¿Por qué nuestra democracia está en crisis? Cualquier definición de democracia nos conduce a la idea de “poder popular” —al menos así lo planteó Giovanni Sartori—, y este concepto no debe apartarse de su ideal. Si hablamos de democracia, hablamos de poder popular. Nuestra Constitución, en su artículo 2, establece: “El poder público solo emana del pueblo […]”.
Vivimos en un país presidencialista, con una democracia representativa altamente excluyente. En la práctica, el poder popular no tiene mecanismos para canalizar su descontento, más allá de depositar su voto cada cinco años. Por ello, recurre constantemente a la protesta social —cierres de calles, marchas, mítines— como mecanismo legítimo de lucha. Ahora se ensaya la figura de la revocatoria de mandato, aunque, hasta el momento, sin éxito.
El gobierno del presidente José Raúl Mulino, iniciado el 1 de julio de 2024 y que se extenderá hasta el 30 de junio de 2029, se ha caracterizado por un discurso fuerte contra los movimientos sociales y la sociedad civil. El propio mandatario afirmó que, “si tiene que ser dictador, lo será” (enlace), un comentario inadmisible en una democracia. Al mismo tiempo, mantiene una posición débil frente al irredentismo estadounidense que, según algunos sectores, busca “recuperar” el canal de Panamá.
A un año de gestión, Mulino tiene baja popularidad y se distanció de su principal aliado político, el expresidente Ricardo Martinelli. Ha tomado medidas impopulares, como la reforma a la Caja de Seguro Social mediante la Ley 462, que desmejora condiciones de jubilación y cede un porcentaje de sus fondos a la banca privada. Firmó, además, un memorando de entendimiento con Estados Unidos que permite la presencia de personal militar estadounidense en territorio panameño, violando —según críticos— la soberanía nacional y el Tratado de Neutralidad.
Los movimientos sociales repudiaron estas medidas y exigieron la derogación de la Ley 462 y la suspensión del memorando. Sin embargo, el Ejecutivo impuso ambas decisiones. A ello se suma su intención de reabrir Minera Panamá —cuyo contrato de extracción metálica a cielo abierto fue declarado inconstitucional— y de construir el embalse de Río Indio, acciones rechazadas por organizaciones ambientalistas.
El Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS) se declaró en huelga, seguido por gremios magisteriales y el Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera (SITRAIBANA), afectado por la Ley 462 que, según denunciaron, contraviene la Ley 45 de 2017 que protege sus conquistas laborales. En Bocas del Toro, provincia dominada por el monocultivo bananero, gran parte de la población paralizó actividades.
El Gobierno declaró la guerra al movimiento social, en particular a SITRAIBANA, SUNTRACS y los gremios magisteriales. Se anunció públicamente la judicialización de dirigentes: Saúl Méndez y Erasmo Cerrud, ambos del SUNTRACS, buscaron asilo en las embajadas de Bolivia y Nicaragua; Francisco Smith, secretario general de SITRAIBANA, fue detenido durante las negociaciones y luego liberado bajo medidas cautelares. Hay decenas de detenidos, cientos de docentes procesados, suspensión de salarios y amenazas de destitución.
La impopularidad de Mulino —quien ganó con apenas 34.23% de los votos válidos, en un 77.66% de participación electoral— es evidente: “El 67% de la población considera mala su gestión” (enlace). Su gobierno carece de mayoría en la Asamblea y de capital político, mientras el partido oficialista Realizando Metas sigue controlado, desde el exilio, por Martinelli. En este contexto, implementar medidas impopulares será difícil, a menos que se recurra —como advierten sus críticos— a la represión, violando derechos humanos y debilitando aún más la democracia.
El trasfondo es estructural. Estas no son políticas de gobierno, sino recetas del gran capital, aplicadas sin considerar las realidades nacionales y sostenidas por represión. La lucha contra la reforma a la seguridad social, la confrontación con los movimientos sociales y la subordinación a intereses estadounidenses forman parte de este esquema.
La suspensión de salarios a docentes en huelga y los procesos para destituirlos generaron mayor descontento. Muchos enfrentan dificultades para cumplir con hipotecas, préstamos y pensiones. Está en juego un derecho fundamental: el derecho a huelga en el sector público. Como explicó Carlos Bichet (enlace), la jurisprudencia internacional lo respalda, citando el Caso Extrabajadores del Organismo Judicial vs. Guatemala (2021), que protege el derecho a huelga, asociación, libertad sindical, trabajo y estabilidad laboral.
Las garantías fundamentales han sido vulneradas: restricciones a la protesta, acceso limitado a la información y represión violenta en comunidades indígenas, denunciada por el Congreso General Guna (enlace). En Bocas del Toro, el despliegue policial se asemejó a una militarización. El gobierno decretó un Estado de urgencia —en la práctica, un Estado de excepción—, suspendió garantías fundamentales, cortó internet y telefonía móvil, y detuvo a cientos de personas en la operación Omega.
La crónica de V. A. Mojica (enlace) narra casos de tortura, tratos crueles y degradantes, y el asesinato de Roger Montezuma. El Estado, signatario desde 1987 de la Convención contra la Tortura, tendrá que responder ante estas denuncias.
Finalmente, el eventual cierre del Ministerio de la Mujer, justificado por el presidente como una medida de eficiencia estatal, refuerza su postura conservadora en lo social y neoliberal en lo económico, debilitando la participación política de las mujeres.
Las actuales circunstancias, marcadas por la crisis democrática y la vulneración de derechos humanos, obligan a los movimientos sociales a replantear tácticas y estrategias. En su primer año de gestión, el presidente Mulino ha mostrado incapacidad para dirimir disensos democráticamente, profundizando la inestabilidad y la incertidumbre nacional.
El autor es profesor en la Universidad de Panamá e investigador en el Sistema Nacional de Investigación (SNI) de la SENACYT.
