La historia oficial de la Biblioteca Nacional de Panamá comenzó en 1942 en un local contiguo a la Presidencia de la República, siendo su primer director el profesor Ernesto J. Castillero, quien se encargó de levantar el inventario de más de diez mil libros pertenecientes a la antigua Biblioteca Colón, fundada en 1892.
Estos libros pasaron a ser la colección inicial de la nueva biblioteca, cuyo objetivo era servir a la Patria y proporcionar ilustración a todos los que residimos en el istmo.
En enero de 1961, la sede de la Biblioteca fue trasladada a un edificio cercano a la Asamblea Nacional de Panamá. Al ser designado don Aristides Royo como ministro de Educación (1976-1978), la función y la importancia de la biblioteca quedaron entre sus prioridades. Gracias a ese manifiesto interés, ya durante su presidencia de la República (1978-1982), se iniciaron las gestiones para trasladar el patrimonio de la biblioteca a un edificio adecuado para una institución moderna. Raúl R. Rodríguez Porcell, profesor y arquitecto, donó los planos para este nuevo edificio. El decreto que estableció el nombre de Ernesto J. Castillero para la biblioteca también fue firmado durante la presidencia de Aristides Royo.
El edificio actual fue inaugurado el 24 de septiembre de 1987 por el presidente de la República, Eric Arturo Delvalle. Una década después se creó la Fundación Pro Biblioteca Nacional, que se encargó de todo el sistema de bibliotecas nacionales del país.
Han sido 82 años dedicados a rescatar, proteger y divulgar la memoria documental de nuestro país. Desde un pequeño local en San Felipe hasta el actual edificio, la Biblioteca Nacional sigue resguardando miles de documentos que narran nuestra historia y constituyen nuestro patrimonio cultural. Para celebrar este aniversario, el 11 de julio se organizó un acto en el que se destacó la importancia de esta casa de la memoria documental y se inauguró la exposición “82º aniversario: conservando la memoria para el presente y futuro” bajo la curaduría del licenciado Mario García Hudson.
El licenciado Fernando Sucre Miguez, presidente de la Fundación Pro Biblioteca Nacional, expuso sobre el rol de la Fundación y detalló que en 1997 se suscribió un convenio con el Ministerio de Educación y se asignó un fondo de 7 millones de dólares, además de fondos anuales provenientes del ministerio, donaciones de amigos y particulares. El señor Sucre destacó que con esta estructura y los fondos recibidos, se inició la modernización de la Biblioteca Nacional y de 60 bibliotecas públicas adscritas. Se adquirieron equipos, se implementaron nuevas tecnologías en los procesos bibliotecarios totalmente automatizados, se realizaron capacitaciones para profesionales en biblioteconomía y se adquirieron materiales y equipos para la restauración, encuadernación y conservación del patrimonio cultural.
Asimismo, Sucre Miguez enfatizó la necesidad de mayor apoyo financiero, sosteniendo que “proteger el legado exige equipos y materiales especiales para la conservación y restauración, y estos no se encuentran en el mercado nacional”. Además, advirtió que de los 7 millones de dólares solo les quedan 2.3 millones de dólares, debido a la falta de asignación suficiente de partidas presupuestarias por parte de los gobiernos pasados. El presupuesto anual para la administración y funcionamiento de esta sede y las bibliotecas públicas asciende a tan solo 2 millones de dólares, pero en 2023 esta asignación se redujo a 690,000 dólares, lo que les ha obligado a utilizar el fondo fundacional. A este paso, les queda un año más de funcionamiento. “Con esta falta de fondos, la situación de las bibliotecas públicas se encuentra en estado de emergencia”, recalcó el licenciado. De las 60 bibliotecas públicas activas en 2002, hoy solo se cuenta con 34 activas. El licenciado destacó que desde 2022 las bibliotecas se encuentran en un proceso de transición hacia el Ministerio de Cultura y desde la Fundación Pro Biblioteca se desconoce si este ministerio consideró en su presupuesto de 2025 a las bibliotecas, ya que tampoco existe convenio entre la Fundación y el Ministerio de Cultura.
En respuesta a lo señalado por el licenciado Sucre, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, expresó que la Biblioteca Nacional y las bibliotecas públicas constituyen una prioridad para el gobierno actual y están incluidas en las acciones de los primeros 100 días de gobierno. Recalcó el compromiso con la educación y la cultura, entendidos como derechos a los que todos deben tener acceso digno. La ministra también destacó que uno de los grandes retos que asumió al aceptar la cartera ministerial fue revitalizar las bibliotecas públicas, ahora integradas en la labor del Ministerio de Cultura, reconociendo su importancia vital en las diversas comunidades del país. ¡Enhorabuena y manos a la obra!
La autora es docente universitaria
