Las elecciones de mayo de 2024 trajeron consigo caras nuevas en la política panameña, especialmente en la Asamblea Nacional. Uno de los hechos más llamativos fue la llegada de aproximadamente 20 diputados independientes, generando expectativas de un cambio significativo dentro del órgano legislativo.
Sin embargo, tras casi dos años en sus cargos, la ciudadanía empieza a recordar aquel refrán: “escoba nueva barre bien”. La expectativa inicial ha dado paso a la decepción. A pesar de las dificultades reales que implica construir acuerdos en el Legislativo, a estas alturas esa explicación comienza a parecer más una excusa que una justificación válida.
En muchos casos, estas nuevas figuras parecen más enfocadas en la visibilidad mediática que en el ejercicio efectivo de sus funciones. Hemos visto más “taquilla” que resultados concretos. Sus discursos, que en campaña se basaban en una división simplista entre “los buenos” y “los malos”, hoy evidencian una realidad distinta: ser nuevo o joven no garantiza ser mejor, y el tiempo lo ha demostrado.
Las críticas que antes dirigían al populismo y a las prácticas tradicionales de la política han terminado replicándose. Discursos cargados de emocionalidad, uso intensivo de redes sociales para ganar protagonismo y participación en temas que exceden sus competencias se han vuelto parte de su actuar cotidiano.
Más preocupante aún es el contenido de muchas de sus propuestas legislativas: iniciativas sin sustento técnico sólido, orientadas más a obtener aplausos que a resolver problemas estructurales. Ejemplo de ello es el respaldo a sistemas de reparto en reformas al seguro social, modelos que han demostrado ser insostenibles en numerosos países y que trasladan costos a las futuras generaciones.
También destacan propuestas como aumentos de pensiones sin explicar con claridad su financiamiento, o planteamientos que implican mayores impuestos y cargas para la economía. Este tipo de medidas no solo reflejan populismo, sino también una falta de responsabilidad fiscal.
En lugar de promover igualdad ante la ley, reducción de regulaciones o mejoras en la eficiencia económica, muchas iniciativas apuntan hacia más intervención estatal, controles de precios, mayor burocracia y concesiones a grupos de presión. Paradójicamente, mientras critican al Ejecutivo por la falta de empleo, el alto costo de vida y la escasez de oportunidades, no impulsan reformas estructurales desde el Legislativo que podrían incidir directamente en estos problemas.
La realidad es que, más allá del discurso de oposición, no han demostrado una voluntad clara de transformar la forma de hacer política. Lo que parece haber cambiado no es el sistema, sino los actores: nuevos políticos reproduciendo viejas prácticas.
A casi dos años de gestión, tampoco se ha evidenciado un esfuerzo serio por limitar el poder del Estado, pese a las constantes denuncias sobre discrecionalidad y corrupción. Todo queda, en gran medida, en palabras: discursos bien intencionados, pero vacíos de acciones concretas.
Como dice el refrán, “el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”. Muchas de las propuestas presentadas no solo carecen de viabilidad económica, sino que incluso contradicen principios básicos del comportamiento humano y del funcionamiento de los mercados.
Existe, además, una peligrosa tendencia: la creencia de que los políticos saben qué es lo mejor para los ciudadanos y deben imponerlo en nombre del “bien común”, sin importar los costos. Y no hay nada más riesgoso que justificar los medios por los fines.
Al final, muchos ciudadanos siguen viendo en estas figuras a líderes salvadores, cediendo su libertad a cambio de una promesa de seguridad. Pero la historia demuestra que ese intercambio rara vez termina bien.
El autor es miembro de la Fundación Libertad.
