosario Murillo, quienes ahora tienen el cargo de copresidentes, persigue la “sucesión familiar”, sostuvo el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam) en un análisis presentado este viernes en Costa Rica.
“La nueva Constitución Política persigue la sucesión familiar por todas partes”, concluyó el abogado opositor nicaragüense Eliseo Núñez, autor del estudio Tiranía, legalidad y transición: lecciones y desafíos para una Nicaragua democrática.
Para el letrado, con esas enmiendas constitucionales, en las que se eliminan los contrapesos, Ortega se parece más a un “sultanato de Medio Oriente”, más que a una “monarquía”, porque gobierna sin ningún control.
De hecho, dijo Núñez, un nicaragüense desnacionalizado, antes de la reforma constitucional, Ortega usó primero la fuerza para conculcar las libertades y los derechos fundamentales de la ciudadanía y luego las legalizó en la carta magna, es decir, “la legalidad después de la tiranía”.
Por tanto, según el estudio de la Cetcam, las recientes reformas constitucionales, en vigor desde febrero pasado, forman parte de una estrategia de Ortega y Murillo para “legalizar su proyecto político autoritario y dinástico”, en el contexto de la crisis sociopolítica que vive el país desde las protestas civiles de abril de 2018.
Transformación del sistema político nicaragüense
Para ese centro de pensamiento integrado por investigadores centroamericanos de distintas disciplinas, con sede en Costa Rica, como “el régimen de los Ortega Murillo no ha podido acabar con las acciones de resistencia ciudadana, ha optado por la radicalización autoritaria” del sistema político nicaragüense e instaurado “el estado policial”.
“Las reformas eliminan la separación de poderes, consolidando un modelo centralizado donde el Ejecutivo tiene control sobre los órganos Legislativo, Judicial y Electoral. Esto compromete gravemente los principios democráticos y los mecanismos de control y equilibrio que garantizaban la independencia institucional”, advirtió Núñez, investigador asociado de la Cetcam.
Según el análisis, estas reformas impactan severamente las condiciones necesarias para un sistema democrático funcional.
La credibilidad en la alternancia política “ha sido prácticamente eliminada con la reforma. La introducción de la figura de la copresidencia y la eliminación de la separación de poderes consolidan un modelo donde la alternancia democrática es imposible”, señaló el jurista.
Para revertir estos cambios, el estudio propone una hoja de ruta que incluya devolver el poder a la ciudadanía mediante educación cívica, fortalecimiento de la sociedad civil y fomento de liderazgos alternativos.
El poder absoluto de la Presidencia
A mediados de febrero de 2025, Nicaragua puso en vigor una reforma profunda a la Constitución Política que ha sido duramente criticada por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, el Parlamento Europeo y opositores nicaragüenses.
La enmienda amplía de cinco a seis años el periodo presidencial, establece la figura de “copresidenta”, que el Ejecutivo “coordine” los demás “órganos” del Estado, que dejan de llamarse poderes, y legaliza la apatridia.
Además, crea las “fuerzas militares de reserva patriótica” y la “policía voluntaria” que, según los opositores, se tratarían de fuerzas parapoliciales y paramilitares.
Los legisladores, a petición de Ortega, reformaron 148 de los 198 artículos de la Carta Magna y derogaron otros 37, incluido el que prohibía la práctica de la tortura.
También incluye como símbolo patrio la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido en el Gobierno desde 2007.
Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007, gobierna Nicaragua desde 2017 junto con su esposa Murillo en medio de denuncias de fraudes electorales o eliminando a la oposición para no tener competencia.
