Fuera quien fuera la persona que ocupara la silla presidencial, habría sido un no grato heredero de una crisis de gobernabilidad desde el inicio de su gestión. Los actores —partidos políticos, movimientos sociales (sindicatos, gremios de educadores), gremios empresariales, movimientos religiosos, personas con poder y recursos económicos— y, sobre todo, el Estado, no tendrían la capacidad técnica ni los recursos para hacer frente a las excesivas demandas acumuladas ni a la pesada carga de necesidades exigidas por la población.
Por un lado, hay problemas que afectan directamente la calidad de vida: la escasez de agua para consumo humano en la mayoría de los distritos del país; la crisis de la seguridad social, marcada por la mala calidad de los servicios de atención médica y pensiones bajas; la alta tasa de desempleo (no solo producto del COVID-19, sino también de una ineficiente asignación de recursos en sectores que no debieron priorizarse); y una agenda desestabilizadora impulsada por grupos locales asesorados por intereses foráneos, que habrían llevado al borde del colapso total de la economía panameña. Todo esto, sin contar lo cerca que estuvo el país de perder su grado de inversión.
El gobierno actual ha intentado implementar políticas públicas para atender parte de estos problemas sociales. Una de ellas fue la reforma a la Ley 51 de la Caja de Seguro Social, que generó protestas de grupos sindicales y magisteriales. La ley, como se ha dicho, no es perfecta, pero evitó —según el Bank of America— la pérdida del grado de inversión, lo cual habría aislado al país de la inversión internacional privada. Mantener ese estatus nos mantiene como un destino seguro para hacer negocios y generar nuevos empleos.
Nos encontramos en un ciclo económico de contracción, en el que la inversión pública ya no es sostenible debido a que el nivel de deuda supera los 50 mil millones de dólares y los egresos sobrepasan los ingresos del Estado. Esta responsabilidad ha pasado a recaer en el sector privado. De mantenerse un ambiente estable, libre de estallidos sociales y escándalos políticos, Panamá podría superar este ciclo en un plazo de tres a cuatro años.
El gobierno debe asumir tareas pendientes y postergadas por administraciones anteriores, como una recaudación efectiva de impuestos que reduzca la evasión, la cual asciende a una escandalosa suma cercana a los 8 mil millones de dólares anuales. También debe priorizar la ejecución y culminación de megaproyectos postergados —el cuarto puente sobre el Canal y la tercera línea del metro— e impulsar nuevos, como el tren y el embalse del río Indio. Este último no solo garantizaría agua para el funcionamiento del Canal, sino también el derecho de todos los panameños a contar con acceso al vital líquido las 24 horas del día, los siete días de la semana.
Por último, la administración de justicia debe asumir un papel protagónico en el adecentamiento de la cosa pública. Bajar las banderas partidistas y realzar el emblema patrio como símbolo de unidad nacional es la única salida a esta crisis y la garantía de un futuro próspero.
El autor es diputado por la libre postulación del circuito 13-1.
