La península de Azuero, conformada por las provincias de Los Santos y Herrera, atraviesa una crisis constante. Es importante reconocer que son provincias vecinas que fueron separadas, en tiempos ya lejanos, por el expresidente Belisario Porras con el propósito de recibir apoyo estatal individualizado para avanzar y desarrollarse.
No obstante, siguen trabajando de forma legislativa de manera independiente. Los diputados deben laborar en conjunto, ya que las acciones en Los Santos influyen en Herrera y viceversa. Por ejemplo, si un diputado de Herrera presenta un proyecto beneficioso para su provincia, es fundamental que su homólogo en Los Santos respalde dicho proyecto, puesto que beneficiará a ambas jurisdicciones. Independientemente de banderas políticas o pertenencias partidarias, los representantes de Azuero deberían actuar como un bloque unido, dejando de lado intereses particulares y priorizando la unidad regional. Los diputados de Azuero deben trabajar juntos como un único bloque, conformando una unidad que permita implementar los cambios que realmente necesitan: menos excesos en la imagen y en las redes sociales, y más acciones concretas.
Es innegable que estas provincias han realizado numerosos aportes al país. Han progresado de manera casi autónoma, muchas veces sin el respaldo del gobierno central, y han ofrecido lo mejor de sí en términos de educación, valores y una fuerza laboral predominantemente honesta y trabajadora. Sin embargo, en el ámbito político ya no gozan de la influencia de antaño y, salvo en eventos, fiestas regionales o periodos electorales, rara vez captan la atención de los gobiernos.
Sus necesidades son tantas que resulta imposible enumerarlas todas, y enfrentan problemas persistentes que parecen haberse convertido en una característica endémica de nuestra sociedad. A pesar de cumplir con sus obligaciones fiscales, cuentan con uno de los peores servicios eléctricos del país, operan con plantas potabilizadoras que presentan averías constantes desde hace décadas y sufren inundaciones recurrentes en las mismas zonas. Además, consumen agua de dudosa calidad —por no decir contaminada— y dependen de un único puente sobre el río La Villa para conectar ambas provincias.
A nivel nacional, enfrentan una marcada incidencia de cáncer. En casos complicados, los pacientes deben trasladarse a la ciudad capital para recibir atención y tratamiento. Aunque reconocemos la importancia de los servicios en la Ciudad de la Salud, es necesario establecer un hospital oncológico en el interior del país. Esto permitiría a las personas recibir tratamientos completos sin la necesidad de desplazarse a la capital. No se trata de incorporar áreas o salones en hospitales existentes, sino de construir una instalación especializada en oncología que atienda no solo a Herrera y Los Santos, sino también a las provincias vecinas.
Una vez más, cada año sin excepción se repite el hecho de que beben agua contaminada. Un hecho que, como panameños, solemos olvidar es que el derecho al agua fue reconocido como derecho humano el 28 de julio de 2010 por la ONU, mediante la Resolución A/RES/64/292, que tiene por título: “El derecho humano al agua y el saneamiento”. Este reconocimiento garantiza no solo el acceso al agua, sino también que esta sea accesible, segura, disponible, asequible y limpia. Además, se asegura que pueda ser consumida de manera segura, cumpliendo con un mínimo de calidad requerido. En este sentido, disponibilidad implica contar con un suministro suficiente y continuo; accesibilidad significa que el agua se encuentre en un lugar seguro y que su precio sea asequible; y, por calidad y seguridad, el agua debe estar libre de contaminantes y contar con un adecuado proceso de saneamiento. Cuando se cumplen estos elementos, se garantiza una vida saludable y se mejora la calidad de vida.
Este reconocimiento implica considerar el acceso al agua como esencial para la vida misma, priorizando su acceso universal, incluso para las personas más necesitadas y vulnerables, sin discriminación alguna. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que el acceso y el uso de agua potable y saneamiento son derechos humanos fundamentales para la vida y otros derechos. Esto significa que dicho acceso debe ser seguro, accesible, asequible y, sobre todo, suficiente para el uso personal y doméstico, permitiendo una vida de calidad y el mantenimiento de la higiene y la salud. En resumen, es un derecho indispensable para preservar la salud y la dignidad de las personas.
En su informe anual de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó que el acceso al agua es un derecho estrechamente vinculado a la garantía de varios derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, a la integridad personal, al principio de no discriminación y de igualdad. Para la Comisión Interamericana, la falta de acceso al agua afecta principalmente a personas, grupos y colectividades vulnerables, tales como personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, niños, poblaciones rurales y personas privadas de libertad. La escasez de agua potable está asociada a las consecuencias de la pobreza y la pobreza extrema, impactando gravemente en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Se reconoce que la falta de agua potable y saneamiento es la segunda causa principal de morbilidad y mortalidad en niños menores de cinco años en el hemisferio. El acceso a agua de calidad, es decir, potable y adecuada para el uso y consumo humano, es esencial para evitar la deshidratación, disminuir el riesgo de enfermedades relacionadas con el agua y satisfacer las necesidades de consumo, cocina, higiene personal y doméstica.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU elaboró el Comentario General n.º 15, en el que se establecen los elementos clave relacionados con el agua. Así, se destaca que esta debe estar disponible, ser de calidad, segura y, ante todo, accesible tanto física como económicamente, en el sentido de que el agua debe ser considerada como un bien social y cultural, no solamente un bien económico. Por otro lado, los Objetivos de Desarrollo Sostenible n.º 6 tienen como finalidad lograr el acceso universal al agua potable y al saneamiento para el 2030, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual insta a los Estados a trabajar por ese acceso sin discriminación, priorizando a las personas más vulnerables y necesitadas.
El derecho al agua y al saneamiento es una herramienta fundamental para reducir la desigualdad social y la pobreza, además de contribuir a la conformación de sociedades más equilibradas. El acceso al agua potable busca garantizar un desarrollo sostenible, proporcionando condiciones y oportunidades equitativas para todos.
La contaminación del río La Villa es múltiple y recurrente desde hace décadas. Ha sido afectado por agroquímicos, pesticidas, granjas porcinas, microorganismos y problemas de turbidez, entre otros factores. Asimismo, la falta de reforestación en la península, las sequías, la ausencia de un sistema de alcantarillado moderno y eficiente, y la falta de investigación y sanción hacia los responsables de la contaminación han contribuido a su deterioro. Es imperativo aumentar las multas y penas de prisión, reubicar a las empresas contaminantes fuera de las riberas del río y construir nuevas plantas potabilizadoras modernas y eficientes, que utilicen no solo el agua del río La Villa, sino también de otras fuentes. El uso de pozos debe considerarse una medida transitoria y no permanente.
La crisis hídrica en Azuero requiere atención inmediata y soluciones estructurales, lo cual demanda una política de Estado y no meramente una política gubernamental. La actual contaminación del río La Villa ha desencadenado una crisis en el suministro, pero los problemas subyacentes —como la falta de regulación, la degradación ambiental y la infraestructura inadecuada— deben abordarse para prevenir futuras emergencias. Es crucial que las autoridades implementen medidas contundentes para garantizar el acceso a un agua limpia y segura.
El autor es abogado, investigador y doctor en Derecho.
