La Asamblea Nacional de Panamá atraviesa una crisis de confianza sin precedentes. Según una encuesta de La Prensa de marzo de 2024, el 84.1% de los panameños tiene poca o ninguna fe en este órgano del Estado, una cifra que en provincias como Coclé alcanza el 98.6%.
Una de las raíces principales de este problema es la deficiente aplicación de la carrera del servicio legislativo, creada por la Ley 12 del 10 de febrero de 1998, cuyo objetivo era profesionalizar la administración legislativa y garantizar estabilidad basada en el mérito. Sin embargo, esta ley se ha convertido en un mecanismo para proteger intereses políticos ilegítimos. Entre 2008 y 2024, más de 1,200 personas ingresaron a la carrera legislativa por vías especiales, sin concursos ni evaluaciones. Solo en abril de 2024 se acreditaron 450 funcionarios, sin pruebas técnicas que validaran su capacidad ni su rendimiento.
Estos datos no deben analizarse de forma aislada. Según cifras citadas por este mismo periódico, para abril de 2024, la Asamblea tenía una planilla de 4,022 personas. Del presupuesto total asignado, casi el 97% se destina a funcionamiento, y apenas el 3% a inversión. Hablamos de más de 113 millones de dólares anuales que no encuentran justificación ni sustento en planes de eficiencia institucional.
Mientras la planilla crece desmesuradamente, las leyes diseñadas para profesionalizar el servicio público —como la Ley 12— se usan para blindar y proteger nombramientos políticos injustificados, innecesarios y onerosos. Esto genera cuatro problemas que debemos visibilizar y enfrentar:
Clientelismo institucionalizado: cada directiva hereda compromisos de planilla, perpetuando un sistema opaco y sin control.
Falta de transparencia: muchas plazas carecen de trazabilidad; no se sabe quién las ocupa ni qué funciones cumplen.
Ausencia de tecnología: no existen registros digitales de desempeño, horarios ni productividad, lo que impide toda evaluación objetiva.
Falta de sanciones reales: la estabilidad se ha convertido en un escudo frente a la rendición de cuentas.
A esto se suma un problema aún más grave: las llamadas “botellas históricas”. Funcionarios que llevan décadas en la Asamblea sin evaluación alguna, y en algunos casos ni siquiera se sabe si siguen activos o bajo qué condiciones. Por eso, urge una “purga legislativa” de carácter técnico y legal, orientada a ordenar el sistema con criterios claros, verificables y constitucionalmente sostenibles, sin persecuciones ni venganzas políticas.
Esto no implica debilitar a la Asamblea ni negar su necesidad operativa. Es cierto que los diputados requieren personal de confianza para asesoría, gestión en circuito y atención ciudadana. La clave está en regular con firmeza. Estas posiciones deben estar claramente definidas, supervisadas y excluidas del ingreso automático a la carrera. Esta reforma, a mi juicio, debe incluir los siguientes parámetros:
Concursos públicos obligatorios: derogar los procedimientos especiales y establecer el concurso como única vía de ingreso a la carrera legislativa.
Regulación del personal de confianza: establecer mecanismos verificables, con rendición de cuentas clara sobre funciones y desempeño.
Transformación digital: implementar un sistema integrado de gestión legislativa que incluya expedientes electrónicos del personal, registro biométrico de asistencia, evaluaciones de desempeño basadas en indicadores objetivos y una plataforma en línea accesible al público donde se publiquen, en tiempo real, vacantes, salarios y funciones, conforme a las mejores prácticas de gobierno abierto y las demandas de transparencia de la ciudadanía panameña.
La Asamblea enfrenta un momento decisivo: puede seguir siendo un símbolo del clientelismo o liderar su propia transformación. La nueva junta directiva tiene en sus manos la oportunidad de limpiar la casa y demostrar que los partidos políticos aún pueden actuar con responsabilidad.
Esta no es solo una cuestión técnica, sino de voluntad y compromiso con el país. Panamá espera que sus líderes estén a la altura. Esta podría ser la última oportunidad para recuperar la confianza de un pueblo que ya no cree en promesas vacías.
El autor es abogado y director de la Fundación de Gobernanza Democrática.
