He escuchado algunas declaraciones de líderes empresariales en torno a la Ley 462, recién aprobada en la Asamblea con 48 votos a favor, y que ha dado origen a jornadas de protestas en todo el país.
De acuerdo con los voceros de Apede y la Cámara de Comercio, la democracia se basa en los votos: unos ganan y otros pierden, como si se tratara de un juego de Monopolio. Según ese silogismo, si 48 diputados votaron a favor de la ley y constituyen mayoría, entonces la ley fue escogida democráticamente.
Pero deberían saber un poco más de historia de la democracia y darse cuenta de que el sistema nació en Grecia, donde también se establecía que si un gobernante actuaba en contra del sentir popular podía ser destituido. Eso me parece justo en cualquier sistema democrático, ya que las mayorías también pueden equivocarse y, por tanto, rectificar.
Los representantes de la empresa privada y los bancos deben entender que la democracia no está hecha solo para el beneficio de un reducido grupo, y que nuestra sociedad está compuesta por diversos sectores con intereses legítimos.
La democracia panameña, desde la invasión de Estados Unidos, se sostiene en tres patas que restan estabilidad al sistema. Esto se debe a que los partidos políticos que llevan a los gobernantes al poder responden a agendas particulares que no representan al resto de la población.
Les recuerdo a los voceros empresariales que, para que haya estabilidad, las leyes deben beneficiar a todos los sectores y no solo a unos pocos. También les recuerdo que, en muchos países de América Latina, ganar con un 34% —como fue el caso de Laurentino Cortizo y José Raúl Mulino— no representa legitimidad. Por eso, se ha consensuado la necesidad de una segunda vuelta electoral, para que los dos candidatos más votados puedan representar, en efecto, el sentir democrático de la mayoría, y no solo de una fracción minoritaria.
Si la Ley 462 ha sido rechazada por muchos sectores sociales, incluidos profesionales como médicos, enfermeras y docentes, es porque hay un descontento generalizado, no solo por su contenido, sino por la forma manipulada en que fue aprobada.
Primero, se utilizó el recurso de las “consultas” para aparentar una cobertura amplia de opiniones. Luego se impuso la propuesta del Ejecutivo, que —según lo ha dicho el propio presidente Mulino— representa a los empresarios. Para darle legitimidad, se llevó a la Asamblea, donde el proyecto no fue aprobado con un 70% de los votos, sino por menos.
Lo mismo ocurrió con la propuesta minera: muchos diputados que votaron en contra del sentir ciudadano terminaron “pidiendo perdón” por el error cometido. Como era de esperarse, muchos de ellos recibieron un voto castigo y no fueron reelectos. Lo mismo podría ocurrir con quienes aprobaron la reforma al seguro social impulsada por el Ejecutivo.
Sería ingenuo pensar que la sociedad panameña no ha madurado lo suficiente como para distinguir entre verdaderos representantes y quienes actúan en componendas para fines particulares.
Sigue siendo un error del Ejecutivo —y de sus aliados empresariales— usar epítetos descalificadores contra todos los que se oponen a sus intereses, que no son necesariamente los de la mayoría del pueblo panameño, como ya ha quedado demostrado en coyunturas pasadas.
Si se sigue invocando el concepto de democracia con oportunismo, como algunos lo están haciendo, no se sembrará más que la semilla del descontento, la frustración y el resentimiento. Y eso, más temprano que tarde, nos puede conducir a oscuros retrocesos.
El autor es sociólogo y docente.
