Panamá a veces es ese país que te vende 5G en la presentación, pero te atiende en papel carbón cuando llegas a la ventanilla.
Nos encanta decir que somos hub logístico, financiero, tecnológico, el “Silicon Valley” con calor y buen sancocho. Y suena bonito. Funciona en foros, en presentaciones y en discursos bien ensayados. El problema es cuando bajas de la tarima y entras al sistema: ahí descubres que el país que se vende y el país que se vive no están ni en la misma sintonía.
El panameño ya se maneja bien en el celular. Paga, se mueve, trabaja, decide en tiempo real. Pero cuando le toca interactuar con algunas instituciones del Estado, vuelve al túnel del tiempo: imprime, firma, sella, regresa, espera… y, si tiene suerte, avanza. Y ahí empieza la novela: el trámite nunca muere, pero tampoco avanza.
Y ojo, no todo está perdido ni es la realidad total. Sería injusto decirlo así.
El Registro Público ha entendido algo clave: la seguridad jurídica no se rompe con tecnología, se fortalece. Ha digitalizado, ha reducido tiempos, ha hecho lo que había que hacer. El Órgano Judicial —donde me tocó ver los primeros pasos de su digitalización junto a la licenciada Ileana Bryden (Q.E.P.D.)— también se movió hacia este siglo, con tropiezos, sí, pero con dirección. La ACP, como siempre, jugando en la Champions. Y el MINREX, calladito, también empujando la modernización.
Es decir: ¡sí se puede! Pero entonces aparece el otro Panamá, el que no suelta.
El decreto de la ATTT sobre plataformas tecnológicas es el mejor ejemplo. No prohíben la tecnología —eso sería muy frontal—, pero hacen algo más criollo: la aceptan… siempre y cuando no cambie nada.
Plataformas del siglo XXI operando como taxi de piquera. Cupos, certificados, intermediarios… todo bien amarrado para que nada se salga del molde. En otras palabras: puedes innovar, pero compórtate como antes.
¿Y qué pasa? ¿Cuál es la pregunta de fondo? La tecnología trae algo incómodo: se sabe quién aprobó, cuándo se aprobó y por qué se aprobó. Hay menos espacio para decidir quién pasa primero y quién se queda “en revisión”.
Porque en ese mundo ya no se “pierden” fojas por arte de magia, no hay que “darle seguimiento” a alguien específico y el famoso “eso camina, pero hay que empujarlo” empieza a extinguirse. Y ahí es donde al sistema le tiemblan las piernas.
Yo mismo estoy hablando de la Zona Franca de Aguadulce en Norteamérica, Sudamérica y Europa. La vendo como lo que puede ser: un centro logístico inteligente, una jurisdicción ágil, un país que entiende cómo se mueve el mundo hoy. Y quiero que eso sea exactamente lo que vea el inversionista cuando llegue.
Pero cuando veo cosas como el decreto de la ATTT, me queda la duda incómoda: que lo excepcional siga siendo lo moderno y que lo normal siga siendo el atraso.
Porque el riesgo no es el discurso. El riesgo es que el inversionista aterrice en el hub del futuro… y en el municipio le digan: “solo damos papelito hasta la 1:00 p.m.”, que la firma digital no aplica, que traiga la carta notariada en físico y que, si quiere copias, regrese el martes de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
Entonces, no nos engañemos. Esto no es solo ignorancia tecnológica ni un tema generacional. Queremos mantener a la fuerza un modelo que ya no compite.
Si de verdad queremos jugar en serio, hay que cambiar el enfoque: dejar de regular estructuras y empezar a regular comportamientos. Seguridad, calidad, responsabilidad. Abrir sistemas donde la entrada dependa del cumplimiento, no del permiso de alguien. Donde las reglas no cambien según la ventanilla, sino que se sostengan en datos.
Porque, al final, modernizar no es ponerle tecnología al discurso; es quitarle el escondite al sistema. Y ahí es donde a muchos se les acaba la comodidad.
El autor es abogado y analista jurídico-social.
