A partir del 5 de noviembre de 2025, fecha en que el presidente estadounidense anunció al mundo “la estrategia de seguridad nacional y corolario de Donald Trump a la doctrina Monroe” (“Donroe”), se suscitaron en Panamá y en Estados Unidos una serie de eventos que vinculan, supuestamente, al presidente de la República, José Raúl Mulino Quintero, con la violación de la Constitución y la ley que juró cumplir y hacer cumplir.
En esta ocasión no me referiré a la violación de derechos humanos y de garantías fundamentales en perjuicio de dirigentes sindicales de la construcción y de líderes gremiales de la educación. Tampoco está dirigido este ensayo al incumplimiento del fallo de inconstitucionalidad de la Ley 406, proferido por la Corte Suprema de Justicia.
Por el contrario, desarrollaré una apretada síntesis de los hechos y actuaciones de política internacional que, por mandato constitucional, le corresponde dirigir al ciudadano que ocupa transitoriamente la Presidencia de la República.
Se trata del incumplimiento de los artículos 3, 184, 310, 315 y 325 de la Constitución Política de la República; de los artículos I y V del Tratado de Neutralidad; de la Ley 19 del 11 de junio de 1997 de la ACP, así como del artículo 425 del Código Penal.
Los “Memorandum of Understanding” (MOU), o acuerdos de entendimiento mutuo, se vienen realizando desde el gobierno de Martín Torrijos (2006). Por supuesto que, desde entonces, se viola la Constitución y la ley, con la sustancial diferencia de que se suscribieron acuerdos para la realización de maniobras militares entre Estados Unidos y Panamá, y no para establecer bases militares estadounidenses y permitir el tránsito de naves de guerra norteamericanas por el Canal exentas del pago de peaje.
En efecto, el gobierno de José Raúl Mulino Quintero firmó el “Memorando de Entendimiento Hegseth-Ábrego” del 9 de abril de 2025 y la “Declaración Conjunta Hegseth-Vásquez” del 8 de abril de 2025.
Mediante el primer acuerdo se le permite al ejército de Estados Unidos establecer tres bases militares en las riberas del Canal, “rebautizadas” por los estadounidenses con los antiguos nombres que existían en la antigua “Zona del Canal”: Howard, Rodman y Sherman.
En el segundo convenio, el gobierno de Panamá asume el pago del peaje de los barcos de guerra estadounidenses que, desde el año pasado, transitan de forma gratuita por el Canal de Panamá.
Pero allí no queda la transgresión de la Constitución y de la ley por parte del gobernante panameño. Más recientemente, estampó la firma del tratado militar multilateral, sin absoluta información al país, con el eufemismo de “Declaración Conjunta de Seguridad”, en el marco de la conferencia de mandatarios denominada “América contra los Carteles”, celebrada en la sede del Comando Sur, en Doral, Florida, el 5 de marzo de 2026.
En conclusión, el presidente de la República ha violado, al menos, todas las normas constitucionales y legales precitadas, por lo que se convierte en sujeto de persecución del delito genérico contra la personalidad jurídica del Estado.
¡Así de sencilla es la cosa!
El autor es abogado y analista político.
